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Represión

El Gobierno quedó expuesto ante el Comité contra la Tortura de la ONU

Amnistía Internacional denunció la represión a jubilados mientras la delegación oficial negó violaciones a los derechos humanos.

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Del 11 al 28 de noviembre se realizan en Ginebra las sesiones del Comité contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (CAT) de la ONU.

La Argentina quedó bajo la lupa entre el 11 y el 13, cuando el Comité evaluó el cumplimiento del Estado en materia de prevención y sanción de la tortura.

Durante esas jornadas, representantes del Gobierno intentaron minimizar ante la ONU las denuncias de organismos locales e internacionales. Sin embargo, las imágenes difundidas por Amnistía Internacional Argentina dejaron en evidencia una realidad que desmiente la narrativa oficial.

🔍 Evaluación internacional, represión local

Mientras la delegación argentina declaraba en Ginebra que el “protocolo antipiquetes” no vulnera derechos humanos, en Buenos Aires al menos cuatro personas —incluidos adultos mayores y trabajadores de prensa— resultaron heridas por gases químicos y golpes de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad.

Los hechos se produjeron durante la ya habitual marcha de jubilados de los miércoles en el Congreso, donde pensionados reclaman condiciones de vida digna. En esta oportunidad, Amnistía denunció el uso de:

camiones hidrantes, grupos de infantería de distintas fuerzas, dispositivos químicos lanzados contra personas mayores.

La organización señaló que el despliegue fue “desproporcionado” y que contradijo de manera flagrante lo que el Gobierno sostuvo ante la ONU.

🚨 Desmentida oficial vs. evidencia

Amnistía Internacional sostuvo que el Estado argentino negó ante el Comité las denuncias de tortura y malos tratos en territorio nacional. Pero, al mismo tiempo, la propia organización documentó cómo los jubilados que reclamaron por sus derechos fueron gaseados y golpeados.

El contraste entre el discurso y los hechos:

El Gobierno negó vulneraciones a los derechos humanos.

Amnistía informó heridos en la protesta.

Se registraron ataques a adultos mayores y periodistas.

La organización recordó además que las fuerzas de seguridad “están para proteger, no para reprimir”, y advirtió que el Estado tiene la obligación legal de garantizar el ejercicio del derecho a la protesta.

El CAT es un órgano de expertos independientes que supervisa el cumplimiento de la Convención contra la Tortura. Su rol consiste en:

🧷 ¿Qué evalúa el Comité contra la Tortura?

El organismo se ocupa de analizar los informes periódicos enviados por los Estados, interrogar a sus delegaciones oficiales, escuchar a organizaciones civiles, emitir recomendaciones para prevenir violaciones.

Su función resulta clave para garantizar que los países cumplan con los compromisos internacionales que asumieron en materia de derechos humanos.

📌 La Argentina de Milei bajo la lupa

La represión en el Congreso no sólo contradijo el discurso del Gobierno ante la ONU, sino que reforzó la preocupación de organismos de derechos humanos sobre el uso del “protocolo antipiquetes” y su impacto en la libertad de expresión y de protesta.

Las imágenes difundidas por Amnistía dejaron claro que, mientras la delegación oficial buscó mostrar un país sin abusos, la realidad en las calles relató otra historia: jubilados lastimados, trabajadores de prensa atacados y fuerzas federales desplegadas para sofocar reclamos legítimos.

DDHH

Presunción de inocencia en crisis: 6 de cada 10 detenidos en prisiones federales esperan sentencia tras las rejas

Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que en el primer semestre de 2026 casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados sin sentencia. El relevamiento también documentó 18 muertes y 41 medidas de fuerza en los dos penales.

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El-Argentino-Presos Rejas Detenidos Cárcel.

Más de la mitad de las personas alojadas en dos de las principales cárceles federales del país permanece detenida sin condena firme. Así lo estableció un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, correspondiente al primer semestre de 2026.

El relevamiento del organismo de control, que tiene rango constitucional y actúa como mecanismo de monitoreo de los lugares de detención, releva la evolución de la población alojada, la situación procesal de los detenidos, las demandas recibidas, los casos de malos tratos físicos, los fallecimientos y las medidas de fuerza documentadas entre enero y junio de este año.

Marcos Paz: casi 6 de cada 10 detenidos sin sentencia

El Complejo Penitenciario Federal N°2 (CPF II) de Marcos Paz, que aloja a varones mayores de 18 años, tenía a junio de 2026 un total de 1.875 personas privadas de libertad distribuidas en sus cinco unidades residenciales. La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 2.000 plazas, con lo cual restaban 125 disponibles al momento del relevamiento.

El informe determinó que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz se encuentra procesado, es decir que más de 5 de cada 10 no cuentan con una condena firme. En el mismo período se relevaron 1.237 reclamos vinculados a salud, acceso a la justicia, condiciones materiales de detención y traslados o cambios de alojamiento.

El organismo registró además tres fallecimientos en el complejo durante los seis meses relevados, ninguno asociado a un hecho violento sino a causas de enfermedad, y 14 medidas de fuerza: nueve por huelga de hambre, tres por ingesta de elementos no consumibles y dos por autolesiones.

Ezeiza: la misma proporción y un dato más grave

El Complejo Penitenciario Federal N°1 (CPF I) de Ezeiza aloja a varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026 tenía 1.905 personas privadas de libertad en sus siete unidades residenciales, sobre una capacidad declarada de 1.947 plazas.

La situación procesal replica el patrón de Marcos Paz: casi el 53% de los detenidos en Ezeiza está procesado, sin condena firme. Entre enero y junio se relevaron 1.472 demandas, con la salud como principal motivo de reclamo, seguida por las condiciones materiales de detención, el acceso a la justicia y los traslados o cambios de alojamiento.

A diferencia de Marcos Paz, Ezeiza registró 15 fallecimientos en el semestre, de los cuales diez fueron por enfermedad y cinco por muertes violentas: cuatro por ahorcamiento y uno por incendio. El complejo también concentró la mayor cantidad de medidas de fuerza, con un total de 27: 21 por huelga de hambre, dos por autolesiones, dos por rechazo de alimentos, una por ingesta de elementos no consumibles y una sin identificar.

Un patrón estructural del sistema penitenciario federal

Los números que arroja el relevamiento de la Procuración Penitenciaria confirman un dato que organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace años en distintos informes: la utilización de la prisión preventiva como regla y no como excepción en el sistema penal federal argentino, en contradicción con el principio constitucional de inocencia. Entre las dos cárceles relevadas suman casi 3.800 personas detenidas, y en ambas la mayoría permanece procesada sin una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia.

Lo que tenés que saber:

  • Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación relevó las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz entre enero y junio de 2026.
  • Casi el 57% de los presos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados, sin condena firme.
  • Entre ambos complejos se registraron 18 fallecimientos en el semestre, cinco de ellos por muertes violentas en Ezeiza.
  • Se documentaron 41 medidas de fuerza en total, la mayoría huelgas de hambre.
  • Entre las dos cárceles suman casi 3.800 personas privadas de libertad.

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