Judiciales ⚖️
Por qué la escribana de Adorni quedó en el centro de la investigación judicial
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni avanza sobre las actuaciones de la escribana Adriana Nechevenko, cuya intervención en operaciones inmobiliarias y préstamos sospechosos genera serios cuestionamientos legales.
Causa Adorni: ¿La escribana corre riesgo de quedar imputada?
★ La situación judicial de la escribana Adriana Nechevenko de Schuster se agravó en el marco de la causa que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita profundiza la pesquisa sobre posibles irregularidades en la verificación del origen de los fondos utilizados por el funcionario para la compra de un inmueble en Caballito, tras testimonios que expusieron mecanismos financieros de dudosa transparencia.
El rol de la escribana bajo sospecha
Ante las consultas del fiscal sobre el origen del dinero para la adquisición del departamento, la escribana respondió de manera evasiva, limitándose a decir «pregúntenle a él». Esta postura choca con sus obligaciones como sujeto obligado en materia de prevención de lavado de activos. Según las normativas vigentes, que incluyen la resolución 242/2023 de la UIF y los lineamientos del GAFI, los escribanos deben actuar como un filtro de control, recabando información sobre el perfil del cliente y reportando cualquier operación sospechosa.
La falta de verificación de la congruencia patrimonial, especialmente al tratarse de un funcionario público y persona expuesta políticamente (PEP), coloca a Nechevenko en una posición de vulnerabilidad jurídica frente a la posible figura de lavado de dinero. Especialistas señalan que operaciones donde se abona una fracción mínima del valor total y el resto se financia sin intereses claros constituyen alertas ineludibles que, de no ser reportadas, podrían derivar en graves consecuencias legales.
El testimonio de las prestamistas
Este lunes, Graciela Molina de Cancio y su hija, Victoria María Cancio, comparecieron ante la justicia en calidad de testigos. Ambas confirmaron haber otorgado un préstamo de 100.000 dólares a Adorni en noviembre de 2024, actuando bajo el asesoramiento directo de Nechevenko. El acuerdo, que implica una devolución en cuotas con un 11 por ciento de interés, fue garantizado con la hipoteca de la anterior vivienda del funcionario en Parque Chacabuco.
El carácter de las testigos añade un matiz inquietante a la causa, al tratarse de personal vinculado a las fuerzas de seguridad (comisaria retirada y contadora de la Policía Federal). Además, durante la revisión de los dispositivos en busca de pruebas, se hallaron mensajes donde la propia escribana enviaba a las prestamistas emojis de «fuerza» ante la instancia judicial, un gesto que los investigadores interpretan como una injerencia indebida sobre los testimonios que deben ser imparciales.
Puntos clave
- La escribana Adriana Nechevenko es investigada por no verificar el origen de los fondos en las operaciones de Adorni.
- La normativa de la UIF obliga a los escribanos a denunciar operaciones inusuales o sospechosas.
- Las prestamistas, vinculadas a la PFA, confirmaron un préstamo hipotecario no bancario de 100.000 dólares.
- La operación se concretó el mismo día en que la esposa de Adorni adquirió otra propiedad en el country Indio Cuá.
- Se hallaron mensajes de la escribana hacia las testigos que podrían comprometer la objetividad de los testimonios.
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Una causa cerrada en 2021 y una acusación de 13 años: así arrancó Hotesur-Los Sauces
La Fiscalía sostuvo ante el TOF 5 que los hechos habrían sido organizados “desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional” entre 2003 y 2016, en una causa que el mismo tribunal cerró en 2021 y que Casación reabrió con solo dos jueces. La defensa cuestionó los plazos tras la unificación.
Para la Fiscalía, el centro de una asociación ilícita que operó durante más de trece años estuvo en la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional. Así lo sostuvo en la lectura del resumen de la elevación a juicio, en la primera audiencia del debate unificado por Hotesur y Los Sauces, que arrancó este viernes en Comodoro Py.
Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación, y su hijo Máximo Kirchner, diputado nacional, participaron de forma virtual ante el Tribunal Oral Federal N°5, integrado por los jueces José Michilini (presidente), Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. La acusación está a cargo del fiscal Diego Velasco. Michilini remarcó que la conexión remota es una situación “excepcional” y que ambos deberán presentarse de manera presencial para las indagatorias.
