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Gatillo Fácil en CABA: a 4 años del asesinato de Lucas González, su familia sigue destruida pero logró justicia

A cuatro años del asesinato de Lucas, su padre, Héctor González, relata como siguen sus vidas. Tres policías fueron condenados a perpetua por el crimen, pero el dolor se mantiene ininterrumpido.

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Se cumplen 4 años del crimen de Lucas González: el dolor familiar persiste mientras policías cumplen condena.

★ Se cumplieron cuatro años del brutal asesinato de Lucas González, el joven de 17 años víctima de gatillo fácil a manos de efectivos de la Policía de la Ciudad. El 17 de noviembre de 2021, Lucas fue asesinado de dos disparos tras salir de entrenar con amigos en el Club Barracas Central. Por el hecho, tres policías de la fuerza porteña fueron condenados a prisión perpetua, mientras que otros cuatro recibieron condenas por encubrimiento y privación ilegítima de la libertad.

El dolor ininterrumpido de una familia

Héctor, el padre de Lucas, manifestó el profundo dolor que persiste a cuatro años del crimen. «Son cuatro años y parece que fue ayer, pero la verdad que no encontramos la vuelta para seguir, ni tampoco un alivio en el corazón», expresó Héctor, quien además señaló que todavía no asimila la ausencia de su hijo. La familia atraviesa un proceso de duelo que, según sus palabras, «es ahora», refutando la idea de que «el tiempo cura todo».

El padre del adolescente relató las dificultades personales que enfrentó tras la tragedia, incluida la renuncia a su empleo anterior para dedicarse al cuidado de su familia. Recientemente, Héctor comenzó a trabajar como chofer en la Municipalidad de Florencio Varela, un esfuerzo por «salir adelante, de estar bien, de levantarme con ganas, con fuerza, para apuntalar a mi familia, pero se complica a veces», afirmó. Cynthia, la madre de Lucas, continúa bajo tratamiento psiquiátrico debido al impacto del suceso, y es «apuntalada» por toda la familia.

Héctor enfatizó que el recuerdo de su hijo «sigue latente» y que, a pesar del dolor «tremendo», el núcleo familiar se mantiene unido. «Sé que nos protege y nos cuida desde donde está. Estamos orgullosos como padres por la lucha y por haber llegado hasta donde muy pocos lograron hacerlo, que es a la justicia. Por lo menos no fue en vano el largo camino que recorrimos», concluyó.

La reconstrucción de un crimen de Estado

El asesinato del joven ocurrió a fines de 2021. Lucas y sus tres amigos salieron del predio del club Barracas Central luego de entrenar. Los cuatro adolescentes se subieron a un Volkswagen Suran, conducido por Julián Salas, con Lucas como acompañante y Joaquín Zúniga y Niven Huanca en la parte trasera.

Según lo expuesto en el juicio y replicado por el Ministerio Público Fiscal, al llegar a la intersección de las calles Luna y Avenida Iriarte, el vehículo se detuvo y Lucas descendió para comprar un jugo. Al retomar el viaje, fueron interceptados por un automóvil Nissan sin identificación policial ni patente trasera. De este vehículo descendieron tres hombres que les apuntaron. Los jóvenes, al creer que se trataba de un robo, intentaron evadir la situación.

En ese momento, los tres integrantes de la brigada policial dispararon contra el auto. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, quien falleció al día siguiente en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela. Sus amigos resultaron detenidos en el lugar.

Condenas por homicidio agravado y encubrimiento

En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº25 condenó a prisión perpetua a los policías Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isassi. Los hallaron coautores de “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido por arma de fuego, por alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haber abusado de su función por ser integrante de fuerza de seguridad”.

Adicionalmente, el Tribunal los consideró responsables por la “tentativa de homicidio cometida contra los tres amigos de Lucas”; por la “privación ilegítima de la libertad agravada por haberse dado con abuso de funciones o sin formalidades prescritas por ley” y por el delito de “falsedad ideológica”.

Otros efectivos policiales también fueron condenados. Roberto Orlando Inca, Fabián Alberto Du Santos, Rodolfo Alejandro Ozán y Héctor Claudio Cuevas continúan presos por encubrimiento agravado y privación ilegítima de la libertad. Dos agentes más, que inicialmente habían sido condenados, fueron absueltos tras una revisión de sus casos.

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Estado ausente, justicia lenta y un proyecto que criminaliza a las víctimas: el saldo de la violencia de género en 2026

El Observatorio Adriana Zambrano de La Casa del Encuentro registró 123 femicidios, 5 transfemicidios y 14 femicidios vinculados en los primeros siete meses del año. 155 hijos e hijas quedaron sin madre. El Estado libertario desmantela las políticas de género mientras el Senado avanza en un proyecto que busca criminalizar a las víctimas que denuncian.

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142 víctimas de violencia de género en siete meses: el informe del Observatorio Adriana Zambrano.

¡Alerta! Mientras lees esta nota, puede estar ocurriendo un femicidio en la Argentina

Cada dato del informe mensual del Observatorio Adriana Zambrano, que dirige La Casa del Encuentro, es una vida arrebatada, un hogar destruido, una infancia marcada para siempre. En siete meses de 2026, la Argentina registró 142 víctimas fatales de violencia de género: 123 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 5 transfemicidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Se registraron además 300 intentos de femicidio que continúan bajo seguimiento.

