El intendente de Rosario, Pablo Javkin, fue citado por la Justicia federal para declarar en calidad de testigo en la investigación por la adulteración de fentanilo que afectó a pacientes críticos del sistema de salud local. La convocatoria judicial surgió tras sus declaraciones radiales, donde vinculó a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A con el narcotráfico en la ciudad.

“En razón a sus dichos, el juzgado resolvió citarlo para prestar declaración testimonial”, señala el escrito judicial. Javkin deberá aportar “todos los elementos a su alcance que puedan contribuir a la investigación en curso”.

El escándalo se disparó luego de que personal médico detectara reacciones anómalas en pacientes del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y otros centros asistenciales. El fentanilo es un opioide sintético de uso hospitalario que, en dosis adulteradas o desviadas al mercado ilegal, puede provocar consecuencias letales. Según datos oficiales del Ministerio de Salud de Santa Fe, varios lotes fueron incautados y se confirmó la contaminación en su composición.

El laboratorio y una historia de impunidad

En sus declaraciones a LT3 Rosario, Javkin no sólo apuntó contra las empresas sino que recordó antecedentes judiciales. Mencionó el caso del laboratorio Apolo, cuyo edificio explotó en junio de 2016 en el barrio Tablada. Aquel episodio dejó cinco personas heridas, sin víctimas fatales, y derivó en un proceso judicial que, según el intendente, terminó sin condenas efectivas: “Fueron absueltos y como pena fueron a limpiar el museo del PJ en San Nicolás”.

La referencia busca poner en evidencia lo que Javkin definió como una “trama de complicidades” entre el poder económico, judicial y organizaciones delictivas. “Debemos saber si seguramente hubo también desvíos al mercado ilegal y, además, hay vínculos entre los laboratorios y algunos personajes ligados al narcotráfico”, afirmó el jefe comunal.

Una ciudad sitiada por el narcotráfico

Rosario padece desde hace más de una década una espiral de violencia asociada al narcomenudeo y las disputas territoriales. Según datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, sólo en el primer semestre de 2025 se registraron 93 homicidios en la ciudad, muchos vinculados a ajustes de cuentas y redes de comercialización de drogas.

Los investigadores no descartan que el fentanilo adulterado haya sido distribuido en el marco de esas operaciones ilegales. El propio ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, reconoció en junio que “la frontera entre la producción farmacéutica legal y el abastecimiento del mercado ilegal es muy porosa”.

La adulteración de opioides no sólo representa un delito económico sino también una amenaza directa a la salud pública. “No vamos a tolerar a ningún grupo mafioso actuando en el marco de la ciudad de Rosario”, sentenció Javkin, quien además confirmó que la Municipalidad se presentará como querellante en la causa.

El rol del Estado y la Justicia

La citación judicial a Javkin marca un giro en la estrategia de investigación. Hasta ahora, los esfuerzos se habían centrado en la trazabilidad de los medicamentos adulterados, pero la denuncia del intendente podría abrir nuevas líneas sobre la connivencia entre sectores del poder económico y el crimen organizado.

La causa está a cargo del Juzgado Federal N°3 de Rosario, que ya recibió documentación de la ANMAT, el Ministerio de Salud provincial y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Se espera que la declaración de Javkin, prevista para la próxima semana, aporte elementos que permitan identificar responsabilidades más allá de lo técnico y logístico.