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Comenzó en Bahía Blanca el juicio de la «Mega Causa Zona V» por delitos de lesa humanidad

Fuentes judiciales informaron que «en el marco de la causa se encuentran imputadas 38 personas en perjuicio de 334 víctimas y que en el marco de las audiencias se estima la declaración de 220 testigos».

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Las audiencias del juicio de la denominada Mega Causa Zona V comenzaron hoy en el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, el cual analizará los delitos de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebés y abusos sexuales perpetrados en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico militar, en el proceso de lesa humanidad más grande de la historia judicial bonaerense.

Fuentes judiciales informaron que «en el marco de la causa se encuentran imputadas 38 personas en perjuicio de 334 víctimas y que en el marco de las audiencias se estima la declaración de 220 testigos».

El Tribunal integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido comenzó pasadas las 10 con el inicio de las audiencias en la sala ubicada en Chiclana y Lavalle, en el centro de la ciudad.

Se trata del debate de la causa caratulada «Ayala, Felipe y otros» sobre la privación ilegal de la libertad personal, homicidio agravado por el concurso de dos o más personas y asociación ilícita».

La primera audiencia de este proceso oral y público es emitida por Zoom y por el sistema de videoconferencia del Poder Judicial de la Nación.

Al comienzo de la audiencia el presidente del Tribunal, Ernesto Sebastián, dijo que «en cuanto a la difusión y la publicidad, el principio (del juicio) es libre como lo marca el código de procedimiento, acá no hay nada en lo que los magistrados ignoren, específicamente de aquellos actos que son relevantes para la consecución del debate».

En la sala de audiencias se hallaban presentes los integrantes del Ministerio Público Fiscal Miguel Ángel Palazzani, el acusador ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar Pablo Vicente Fermento.

«Comenzamos el octavo juicio por delitos de lesa humanidad en jurisdicción de Bahía Blanca y la región siempre con la sensación de la enorme responsabilidad de transitar un acontecimiento que entendemos totalizante en términos históricos», señaló Palazzani en el inicio de su alocución.

Y en ese sentido, agrego: «El camino que nos trajo hasta acá, como sabemos, complejo y arduo. Porque se transitaron décadas de impunidad y los sobrevivientes, víctimas, familiares y organismos de derechos humanos lo impulsaron, motorizaron, transitaron e hicieron posible insistiendo en reclamar Memoria, Verdad y Justicia».

En ese contexto dijo también que «incluso cuando casi todos los funcionarios judiciales no estuvieron a la altura de sus responsabilidades históricas».

«Todos los juicios son importantes, todos los que hemos atravesado debates de esta magnitud son todos únicos», expresó al indicar que en este caso «lo que señala es una cantidad de víctimas, hechos, imputados que lo señala, lo marca como el más importante en Bahía Blanca, la región, en la provincia de Buenos Aires y uno de los más importantes del país».

«Hemos unificado siete requerimientos luego de siete juicios y podemos decir que estamos en una especie de síntesis histórica del genocidio en la región», afirmó.

El fiscal agregó que «en lo que hace a la acción penal esta fiscalía ha tenido la responsabilidad de impulsar y sostener durante un extenso período de investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca, en Neuquén y en Río Negro».

Según indicaron las fuentes de los 52 imputados iniciales, 12 murieron y dos fueron declarados incapaces.

La mayoría de ellos integraban el V Cuerpo de Ejército, cuya jurisdicción abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y estaba compuesto, entre otros, por el Destacamento de Inteligencia 181, el Batallón de Comunicaciones 181, la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén y el Centro Clandestino de Detención y Tortura “La Escuelita” ubicado en Bahía Blanca.

Además, se juzgarán a dos oficiales de la Policía Federal de Viedma, a un miembro de la Policía bonaerense y al director de la Unidad Penitenciaria Número 4 de Bahía Blanca, como así también las responsabilidades de un médico y un enfermero del Ejército.

También se encontraba en el inicio del debate la abogada Mónica Fernández Avello, en representación de las querellas de HIJOS Bahía Blanca y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y la letrada Verónica Bogliano, como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Además asistieron el defensor oficial Gustavo Rodríguez y otros representantes que asisten a imputados en este proceso de lesa humanidad.

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20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.

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Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.

Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.

El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.

La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.

La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora

Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.

A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.

La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital

En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.

Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»

La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.

El gobierno que desfinancia y deroga

El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.

En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.

El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.

La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias

Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.

Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI

  • La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
  • Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
  • La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
  • El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
  • El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.

Foto: Redes @LLUVIADIBUJA

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