El mapa de la violencia: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, las provincias más afectadas

Los casos se distribuyeron en todo el territorio nacional, aunque las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba concentraron la mayor cantidad de femicidios. El perfil de los crímenes refleja una realidad que la estadística no alcanza a nombrar del todo: el 69% de las víctimas directas fue asesinada en su propio hogar, el espacio que debería ser el más seguro. El 55% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. Y 155 hijos e hijas quedaron sin madre, el 72% de ellos menores de edad.

Entre los datos más alarmantes del informe figura que 9 femicidas tenían dictada una medida cautelar al momento del crimen, lo que revela la brecha insalvable entre la respuesta judicial y la protección real de las víctimas. Otros 6 agresores pertenecían o habían pertenecido a alguna fuerza de seguridad, y 21 se suicidaron tras cometer el crimen.

El 17% tenía denuncia previa: la justicia que no llega a tiempo

El dato más contundente sobre la falla sistémica es que el 17% de las mujeres agredidas ya había realizado una denuncia previa. Ese número no habla de mujeres que no pidieron ayuda; habla de un Estado y una Justicia que no respondieron a tiempo. «Analizar todas las variables que surgen entre los femicidios y los intentos nos demuestra la realidad que viven cientos de mujeres en todo el país: la falta de acceso a la justicia», señaló La Casa del Encuentro en su informe.

De las 142 víctimas, 17 habían realizado denuncias formales, 11 fueron asesinadas en contextos de narcocriminalidad, 10 tenían indicios de abuso sexual previo, 5 eran migrantes, 3 estaban embarazadas y 1 era víctima en situación de presunción de trata o trabajo sexual. También se registró 1 víctima perteneciente a pueblos originarios.

El Mundial tapó los femicidios: la comunicación que falló

La Casa del Encuentro incorporó en su análisis mensual una observación de peso político: durante el período en que se disputó el Mundial de fútbol 2026, los medios de comunicación prácticamente no prestaron atención a los casos de violencia de género. «Al notar que hoy estos casos vuelven a visibilizarse, reafirmamos que la comunicación debe ser permanente», expresó la organización, y advirtió que «los eventos de alcance masivo representan una oportunidad única para difundir campañas de prevención dirigidas a mujeres, niñeces y diversidades, un compromiso con los Derechos Humanos que el Estado debería garantizar firmemente».

La organización fue más directa sobre la responsabilidad del gobierno nacional: «Lamentablemente, esto no sucede en un contexto donde el propio Estado niega la existencia de la violencia de género en nuestro país.» La afirmación no es retórica: el gobierno de Javier Milei eliminó el Ministerio de Mujeres, desfinanció la Línea 144 y dejó sin partida presupuestaria al Programa Acompañar, con recortes que superaron el 89% respecto de 2023 en políticas de género.

El proyecto Losada: criminalizar la denuncia para proteger al agresor

En paralelo al informe de femicidios, la senadora Carolina Losada, de La Libertad Avanza, impulsa en el Congreso un proyecto de ley sobre «falsas denuncias» que La Casa del Encuentro calificó de regresivo y peligroso. «Esta iniciativa está avalada por sectores vinculados a varones violentos y lobbies jurídicos que lucran con la temática sin ninguna evidencia empírica», afirmó la organización.

El efecto práctico del proyecto, según el análisis de la organización, sería inmediato y devastador: una víctima que dude en denunciar se preguntará «¿y si no me creen?» o «¿y si me denuncian a mí?», y optará por el silencio. El mismo silencio que, como demuestran los datos, puede costarle la vida. La Casa del Encuentro reclamó una legislatura que «comprenda la urgencia y se ocupe de que las leyes que ya existen se cumplan», y recordó que «la violencia de género es un tema de Derechos Humanos y no de inseguridad».

142 víctimas en siete meses equivale a una mujer asesinada aproximadamente cada día y medio. Eso significa que mientras esta nota se redacta, mientras el lector la lee, mientras el algoritmo la distribuye, el riesgo no se detiene. No es una metáfora: es la consecuencia directa de un Estado que recorta la Línea 144, de una Justicia que entrega medidas cautelares que el agresor ignora, y de una dirigencia que prefiere hablar de «falsas denuncias» antes que de los 300 intentos de femicidio que este año no terminaron en muerte, pero pudieron haberlo hecho.

No son solo datos. Detrás de cada víctima hay cientos de víctimas colaterales. Las palabras de La Casa del Encuentro funcionan como síntesis y como denuncia: el problema no es la ausencia de leyes, sino la ausencia de voluntad política para aplicarlas.

Puntos clave

  • El Observatorio Adriana Zambrano registró 142 víctimas fatales de violencia de género en siete meses de 2026, incluyendo 123 femicidios, 5 transfemicidios y 14 femicidios vinculados.
  • 155 hijos e hijas quedaron sin madre; el 72% son menores de edad.
  • El 17% de las víctimas tenía denuncia previa, y 9 femicidas contaban con medida cautelar vigente al momento del crimen.
  • Durante el Mundial de fútbol 2026, los medios de comunicación prácticamente no cubrieron los casos de violencia de género, según La Casa del Encuentro.
  • La senadora Carolina Losada (LLA) impulsa un proyecto de «falsas denuncias» que, según organizaciones especializadas, desincentivará las denuncias y profundizará la impunidad.

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