Judiciales ⚖️
Medicamentos mafias y silencio judicial: el nuevo frente caliente en Rosario
El intendente deberá declarar como testigo en la causa por el fentanilo contaminado. Apuntó contra HLB Pharma y Ramallo S.A por posibles vínculos con organizaciones criminales. La Municipalidad se presentará como querellante.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, fue citado por la Justicia federal para declarar en calidad de testigo en la investigación por la adulteración de fentanilo que afectó a pacientes críticos del sistema de salud local. La convocatoria judicial surgió tras sus declaraciones radiales, donde vinculó a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A con el narcotráfico en la ciudad.
“En razón a sus dichos, el juzgado resolvió citarlo para prestar declaración testimonial”, señala el escrito judicial. Javkin deberá aportar “todos los elementos a su alcance que puedan contribuir a la investigación en curso”.
El escándalo se disparó luego de que personal médico detectara reacciones anómalas en pacientes del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y otros centros asistenciales. El fentanilo es un opioide sintético de uso hospitalario que, en dosis adulteradas o desviadas al mercado ilegal, puede provocar consecuencias letales. Según datos oficiales del Ministerio de Salud de Santa Fe, varios lotes fueron incautados y se confirmó la contaminación en su composición.
El laboratorio y una historia de impunidad
En sus declaraciones a LT3 Rosario, Javkin no sólo apuntó contra las empresas sino que recordó antecedentes judiciales. Mencionó el caso del laboratorio Apolo, cuyo edificio explotó en junio de 2016 en el barrio Tablada. Aquel episodio dejó cinco personas heridas, sin víctimas fatales, y derivó en un proceso judicial que, según el intendente, terminó sin condenas efectivas: “Fueron absueltos y como pena fueron a limpiar el museo del PJ en San Nicolás”.
La referencia busca poner en evidencia lo que Javkin definió como una “trama de complicidades” entre el poder económico, judicial y organizaciones delictivas. “Debemos saber si seguramente hubo también desvíos al mercado ilegal y, además, hay vínculos entre los laboratorios y algunos personajes ligados al narcotráfico”, afirmó el jefe comunal.
Una ciudad sitiada por el narcotráfico
Rosario padece desde hace más de una década una espiral de violencia asociada al narcomenudeo y las disputas territoriales. Según datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, sólo en el primer semestre de 2025 se registraron 93 homicidios en la ciudad, muchos vinculados a ajustes de cuentas y redes de comercialización de drogas.
Los investigadores no descartan que el fentanilo adulterado haya sido distribuido en el marco de esas operaciones ilegales. El propio ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, reconoció en junio que “la frontera entre la producción farmacéutica legal y el abastecimiento del mercado ilegal es muy porosa”.
La adulteración de opioides no sólo representa un delito económico sino también una amenaza directa a la salud pública. “No vamos a tolerar a ningún grupo mafioso actuando en el marco de la ciudad de Rosario”, sentenció Javkin, quien además confirmó que la Municipalidad se presentará como querellante en la causa.
El rol del Estado y la Justicia
La citación judicial a Javkin marca un giro en la estrategia de investigación. Hasta ahora, los esfuerzos se habían centrado en la trazabilidad de los medicamentos adulterados, pero la denuncia del intendente podría abrir nuevas líneas sobre la connivencia entre sectores del poder económico y el crimen organizado.
La causa está a cargo del Juzgado Federal N°3 de Rosario, que ya recibió documentación de la ANMAT, el Ministerio de Salud provincial y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Se espera que la declaración de Javkin, prevista para la próxima semana, aporte elementos que permitan identificar responsabilidades más allá de lo técnico y logístico.
DDHH
Rivaldi gaseó a una nena de 10 años en una marcha de jubilados y este miércoles se conoce su veredicto
El policía federal Cristian Rivaldi será juzgado este miércoles por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante una marcha de jubilados. El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni resistir, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
Dos años y dos meses después del ataque con gas pimienta a una nena sentada en el suelo durante una marcha de jubilados, la Justicia federal resolverá en una sola audiencia si el policía que la roció debe ser condenado.

El juicio contra el efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas, por el hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso. Las víctimas son Fabrizia Pegoraro, que tenía 10 años, y su madre, Carla Pegoraro. La audiencia se desarrollará en una sola jornada: tras escuchar a los testigos de la defensa y analizar las pericias incorporadas al expediente, se conocerá el veredicto. El abogado Gregorio Dalbón representará a la niña y a su madre como querellantes y pedirá condena e inhabilitación.
