DDHH
Alarmas en la CIDH: denuncian 226 ataques del Gobierno de Milei a la prensa
Amnistía alertó sobre discursos estigmatizantes y violencia digital.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia especial para examinar lo que definió como un “deterioro sostenido y alarmante” de la libertad de expresión en Argentina, con foco en los ataques contra la prensa y en discursos estigmatizantes provenientes del propio Gobierno nacional. La sesión se realizará este miércoles a las 18:15 en la Universidad de Miami, en el marco del 194° período de sesiones del organismo.
Las organizaciones que expondrán ante la comisión
En la audiencia participarán representantes de Amnistía Internacional, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). También brindarán testimonios individuales el fotógrafo Tomás Cuesta y los periodistas Julia Mengolini y Hugo Alconada Mon, quienes relatarán sus experiencias de amenazas, hostigamiento y difusión de datos personales.
Alconada Mon adelantó a este medio que su intervención será “muy breve”. Recordó que su caso se originó “tras revelar la existencia del Plan de Inteligencia Nacional, el 25 de mayo”, y señaló que ese esquema “entreabre la puerta para desarrollar tareas de inteligencia ilegal sobre opositores, periodistas y movimientos sociales”. Según describió, sufrió “intentos de hackeo” de sus cuentas, “registros en cuentas pornográficas” y “mensajes amenazantes” enviados desde cuatro números distintos.
Un escenario de agravamiento medido por FOPEA
Los datos aportados por FOPEA en su Informe Anual 2024 muestran un incremento significativo de agresiones contra periodistas. El monitoreo registró 179 casos en 2024, un aumento del 53% respecto de 2023 y del 103% en comparación con 2022. Hasta fines de septiembre, el organismo contabilizó 226 ataques, de los cuales 111 —casi la mitad— provinieron del presidente Javier Milei, según el informe.
Las organizaciones sostienen que el deterioro se verifica en distintos ámbitos: redes sociales, con insultos y difusión de información privada; el sistema judicial, mediante denuncias o medidas que impiden publicar datos y actúan como censura previa; y la vía pública, con casos de violencia policial durante manifestaciones. Uno de los episodios más graves fue el de Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno.

Los ejes de la presentación ante la CIDH
Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional, confirmó que el primer punto de la presentación se centrará en “la deslegitimación absoluta del periodismo a través del discurso oficial”, y en “los ataques, discursos violentos y estigmatizantes dirigidos a periodistas y medios de comunicación en general”.
García Rey destacó que uno de los focos estará puesto en la violencia digital dirigida a mujeres periodistas. Señaló el caso de Julia Mengolini, quien fue blanco de campañas de desinformación en redes alimentadas mediante contenidos falsos generados con inteligencia artificial, lo que derivó en un “aluvión de violencia” en su contra.
Otros ejes incluirán la “judicialización abusiva” de periodistas, por medio de demandas estratégicas que buscan limitar su participación pública, y el “ataque indiscriminado” contra reporteros y fotógrafos durante protestas. “Hemos visto a trabajadores de prensa identificados con heridas de balas de goma, incluso lesiones oculares”, recordó.
Qué puede hacer la CIDH
Las organizaciones esperan que la audiencia permita fortalecer el monitoreo del organismo sobre la situación argentina. García Rey sostuvo que uno de los caminos posibles sería una visita de la CIDH al país con el relator especial y la relatoría de libertad de expresión, además de la elaboración de un informe que brinde un diagnóstico actualizado y establezca un diálogo con el Gobierno nacional.
“La mirada de la Comisión y de la comunidad internacional pueden ayudar mucho”, indicó. Subrayó que el objetivo es garantizar que “las personas puedan ejercer su derecho a manifestarse sin temor a ser reprimidas de manera violenta” y que los periodistas puedan informar sobre derechos humanos “sin temor a ser censurados y atacados”.
DDHH
Gatillo Fácil en CABA: a 4 años del asesinato de Lucas González, su familia sigue destruida pero logró justicia
A cuatro años del asesinato de Lucas, su padre, Héctor González, relata como siguen sus vidas. Tres policías fueron condenados a perpetua por el crimen, pero el dolor se mantiene ininterrumpido.