Qué sostuvo la Fiscalía
Según el resumen leído en la sala, los hechos “habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional” durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, junto con funcionarios y empresarios, con el fin de “sustraer y apropiarse de fondos públicos”. La acusación habló de una asociación ilícita “de carácter estable y permanente” entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, con roles definidos dentro y fuera de la estructura del Estado.
El esquema, según la Fiscalía, tuvo dos etapas: primero un sistema de beneficios para empresarios cercanos, entre ellos Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa; después un mecanismo para transferir y disimular parte de las ganancias hacia la familia Kirchner, mediante préstamos, compra y alquiler de propiedades, alquiler de los complejos hoteleros y mejoras en los establecimientos. En los requerimientos de elevación, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques calcularon que Los Sauces habría recibido alrededor de 25,9 millones de pesos en alquileres entre 2009 y 2016.
Para la Fiscalía, Cristina Kirchner “diseñó, ejecutó y dirigió” un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito. La acusación sostuvo que, junto con Néstor y Máximo Kirchner, conformó la inmobiliaria Los Sauces S.A., con la que se adquirieron varias propiedades, entre ellas el departamento de San José 1111, donde hoy cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. A Máximo lo señaló como organizador de la presunta asociación y recordó que fue presidente del directorio de la empresa familiar. Báez, López y De Sousa también fueron imputados como organizadores.
Un debate que empezó con reclamos de la defensa
Una de las defensas planteó que, por la reciente unificación de las causas, no se cumplieron los diez días hábiles “necesarios para ejercer la defensa” en el caso Hotesur, cuyo debate estaba fijado para marzo de 2027. Michilini respondió que ese viernes se leería la acusación de Los Sauces y que la lectura seguiría en los días siguientes “de manera que se pueda llegar a los 10 días”. Velasco entregará en los próximos días el resumen de la imputación de Hotesur, y la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 26 de octubre.
Una causa cerrada en 2021 y reabierta con dos votos
La acusación que se leyó este viernes llegó después de un recorrido largo. En noviembre de 2021, el mismo TOF 5 sobreseyó a Cristina y Máximo Kirchner, entre otros, sin realizar el juicio, por mayoría de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg y con la disidencia de Palliotti. El 18 de septiembre de 2023, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó esos sobreseimientos con solo dos jueces, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. El 16 de diciembre de 2024, la Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa por no tratarse de una sentencia definitiva y dejó los planteos sobre garantías para el juicio oral.
El martes 20 de octubre, Casación volvió a intervenir: con dos votos a favor y uno en contra, revocó el desdoblamiento de los juicios que el TOF 5 había dispuesto en septiembre, que fijaba Los Sauces para el 23 de octubre y Hotesur para el 19 de marzo de 2027. Los abogados de la familia Kirchner, encabezados por Carlos Beraldi, habían pedido mantener los debates separados, mientras que el fiscal Velasco impulsaba la unificación.
Lawfare: el contexto que la acusación no incluye
Hotesur y Los Sauces es otro capítulo del lawfare contra Cristina Kirchner. Los hechos que sostienen esa lectura constan en los expedientes: un tribunal oral cerró la causa en 2021, una Casación reducida a dos jueces la reabrió en 2023 y esos mismos camaristas impusieron ahora el juicio unificado, en contra del criterio que había fijado el tribunal oral.
Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025 por la condena en Vialidad y enfrenta además el juicio de Cuadernos. Para este medio, como para dirigentes del peronismo, esa acumulación de expedientes es parte de la persecución judicial del denominado “partido judicial” de Comodoro Py.
Los imputados rechazan las acusaciones. Beraldi argumentó en 2021, al pedir los sobreseimientos, que el dinero recibido en las cuentas de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. tenía “perfecta trazabilidad”. La hipótesis de la Fiscalía, que ubica los alquileres a empresarios de la obra pública como un circuito de devolución de dinero, deberá probarse o refutarse en el debate oral.
Lo que tenés que saber:
- La Fiscalía sostuvo que existió una asociación ilícita “de carácter estable y permanente” entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, comandada desde el Poder Ejecutivo.
- A Cristina Kirchner se la acusa de dirigir un esquema de reciclaje de fondos y a Máximo Kirchner, de ser organizador.
- Una defensa planteó que, tras la unificación, no se cumplieron los diez días hábiles para preparar el caso Hotesur.
- El TOF 5 sobreseyó a ambos en 2021; Casación reabrió la causa en 2023 con dos jueces y la Corte rechazó el recurso de la defensa en 2024.
- El debate continúa el lunes 26 de octubre.
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