Un ataque registrado en video
El hecho ocurrió durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados. Según la acusación, Rivaldi utilizó el disuasivo presurizado que tenía asignado y roció con gas pimienta a Fabrizia y a su madre cuando ambas estaban sentadas en el suelo.
El fiscal federal Eduardo Taiano, al requerir la elevación de la causa a juicio en un dictamen del 21 de octubre de 2025, sostuvo que el efectivo actuó de manera deliberada y a corta distancia. Según el fiscal, las víctimas estaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna.
La acusación se apoya en los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al policía y reconstruir el momento en que accionó el aerosol. “Las imágenes son elocuentes”, afirmó Taiano. El fiscal describió que Rivaldi no solo apuntó hacia un hombre que tenía un bastón, sino también hacia la madre y su hija, y que después de recibir el gas en el rostro la nena se cubrió de manera instintiva. También señaló que se observa una mancha en la parte trasera de la campera azul que llevaba la madre.
Taiano remarcó además que Rivaldi tenía parcialmente levantado el visor de plástico de su casco, lo que le daba mayor visibilidad del entorno y de las personas. Por eso concluyó que el policía apuntó y accionó el dispositivo con pleno conocimiento e intención de lo que hacía.
La defensa dice que no la vio
Al declarar en la etapa de instrucción, Rivaldi negó haber gaseado a una menor. Explicó que ese día recibió la orden de avanzar, dispersar a los manifestantes y liberar la calzada, y que los efectivos debieron usar elementos disuasivos ante situaciones de violencia y forcejeos. Aseguró que advirtió la presencia de gas en el aire y que una persona no identificada arrojó gas pimienta contra un jefe policial.
Sobre Fabrizia, sostuvo que no observó a ninguna menor y que, de haberla visto entre los manifestantes, la habría sacado del lugar para evitar que resultara lesionada. Según trascendió, el efectivo también planteó que los deberes de protección y cuidado de la niña le incumbían a su madre. Tras el episodio, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó a la madre por haber llevado a la niña a la manifestación.
Taiano consideró que la explicación del policía no tiene respaldo en las pruebas. Descartó que un tercero hubiera arrojado el gas, porque esa situación no aparece en los registros audiovisuales y la persona señalada por la defensa tenía una cámara fotográfica en la mano, no un aerosol.
Conjuntivitis química y un procesamiento confirmado
La acusación cuenta con documentación médica. Según la historia clínica remitida por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 y recibió un diagnóstico de conjuntivitis química. En la epicrisis quedó asentada la frase “me tiraron gas pimienta”.
Carla Pegoraro declaró que ambas estaban tranquilas y que las rociaron mientras permanecían sentadas en el suelo. Contó que personas que estaban en el lugar les colocaron leche para aliviar la irritación y que los síntomas persistieron durante varios días. Declaró que “tanto mi hija como yo fuimos gaseadas” y describió irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo.
La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento de Rivaldi, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos, por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
El reglamento y la mínima fuerza necesaria
Taiano consideró que el policía se apartó de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales. Recordó que el reglamento establece que estos dispositivos deben utilizarse para inmovilizar o incapacitar agresores, y que su empleo requiere determinadas condiciones de riesgo o amenaza. También citó el protocolo para el mantenimiento del orden público, que exige emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Para el fiscal, ninguna de esas condiciones se verificaba: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo y no representaban una amenaza para los efectivos. Concluyó que el uso de la fuerza por parte de Rivaldi fue desmedido y desproporcionado, y la Fiscalía pidió que responda como autor de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
Qué se juzga y qué queda afuera
El juicio de este miércoles define la responsabilidad individual de un efectivo, pero el caso expone una discusión más amplia sobre cómo se controlan las protestas frente al Congreso. Rivaldi sostuvo que cumplía la orden de avanzar y dispersar, y la madre de la niña había pedido en la causa que se citara a indagatoria a la entonces ministra Bullrich, entre otros funcionarios y jefes policiales. La pregunta que deja el expediente es hasta dónde llega la responsabilidad de quien ejecuta una orden y de quienes la imparten.
Con la audiencia de este miércoles, el juez Daniel Rafecas deberá definir si el uso de gas pimienta contra una nena de 10 años, sentada y sin resistir, constituyó el delito que sostiene la acusación.
Lo que tenés que saber
- El juicio a Cristian Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas y el veredicto se conocerá en una sola jornada.
- Se lo acusa de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre el 11 de septiembre de 2024.
- El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni ofrecer resistencia, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
- La niña fue diagnosticada con conjuntivitis química en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía el 13 de septiembre de 2024.
- La Cámara Federal confirmó su procesamiento, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos.
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