Del 11 al 28 de noviembre se realizan en Ginebra las sesiones del Comité contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (CAT) de la ONU.

La Argentina quedó bajo la lupa entre el 11 y el 13, cuando el Comité evaluó el cumplimiento del Estado en materia de prevención y sanción de la tortura.

Durante esas jornadas, representantes del Gobierno intentaron minimizar ante la ONU las denuncias de organismos locales e internacionales. Sin embargo, las imágenes difundidas por Amnistía Internacional Argentina dejaron en evidencia una realidad que desmiente la narrativa oficial.

🔍 Evaluación internacional, represión local

Mientras la delegación argentina declaraba en Ginebra que el “protocolo antipiquetes” no vulnera derechos humanos, en Buenos Aires al menos cuatro personas —incluidos adultos mayores y trabajadores de prensa— resultaron heridas por gases químicos y golpes de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad.

Los hechos se produjeron durante la ya habitual marcha de jubilados de los miércoles en el Congreso, donde pensionados reclaman condiciones de vida digna. En esta oportunidad, Amnistía denunció el uso de:

camiones hidrantes, grupos de infantería de distintas fuerzas, dispositivos químicos lanzados contra personas mayores.

La organización señaló que el despliegue fue “desproporcionado” y que contradijo de manera flagrante lo que el Gobierno sostuvo ante la ONU.

🚨 Desmentida oficial vs. evidencia

Amnistía Internacional sostuvo que el Estado argentino negó ante el Comité las denuncias de tortura y malos tratos en territorio nacional. Pero, al mismo tiempo, la propia organización documentó cómo los jubilados que reclamaron por sus derechos fueron gaseados y golpeados.

El contraste entre el discurso y los hechos:

El Gobierno negó vulneraciones a los derechos humanos.

Amnistía informó heridos en la protesta.

Se registraron ataques a adultos mayores y periodistas.

La organización recordó además que las fuerzas de seguridad “están para proteger, no para reprimir”, y advirtió que el Estado tiene la obligación legal de garantizar el ejercicio del derecho a la protesta.

El CAT es un órgano de expertos independientes que supervisa el cumplimiento de la Convención contra la Tortura. Su rol consiste en:

🧷 ¿Qué evalúa el Comité contra la Tortura?

El organismo se ocupa de analizar los informes periódicos enviados por los Estados, interrogar a sus delegaciones oficiales, escuchar a organizaciones civiles, emitir recomendaciones para prevenir violaciones.

Su función resulta clave para garantizar que los países cumplan con los compromisos internacionales que asumieron en materia de derechos humanos.

📌 La Argentina de Milei bajo la lupa

La represión en el Congreso no sólo contradijo el discurso del Gobierno ante la ONU, sino que reforzó la preocupación de organismos de derechos humanos sobre el uso del “protocolo antipiquetes” y su impacto en la libertad de expresión y de protesta.

Las imágenes difundidas por Amnistía dejaron claro que, mientras la delegación oficial buscó mostrar un país sin abusos, la realidad en las calles relató otra historia: jubilados lastimados, trabajadores de prensa atacados y fuerzas federales desplegadas para sofocar reclamos legítimos.