★ Se cumplieron cuatro años del brutal asesinato de Lucas González, el joven de 17 años víctima de gatillo fácil a manos de efectivos de la Policía de la Ciudad. El 17 de noviembre de 2021, Lucas fue asesinado de dos disparos tras salir de entrenar con amigos en el Club Barracas Central. Por el hecho, tres policías de la fuerza porteña fueron condenados a prisión perpetua, mientras que otros cuatro recibieron condenas por encubrimiento y privación ilegítima de la libertad.
El dolor ininterrumpido de una familia
Héctor, el padre de Lucas, manifestó el profundo dolor que persiste a cuatro años del crimen. «Son cuatro años y parece que fue ayer, pero la verdad que no encontramos la vuelta para seguir, ni tampoco un alivio en el corazón», expresó Héctor, quien además señaló que todavía no asimila la ausencia de su hijo. La familia atraviesa un proceso de duelo que, según sus palabras, «es ahora», refutando la idea de que «el tiempo cura todo».
El padre del adolescente relató las dificultades personales que enfrentó tras la tragedia, incluida la renuncia a su empleo anterior para dedicarse al cuidado de su familia. Recientemente, Héctor comenzó a trabajar como chofer en la Municipalidad de Florencio Varela, un esfuerzo por «salir adelante, de estar bien, de levantarme con ganas, con fuerza, para apuntalar a mi familia, pero se complica a veces», afirmó. Cynthia, la madre de Lucas, continúa bajo tratamiento psiquiátrico debido al impacto del suceso, y es «apuntalada» por toda la familia.
Héctor enfatizó que el recuerdo de su hijo «sigue latente» y que, a pesar del dolor «tremendo», el núcleo familiar se mantiene unido. «Sé que nos protege y nos cuida desde donde está. Estamos orgullosos como padres por la lucha y por haber llegado hasta donde muy pocos lograron hacerlo, que es a la justicia. Por lo menos no fue en vano el largo camino que recorrimos», concluyó.
La reconstrucción de un crimen de Estado
El asesinato del joven ocurrió a fines de 2021. Lucas y sus tres amigos salieron del predio del club Barracas Central luego de entrenar. Los cuatro adolescentes se subieron a un Volkswagen Suran, conducido por Julián Salas, con Lucas como acompañante y Joaquín Zúniga y Niven Huanca en la parte trasera.
Según lo expuesto en el juicio y replicado por el Ministerio Público Fiscal, al llegar a la intersección de las calles Luna y Avenida Iriarte, el vehículo se detuvo y Lucas descendió para comprar un jugo. Al retomar el viaje, fueron interceptados por un automóvil Nissan sin identificación policial ni patente trasera. De este vehículo descendieron tres hombres que les apuntaron. Los jóvenes, al creer que se trataba de un robo, intentaron evadir la situación.
En ese momento, los tres integrantes de la brigada policial dispararon contra el auto. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, quien falleció al día siguiente en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela. Sus amigos resultaron detenidos en el lugar.
Condenas por homicidio agravado y encubrimiento
En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº25 condenó a prisión perpetua a los policías Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isassi. Los hallaron coautores de “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido por arma de fuego, por alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haber abusado de su función por ser integrante de fuerza de seguridad”.
Adicionalmente, el Tribunal los consideró responsables por la “tentativa de homicidio cometida contra los tres amigos de Lucas”; por la “privación ilegítima de la libertad agravada por haberse dado con abuso de funciones o sin formalidades prescritas por ley” y por el delito de “falsedad ideológica”.
Otros efectivos policiales también fueron condenados. Roberto Orlando Inca, Fabián Alberto Du Santos, Rodolfo Alejandro Ozán y Héctor Claudio Cuevas continúan presos por encubrimiento agravado y privación ilegítima de la libertad. Dos agentes más, que inicialmente habían sido condenados, fueron absueltos tras una revisión de sus casos.
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