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La crisis de Galeno ART expuso la fragilidad del sistema de riesgos del trabajo

La empresa recibió 15 días para cubrir un déficit operativo de $12.954,8 millones.

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La ART del grupo Galeno enfrentó una de las decisiones regulatorias más severas de los últimos meses. La resolución firmada por el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, el 17 de noviembre confirmó que la empresa presentó un déficit operativo de $12.954,8 millones en sus estados contables al 30 de septiembre de 2025. El organismo otorgó 15 días para cubrir el rojo y dispuso una inhibición general de bienes que impide disponer de inversiones y activos mientras dure la sanción.

El reconocimiento del déficit y el impacto en el mercado

La resolución oficial señaló que “la situación deficitaria expuesta en dichos estados contables es reconocida por la entidad”, por lo que la Superintendencia aplicó las medidas previstas en el artículo 31 de la Ley 20.091. También sostuvo que “la situación deficitaria fue reconocida por la entidad en sus estados contables cerrados al 30.09.2025, por lo que la medida propuesta no requiere mayor análisis ni sustanciación”.

Según fuentes del mercado consultadas por este medio, el problema financiero acumulado en la ART sería “difícil de resolver por la magnitud del monto” y podría generar efectos sobre Galeno Seguros si la empresa no logra recomponer su solvencia en el plazo estipulado. Estas fuentes indicaron que la conducción del grupo, encabezada por el empresario y médico Julio Fraomeni, reconoció internamente el deterioro del balance.

La caída de pólizas y el antecedente crítico del sector

En la propia compañía admitieron en voz baja la caída sostenida de pólizas, un fenómeno que se profundizó tras las medidas regulatorias. Según las mismas fuentes, la pérdida de mercado podría acelerarse a partir de esta inhibición, que aunque no afecta las cuentas corrientes sí bloquea el uso de activos estratégicos.

El sector atraviesa una reestructuración profunda impulsada por la Superintendencia. En los últimos meses, aseguradoras como Caledonia, Boston, Escudo, Orbis y La Nueva no consiguieron revertir sanciones similares y terminaron en procesos de liquidación. En el mercado señalan que, una vez aplicada la inhibición, “casi ninguna compañía logra revertirla”.

Un intento fallido de desprenderse de la ART

Desde hace un año, Fraomeni buscó desprenderse de la operación de riesgos del trabajo. Fuentes privadas indicaron que intentó cambiar el nombre de Galeno ART por “Nogal ART”, pero la propuesta no recibió autorización de la Superintendencia. La situación actual complica aún más cualquier intento de transferencia o reestructuración.

Un actor relevante en un sistema en tensión

Galeno ART es considerada un jugador de peso dentro del sistema de riesgos del trabajo. La magnitud del déficit oficializado y la respuesta regulatoria generaron inquietud generalizada en un sector que opera con márgenes tensos, altos costos judiciales y frecuentes observaciones del ente de control.

Las próximas semanas serán decisivas: sin una recomposición rápida del patrimonio, el grupo podría ingresar a una zona de riesgo que ya engulló a otras aseguradoras en los últimos meses.

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La Justicia pide evaluar de urgencia a Pity Álvarez tras el choque

Los abogados que representan a la hermana del músico presentaron un pedido ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4 para que se realice una evaluación interdisciplinaria en un plazo máximo de 24 horas. El episodio se suma a un cuadro de salud que la Justicia ya intervino para proteger y a un juicio penal por homicidio que sigue su curso.

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Un accidente de tránsito en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal volvió a poner sobre la mesa el estado de salud del músico Cristian «Pity» Álvarez y la necesidad de una intervención judicial urgente. En la madrugada del martes, Álvarez conducía un Volkswagen Bora e impactó contra un Peugeot 208 estacionado en la intersección de las avenidas San Martín y Nicasio Oroño, para luego retirarse del lugar sin entregar su documentación, argumentando que tenía «problemas legales».

Horas después del episodio, los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños presentaron un pedido urgente ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4, a cargo de la jueza Mariana Judith Kanefsck, para que se concrete una evaluación interdisciplinaria del músico en un plazo máximo de 24 horas. La solicitud busca determinar su capacidad jurídica ante lo que los letrados describen como un cuadro de salud delicado.

Un episodio tras otro: el fin de semana previo al choque

El accidente vial no fue el único incidente reciente. Según detalló la defensa en el escrito judicial, durante el fin de semana anterior al choque el músico se encerró en una habitación de su domicilio y se negó a salir, lo que obligó a su entorno a intervenir con la asistencia de un cerrajero. «Llamamos a un cerrajero para ingresar, pero finalmente nos abrió», precisó el abogado Queijeiro en la presentación. En el mismo documento, el letrado subrayó que «su estado de salud es delicado y es por ello que no puede permanecer solo».

Qué analiza la Justicia Civil y qué medidas ya tomó

El expediente civil en curso tiene como objetivo central analizar el diagnóstico de Álvarez, sus recursos familiares y los apoyos necesarios para que alcance su mayor nivel de autonomía posible. La jueza Kanefsck ya había ordenado a la obra social de SADAIC que concretara un examen la semana anterior, pero la medida quedó pendiente de cumplimiento hasta la fecha.

En el marco de este proceso, la magistrada designó a Silvina Andrea Álvarez Congiu, hermana del músico, como apoyo provisorio para la administración de sus recursos de salud, e impuso una inhibición general de bienes. La orden también autorizó el uso de la fuerza pública o la apertura forzada de cerraduras si fuera necesario para garantizar el traslado y la atención del artista.

El juicio penal por homicidio sigue su propio carril

La causa civil avanza de forma independiente al proceso penal que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 lleva adelante contra Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. Hasta el martes, los jueces penales mantuvieron sin modificaciones el calendario del debate oral, que tiene previstas las declaraciones de cuatro testigos propuestos por la defensa.

La acumulación de episodios recientes plantea, una vez más, la tensión entre la continuidad de un proceso penal y la necesidad de garantizar la salud y la contención de alguien cuya capacidad jurídica está siendo evaluada por la propia Justicia Civil.

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