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Gatillo Fácil en CABA: a 4 años del asesinato de Lucas González, su familia sigue destruida pero logró justicia
A cuatro años del asesinato de Lucas, su padre, Héctor González, relata como siguen sus vidas. Tres policías fueron condenados a perpetua por el crimen, pero el dolor se mantiene ininterrumpido.
★ Se cumplieron cuatro años del brutal asesinato de Lucas González, el joven de 17 años víctima de gatillo fácil a manos de efectivos de la Policía de la Ciudad. El 17 de noviembre de 2021, Lucas fue asesinado de dos disparos tras salir de entrenar con amigos en el Club Barracas Central. Por el hecho, tres policías de la fuerza porteña fueron condenados a prisión perpetua, mientras que otros cuatro recibieron condenas por encubrimiento y privación ilegítima de la libertad.
El dolor ininterrumpido de una familia
Héctor, el padre de Lucas, manifestó el profundo dolor que persiste a cuatro años del crimen. «Son cuatro años y parece que fue ayer, pero la verdad que no encontramos la vuelta para seguir, ni tampoco un alivio en el corazón», expresó Héctor, quien además señaló que todavía no asimila la ausencia de su hijo. La familia atraviesa un proceso de duelo que, según sus palabras, «es ahora», refutando la idea de que «el tiempo cura todo».
El padre del adolescente relató las dificultades personales que enfrentó tras la tragedia, incluida la renuncia a su empleo anterior para dedicarse al cuidado de su familia. Recientemente, Héctor comenzó a trabajar como chofer en la Municipalidad de Florencio Varela, un esfuerzo por «salir adelante, de estar bien, de levantarme con ganas, con fuerza, para apuntalar a mi familia, pero se complica a veces», afirmó. Cynthia, la madre de Lucas, continúa bajo tratamiento psiquiátrico debido al impacto del suceso, y es «apuntalada» por toda la familia.
Héctor enfatizó que el recuerdo de su hijo «sigue latente» y que, a pesar del dolor «tremendo», el núcleo familiar se mantiene unido. «Sé que nos protege y nos cuida desde donde está. Estamos orgullosos como padres por la lucha y por haber llegado hasta donde muy pocos lograron hacerlo, que es a la justicia. Por lo menos no fue en vano el largo camino que recorrimos», concluyó.
La reconstrucción de un crimen de Estado
El asesinato del joven ocurrió a fines de 2021. Lucas y sus tres amigos salieron del predio del club Barracas Central luego de entrenar. Los cuatro adolescentes se subieron a un Volkswagen Suran, conducido por Julián Salas, con Lucas como acompañante y Joaquín Zúniga y Niven Huanca en la parte trasera.
Según lo expuesto en el juicio y replicado por el Ministerio Público Fiscal, al llegar a la intersección de las calles Luna y Avenida Iriarte, el vehículo se detuvo y Lucas descendió para comprar un jugo. Al retomar el viaje, fueron interceptados por un automóvil Nissan sin identificación policial ni patente trasera. De este vehículo descendieron tres hombres que les apuntaron. Los jóvenes, al creer que se trataba de un robo, intentaron evadir la situación.
En ese momento, los tres integrantes de la brigada policial dispararon contra el auto. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, quien falleció al día siguiente en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela. Sus amigos resultaron detenidos en el lugar.
Condenas por homicidio agravado y encubrimiento
En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº25 condenó a prisión perpetua a los policías Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isassi. Los hallaron coautores de “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido por arma de fuego, por alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haber abusado de su función por ser integrante de fuerza de seguridad”.
Adicionalmente, el Tribunal los consideró responsables por la “tentativa de homicidio cometida contra los tres amigos de Lucas”; por la “privación ilegítima de la libertad agravada por haberse dado con abuso de funciones o sin formalidades prescritas por ley” y por el delito de “falsedad ideológica”.
Otros efectivos policiales también fueron condenados. Roberto Orlando Inca, Fabián Alberto Du Santos, Rodolfo Alejandro Ozán y Héctor Claudio Cuevas continúan presos por encubrimiento agravado y privación ilegítima de la libertad. Dos agentes más, que inicialmente habían sido condenados, fueron absueltos tras una revisión de sus casos.
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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
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