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Pobreza

El hambre avanza y la asistencia desaparece: la dramática radiografía del ajuste en comedores populares

La asfixia presupuestaria y la falta de reconocimiento estatal golpean a miles de espacios comunitarios. La mayoría ya no puede abrir todos los días y algunos directamente cerraron. En paralelo, crece la cantidad de personas con hambre y la demanda de alimentos.

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El Argentino Diario-Olla popular-Comedores comunitarios-Comedores populares.

Desde que Javier Milei asumió la presidencia y designó a Sandra Pettovello al frente del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno nacional profundizó una política de ajuste que afecta de lleno a los comedores populares. Con fondos paralizados, miles de espacios dejaron de recibir asistencia y muchos ya no pueden abrir diariamente. Mientras tanto, el hambre no da tregua: la demanda de raciones aumentó, pero las cocinas comunitarias no dan abasto.

Recorte de fondos y cierre de comedores

Según denuncian referentes sociales, el Gobierno nacional interrumpió la asistencia alimentaria directa a comedores, frenó fondos del programa Alimentar Comunidad y dejó de reconocer a miles de espacios que funcionan sin registro formal. Solo unos 5.000 comedores están incluidos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM), según los datos que publica el propio Ministerio. El resto quedó excluido del circuito oficial.

Uno de los casos emblemáticos es el del comedor San Cayetano, en el barrio Eva Perón de Merlo. Este lunes, el Padre Francisco “Paco” Olveira confirmó que el espacio dejará de funcionar por tiempo indefinido. “No creo que sea por inutilidad, creo que es por perversidad. De esa manera se ahorran varios meses, porque no es que después te lo dan retroactivo”, denunció. La última rendición de cuentas fue aprobada el 29 de abril, pero desde entonces no llegaron fondos.

Hasta ahora, el comedor cocinaba 400 raciones por día. “Desde esta semana no vamos a cocinar”, lamentó una integrante del espacio. Olveira explicó que intentarán mantener la ayuda con donaciones y alimentos secos, aunque eso implica bajar la calidad nutricional: “Podemos seguir cocinando, dándole simplemente hidratos de carbono a la gente”.

Auditorías, trabas burocráticas y discurso oficial

El Ministerio de Capital Humano sostiene una narrativa que no se condice con la situación en los territorios. El 4 de julio, la cartera que dirige Pettovello difundió un comunicado en el que cuestionó la transparencia del ReNaCoM, apoyándose en una auditoría de la SIGEN cuyos resultados completos no fueron publicados.

“El ReNaCoM presentaba graves deficiencias en sus mecanismos de control interno”, indicó el texto oficial. Con ese argumento, el Gobierno dejó de reconocer a miles de comedores y cortó la compra directa de alimentos, lo que generó una asfixia operativa en la mayoría de los espacios que dependen de esas partidas para sostener sus actividades.

Comedores que sobreviven con lo justo

En el comedor Color Esperanza, ubicado en Caraza (Lanús) y perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la situación es crítica. “Lo que venimos viendo hace como dos meses es que hay chicos que vienen con dolor de panza y dolor de cabeza. Las familias no cenan de noche en su mayoría. A comer en la casa hoy lo llaman ‘darse un gustito’. Debería ser un derecho”, expresó Alejandra Ramos, responsable del comedor.

Aunque reciben fondos del programa Alimentar Comunidad, el congelamiento presupuestario hasta octubre, dispuesto por Capital Humano, los obligó a reducir días de actividad. Antes cocinaban de lunes a viernes, hoy solo lo hacen martes, miércoles y viernes. Preparan entre 600 y 900 raciones por jornada, pero ya evalúan reducir un día más. “No luchamos solamente por los alimentos, sino también por el reconocimiento salarial de las pocas personas que quedamos haciendo estas ollas”, agregó Ramos.

Testimonios en cadena: sin alimentos ni respuestas

La misma situación se repite en comedores de la Ciudad y el Conurbano. Desde el Polo Obrero, que gestiona más de 50 espacios en esas zonas, aseguran que el Gobierno nacional cortó por completo la asistencia alimentaria.

“Tenemos comedores que funcionan dos veces a la semana, merenderos que funcionan tres, otros dos, otros una vez a la semana”, explicó Edgardo Mari, referente en zona sur del GBA. En diálogo con este medio, advirtió que hay riesgo de cierres inminentes, ya que la demanda de personas aumentó de forma exponencial.

Ezequiel, del Polo Obrero Capital Federal, dio detalles del deterioro: “En 2023 todavía llegaban alimentos secos, aunque con intermitencias. Eso se cortó directamente a fines de 2023 con la asunción del Gobierno de Milei. Decidieron dejar de enviar alimentos a los comedores populares”. Hoy, asisten a unas 8.000 personas, pero tienen una lista de espera de entre 5.000 y 6.000 más.

Ni siquiera los “amigos” del Gobierno reciben ayuda

Incluso sectores históricamente alineados con discursos conservadores expresaron malestar. Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones, sostuvo que la situación es alarmante: “Las donaciones del Estado están peor que nunca. El Gobierno de la Ciudad nos manda una parte de ración, pero no nos alcanza. No tengo diálogo con nadie del Gobierno nacional, pero me gustaría poder contarles mis necesidades, que son las de mucha gente”, declaró en diálogo con Futurock.

Puntos clave:

  • El Gobierno de Milei recortó fondos, paralizó entregas y dejó de reconocer miles de comedores populares.
  • En Merlo cerró el comedor San Cayetano; servía 400 raciones diarias.
  • La demanda de alimentos crece sin freno: algunos espacios tienen listas de espera de miles.
  • El Ministerio de Capital Humano justificó los recortes con una auditoría no publicada.
  • La crisis afecta incluso a comedores ligados a referentes cercanos al oficialismo.

