DDHH
Organismos de DDHH rechazan el nuevo reglamento para uso de armas: “Es peor que la doctrina Chocobar”
Organismos de DDHH denunciaron que el nuevo reglamento para el uso de armas “promueve la violencia institucional”.
Organismos de derechos humanos rechazaron el nuevo reglamento para el uso de armas del Gobierno nacional; denunciaron que “promueve la violencia institucional” a la vez que elimina “el control judicial de la actuación policial”, y advirtieron que no se gana nada “en términos de mayor seguridad”.
El ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, anunció este jueves que los miembros de las fuerzas policiales y federales podrán hacer uso de armas de fuego sin identificarse en ciertas circunstancias que impliquen “riesgo de muerte”.
También podrán emplear este tipo de armas cuando se ponga “en peligro la integridad física”, en situaciones que expongan “la ubicación de un efectivo” o cuando “la identificación” de los uniformados “resultara inútil”.
“Peor que la ‘doctrina Chocobar’”
Este reglamento quedó formalizado mediante la Resolución 125/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y tiene en su articulado “tal cantidad de excepciones a las reglas generales, que el arma de fuego termina siendo el primer recurso”, cuestionó María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Verdú, abogada y activista antirrepresiva, señaló que la Resolución publicada este jueves es “peor que la 956/18, que habilitaba la denominada ‘doctrina Chocobar’, porque no solamente habilita a disparar a personas desarmadas por la espalda” sino que “explícitamente dice que se puede” accionar un arma “en caso de fuga, cosa que está prohibida por toda la legislación y jurisprudencia nacional e internacional”.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestaron en un comunicado que, con esta normativa, el Ministerio de Seguridad pretende “dar carta abierta a los policías para usar la fuerza letal y desplazar al Poder Judicial en su función de investigación y juzgamiento sobre los usos de la violencia por parte del personal de las fuerzas de seguridad”.
Este nuevo reglamento establece que las fuerzas de seguridad podrán usar armas de fuego cuando, por ejemplo, “hubiere peligro inminente de muerte o de lesiones graves”, y considera “peligro inminente” cuando “el agresor portare un arma blanca o cualquier objeto cortante o punzante”.
Al respecto, Verdú señaló que en “causas contra personas detenidas en movilizaciones y manifestaciones, el objeto cortante o punzante es la bandera de caña que lleva la bandera”.
“Entonces, si estoy con una bandera en una movilización, habilita a que me disparen”, subrayó la letrada.
La Resolución 125/24 también determina como “peligro inminente” si se efectuasen “movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”.
“O sea, me rasco el ombligo, me acomodo el pantalón, me meto la mano en el bolsillo para sacar el celular, el DNI o el cartelito que dice ‘soy sordomudo, no te entiendo’, y te pueden balear”, afirmó Verdú.
Desde el CELS, también ejemplificaron: “Bajo este nuevo marco legal, los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que las fuerzas de seguridad federales podrían responder con el uso de la fuerza letal, aun cuando en la situación de amenaza no hubiera armas de fuego”.
En el artículo 6 de la normativa se establece además que “mientras no haya una resolución judicial firme” que determine que un integrante de las fuerzas policiales o de seguridad federales hayan incumplido con este reglamento, no se deberá adoptar “ninguna medida administrativa cautelar ni disciplinaria”.
“Aun en casos de inicio de causa judicial, las fuerzas no pueden suspender la actividad del funcionario durante el proceso. Es decir que un policía puede seguir en funciones mientras es investigado por un fiscal o un juez para determinar si cometió un delito o no”, cuestionó Verdú.
Asimismo, el CELS indicó que “otro aspecto preocupante es que se habilita el uso de armas letales dentro de las cárceles por parte del Servicio Penitenciario Federal, en situaciones mal definidas por este reglamento”.
“La ley de Ejecución Penal es clara en relación con este punto: el personal que está en contacto directo con las personas detenidas no puede portar armas letales”, aseveraron desde esta entidad.
Entre los considerandos de la Resolución, se menciona el “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” y los “principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por funcionarios”, ambos adoptados por la ONU y a los cuales adhiere Argentina.
Estos acuerdos determinan que “sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida” y explicitan que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta”.
“Si bien el texto cita estándares internacionales incorporados en nuestra normativa, no los cumple. Las directivas propuestas pasan por alto principios básicos como el de excepcionalidad y proporcionalidad”, señalaron desde el CELS.
Verdú destacó además que el funcionario de una fuerza de seguridad “tiene un arma que le dio el aparato estatal para cumplir su función, que es proteger la vida humana”.
“Todos los funcionarios deben rendir cuenta de sus acciones, mucho más cuando portan un arma que les da el Estado. No existe ninguna justificación para intentar limitar o eliminar el control judicial de la actuación policial o penitenciaria. Los efectivos van a quedar aún más expuestos y no se habrá ganado nada en términos de mayor seguridad”, concluyó el CELS.
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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