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Fentanilo contaminado: García Furfaro ante el juez por la masacre silenciosa

El dueño de HLB Pharma vuelve a ser indagado este jueves en la causa que investiga más de cien muertes por el uso de opioides adulterados. Mientras el empresario dice estar ‘bien’ desde su celda en Marcos Paz, la Justicia avanza sobre la cadena de responsabilidades de un laboratorio que operó con fallas críticas.

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Ariel García Furfaro, el polémico empresario detrás de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., enfrentará este jueves a partir de las 11:00 su segunda indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak. Detenido en el complejo penitenciario de Marcos Paz, el responsable de la distribución del fentanilo contaminado que provocó una cifra de muertes sin precedentes en la historia sanitaria argentina, asegura encontrarse «bien» mientras la justicia desentraña una trama de negligencia y fallas de control sistémicas.

La causa, que investiga el fallecimiento de al menos 96 personas (aunque organizaciones de familiares elevan la cifra por encima de las 120 víctimas), dio un giro determinante tras el hallazgo de cepas bacterianas resistentes en el lote 31202 fabricado en diciembre de 2024. Según los peritajes judiciales, el opioide adulterado contenía *Klebsiella pneumoniae* y *Ralstonia pickettii*, lo que transformó un insumo médico crítico en un arma letal distribuida en hospitales de todo el país.

La cadena de responsabilidades en HLB Pharma

Además de García Furfaro, el magistrado ha citado a declarar a figuras clave de la estructura operativa de sus laboratorios. Entre los indagados de esta jornada se encuentran Carolina Ansaldi, directora técnica de Ramallo; Victoria García, gerente general; y Eduardo Darchuk, ex jefe de producción. La lupa de la fiscalía se posa sobre la absoluta falta de protocolos de esterilidad y el ingreso de agentes patógenos en el proceso de envasado, lo que sugiere una desidia que traspasa los límites de lo accidental.

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que las nuevas solicitudes del juez Kreplak buscan determinar el grado de conocimiento que la cúpula directiva tenía sobre las irregularidades denunciadas por la ANMAT ya en mayo de 2025. Mientras tanto, García Furfaro permanece alojado en un pabellón de Marcos Paz que, paradójicamente, triplica su capacidad operativa, un reflejo del sistema que hoy lo juzga por una masacre silenciosa que todavía espera justicia efectiva.

Puntos clave:

  • * Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, es indagado hoy por segunda vez por las muertes con fentanilo contaminado.
  • * La causa investiga la presencia de bacterias resistentes en lotes del opioide distribuidos a nivel nacional.
  • * Además del empresario, declaran directivos técnicos y jefes de producción de los laboratorios involucrados.
  • * El número de víctimas fatales vinculadas al medicamento adulterado oscila entre 96 y 124 personas.
  • * El acusado permanece detenido en la cárcel de Marcos Paz bajo la órbita del juez federal Ernesto Kreplak.

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Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.

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Sin habilitación, sin cuerdas y sin Estado: la cadena de negligencias que mató a María Eduarda.

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.

Más arrestos en una causa que suma imputados

La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.

El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.

Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva

Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.

Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.

La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación

La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.

María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.

Un negocio sin habilitación y sin controles

La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.

La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.

Puntos clave

  • La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
  • Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
  • La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
  • El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
  • La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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