La subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires pidió hoy que se impute a los represores que son juzgados por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar por más de 50 niños y niñas que fueron encerrados en sus casas o abandonados en ellas tras el secuestro de sus padres por parte de grupos de tareas militares.

«Se trata de niños y niñas que sufrieron la privación ilegal de su libertad durante el tiempo de desarrollo del operativo, cuyas propias casas fueron usadas como espacios para aplicar torturas físicas y psicológicas, y que en muchos casos quedaban solos en esas casas tras llevarse a sus padres, o eran entregados a vecinos», detalló la abogada Verónica Bogliano, de la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.

Afirmó que «ellos y ellas esperan justicia, vinieron a este juicio a declarar por sus padres ignorando y no reconociéndose ellos mismos como víctimas» y sostuvo que «cada uno de ellos fueron víctimas de delitos en la última dictadura militar por lo que solicitamos al Tribunal que haga lugar a esta ampliación».

Remarcó que hasta el momento «sólo se consideraba como víctimas de prácticas represivas a sus padres y madres pero pedimos se reconozca como víctimas de esas prácticas represivas a esos hijos e hijas y demás personas que estaban presentes al momento de los operativos de secuestros».

Así lo planteó la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires al declarar en el juicio denominado «Brigadas», por los excentros que funcionaron en la Brigada de Quilmes, la de Banfield, la de Lanús y la de San Justo durante la última dictadura militar, debate a cargo del TOF 1 de La Plata, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico.

Durante la audiencia de hoy, las abogadas Luisina Gallo y Bogliano expresaron su adhesión al pedido de ampliación de las imputaciones para 12 de los 15 represores que plantearan hace 15 días la Unidad Fiscal Federal de causas de Lesa Humanidad de La Plata y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo.

La unidad fiscal pidió se imputen a 12 represores los casos de violencia sexual sobre 16 víctimas, 13 mujeres y 3 hombres, y varios homicidios que surgieron en el marco de este debate.

Entre los casos de violencia sexualizada se incluyeron los padecidos por María Clara Ciocchini y Claudia Falcone, secuestradas y desaparecidas en el episodio conocido como La Noche de los Lápices.

Gallo detalló la adhesión a la fiscalía y también pidió se incorpore la apropiación del hijo de Cristina Navajas, que recuperó recientemente su identidad y se convirtió en el nieto recuperado 133.

«Todos los delitos deben ser investigados y condenados. Aquí en el debate se conocieron en profundidad casos que no integraron la elevación a juicio y que deben ser investigados y juzgados aún cuando las víctimas no se crean víctimas porque creen que otros padecieron más que ellos», aseguró Bogliano.

Graficó que esos niños y niñas, hijos e hijas de los hombres y mujeres que eran secuestrados, tuvieron que ver a sus padres golpeados, vendados, maniatados y sacados a rastras de sus casas, que muchas veces eran desvalijadas, mientras que ellos «no podían irse, ni pedir ayuda, estaban privados de su libertad, eran encerrados en las piezas, y muchas veces quedaban solos, con lo que sufrían abandono de persona».

«Estos hechos produjeron afectaciones que perduran en el tiempo», afirmó y consideró que «el dejarlos solos tras el secuestro de sus padres los colocaba en una situación de desamparo».

Gallo y Bogliano detallaron unos 48 casos cuya incorporación requieren al Tribunal para que se impute a los represores los delitos de privación ilegal de la libertad, con el agravante de haber sido cometidos por funcionario público, y agravados por el uso de amenazas y violencia, en concurso real con allanamiento ilegal, abandono de persona y en algunos casos, lesiones infligidas a esos menores cuando pretendían aferrarse a sus padres para que no se los llevaran.

Entre esos casos está, por ejemplo el de Santiago Laborde, cuya madre Adriana Calvo, fue secuestrada en febrero de 1977 y tras sacar a ambos de la casa, una vecina vio a Santiago de 2 años y se lo arrebató a los militares para que no lo llevaran secuestrado junto a su madre; y el de Gabriel y Pablo Campagnoni que tenían 9 y 1 año, respectivamente, al momento del secuestro de sus padres, el 27 de marzo de 1977 en Zárate. El mayor recibió un culatazo al llorar y ambos quedaron solos en la casa hasta que los vecinos los auxiliaron.

También pidieron se les impute el caso de Martín Marciano, que tras el secuestro de sus padres el 29 de marzo de 1976 quedó en la casa con los secuestradores; y el de Virginia Ogando, abandonada en su cuna, con apenas 3 años, luego de llevarse a su madre embarazada.

Para la subsecretaría, estos 48 casos que incluyen a más de 50 niños, deben ser juzgados por este Tribunal que de esa manera reconocería que fueron víctimas de la dictadura militar.

El abogado Pedro Griffo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también adhirió al pedido de ampliación realizado hace 15 días por la fiscalía.

Antes del inicio de la audiencia, uno de los imputados, Jorge Di Pasquale, pidió la palabra para pedir la recusación de la auxiliar fiscal Ana Oberlin.

«Considero que la fiscal no puede ser objetiva, independiente y menos aun parcial debido a su situación: fue hija de un oficial montonero de la columna sur, que terminó ingiriendo cianuro en Burzaco; tiene dos tíos desaparecidos y dos tíos exiliados», detalló.

El presidente del TOF 1, Ricardo Basílico, interrumpió al imputado para plantearle que la vía correcta era la presentación escrita de ese pedido.

Fuentes judiciales explicaron que los antecedentes familiares que argumentó el represor no son causal de recusación.

El TOF 1 juzga al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda, Luis Horacio Castillo y Jorge Di Pasquale.

También juzga a Guillermo Domínguez Matheu; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío, Alberto Condiotti y Juan Miguel Wolk.