Gremiales

La CGT marcha contra el industricidio: 80.000 empleos perdidos y el paro en suspenso

La Confederación General del Trabajo vuelve a las calles este jueves bajo la consigna «Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también». Más de 80.000 puestos de trabajo destruidos en el sector fabril desde el inicio de la gestión Milei y una caída del 5,7% interanual de la actividad fabril en agosto son el telón de fondo de una central que postergó el quinto paro general pero no lo descarta antes de fin de año.

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La marcha no contó con las dos CTA ni movimientos sociales: las CTA avanzan por su cuenta hacia un paro general propio a fines de octubre.

Más de 80.000 puestos de trabajo registrados destruidos en el sector industrial desde diciembre de 2023, una caída del 5,7% interanual de la actividad fabril en agosto según la Unión Industrial Argentina y una contracción acumulada del 3% en los primeros ocho meses de 2026: ese es el cuadro que la CGT lleva a las calles este jueves, con una marcha al ex Ministerio de Industria en el microcentro porteño que pone en el centro del debate el modelo económico del gobierno de Javier Milei y su impacto sobre el tejido productivo nacional.

La movilización, convocada a las 15 en la esquina de Diagonal Sur y Perú desde donde los sindicatos marcharán hasta el edificio que albergaba el ex Ministerio de Industria, fue decidida en una reunión ampliada de la mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) celebrada en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), con el anfitrión Gerardo Martínez. Del encuentro participaron los integrantes del triunvirato de conducción, Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), junto a Héctor Daer (Sanidad), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Hugo Moyano y Maia Volcovinsky (judiciales), entre otros dirigentes.

La consigna y el modelo que denuncia

La elección del lugar no fue casual. El eje de la protesta gira en torno al impacto de la política de apertura comercial del gobierno libertario sobre la producción, el empleo y el entramado pyme. Gremios del sector textil, metalúrgico y de la alimentación encabezarán la columna central de la marcha, bajo una consigna que une soberanía y trabajo: «Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también». La estética de la convocatoria estará inspirada en la bandera que la Selección argentina exhibió tras el partido frente a Inglaterra en el Mundial.

Desde el triunvirato cegetista reivindicaron que la industria no es solo producción: es «trabajo, soberanía y futuro». Jorge Sola planteó que el programa económico oficial no puede ser «desarraigado de lo que siente la gente» y advirtió que «cuando importás, estás importando las condiciones de trabajo en las que se produjo el producto, y las condiciones de trabajo de China no son las mismas que las de un argentino». La apertura comercial impulsada por Milei, según la CGT, profundiza el deterioro de la actividad industrial, afecta a las pequeñas y medianas empresas y genera pérdida masiva de puestos de trabajo registrados.

Jerónimo fue más tajante: «Se está destruyendo nuestra matriz productiva día a día». Desde las redes de la central llamaron a movilizarse con ropa de trabajo, cascos y elementos representativos de cada actividad, con un mensaje directo al gobierno: «Que el Gobierno entienda que en la calle está la voz de quienes defendemos el futuro productivo de nuestro país».

El paro general: postergado, pero no descartado

La marcha de este 8 de octubre es la cuarta acción coordinada por la CGT desde julio, en el marco de un plan de lucha escalonado que eligió la presión callejera sostenida antes que el desgaste de una huelga general. La conducción cegetista volvió a postergar el quinto paro general contra el gobierno de Milei, pero Sola confirmó que habrá huelga antes de fin de año. Jerónimo prefirió no dar precisiones y lo dejó como una carta a jugar en el momento adecuado, mientras sectores internos de la central presionan por una respuesta más contundente frente al ajuste salarial y la apertura de importaciones.

El propio Jerónimo argumentó que la conducción considera que un paro nacional en este momento «podría perjudicar a los propios trabajadores representados por los gremios», un razonamiento que los sectores más combativos de la central rechazan. Las dos CTA, en tanto, avanzaron por su cuenta y anunciaron que impulsarán un paro general hacia fines de octubre, manteniendo conversaciones para coordinar con otros sectores sindicales.

A diferencia de movilizaciones anteriores, la marcha de este 8 de octubre no cuenta con la participación de las dos CTA ni de movimientos sociales ajenos a la CGT, lo que marcó una diferencia de estrategia hacia el interior del campo sindical opositor al gobierno libertario.

Octubre sindical: industria, universidades y el paro en el horizonte

La CGT también confirmó su adhesión a la 5° Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre junto a las dos CTA y los gremios universitarios, lo que amplía el frente de resistencia al gobierno libertario hacia el sector educativo. El anuncio se produce en un contexto donde el debate por el financiamiento universitario escaló con el fallo judicial que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025. Octubre se perfila así como un mes de movilización sostenida: industria el 8, universidades el 15 y el paro de las CTA hacia el final del mes.

Lo que tenés que saber

  • La CGT marcha este 8 de octubre al ex Ministerio de Industria bajo la consigna «Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también», con eje en la defensa de la producción, el empleo y el desarrollo.
  • Desde noviembre de 2023 la industria manufacturera perdió más de 80.000 puestos de trabajo registrados; la actividad fabril acumuló una caída del 3% en los primeros ocho meses de 2026, con una baja del 5,7% interanual en agosto según la UIA.
  • El triunvirato (Sola, Jerónimo, Argüello) postergó el quinto paro general, aunque Sola confirmó que habrá huelga antes de fin de año.
  • La marcha no cuenta con la participación de las dos CTA ni movimientos sociales: las CTA avanzan por su cuenta hacia un paro general propio a fines de octubre.
  • La CGT adherirá a la 5° Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, sumando la defensa del financiamiento educativo a su agenda de conflicto con el gobierno.
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