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El campo retrocede: otra empresa del agro entró en default

La firma Campo de Avanzada interrumpió pagos y pide concurso preventivo. Las claves del caso y el impacto financiero en el sector.

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El sector agropecuario argentino sigue sumido en una crisis que golpea tanto a grandes conglomerados como a pequeñas y medianas empresas. Campo de Avanzada S.A., una pyme con base en Entre Ríos dedicada a la producción de soja, maíz y trigo en campos arrendados, se convirtió en la cuarta firma del agro en entrar en default dentro del ámbito bursátil. Este escenario refleja la vulnerabilidad del sector frente a factores externos como la caída de los precios internacionales de los commodities, la sequía y el impacto de plagas.

El concurso preventivo y sus implicancias

La firma solicitó su concurso preventivo el 10 de septiembre de 2024 ante el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba. Este proceso fue calificado como «pequeño» debido a que la empresa cuenta con menos de 20 trabajadores. La justicia dispuso medidas cautelares para proteger sus operaciones bancarias, como la suspensión de la inhabilitación para emitir cheques por deudas previas.

Campo de Avanzada enfrenta dificultades financieras atribuidas a condiciones climáticas adversas y la presencia de la plaga conocida como chicharrita, que afectaron la producción en las últimas campañas. Además, la empresa había recurrido al mercado de capitales buscando financiamiento mediante la emisión de Obligaciones Negociables (ON) PyME Serie I, garantizadas por Garantizar SGR.

Incumplimiento de pagos

Según el prospecto aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) en enero de 2022, la firma debía abonar $7,57 millones correspondientes al sexto servicio de intereses y capital el 21 de enero de 2025. Sin embargo, Campo de Avanzada informó esta semana que no podría cumplir con el pago, sumándose así a otras empresas como Los Grobo, Agrofina y Surcos, que también entraron en default en el último año.

Una diferencia clave es que las ON PyME emitidas por Campo de Avanzada están respaldadas por Garantizar SGR, quien aseguró a los tenedores de los títulos el cobro del 100% del monto adeudado. Este accionar busca minimizar el impacto para los acreedores, aunque no evita que el default refleje un nuevo golpe para el mercado de capitales.

Diversificación insuficiente

En su búsqueda por diversificar ingresos, Campo de Avanzada comenzó a incursionar en ganadería en 2021 y también ofrece servicios de transporte de granos para terceros. Sin embargo, estas actividades no lograron contrarrestar el impacto de la crisis climática y las dificultades propias de un sector que enfrenta presiones internas y externas.

Contexto sectorial

La situación de Campo de Avanzada no es aislada. En los últimos meses, el agro argentino ha evidenciado una creciente inestabilidad financiera, con empresas de distintos tamaños incapaces de cumplir con sus compromisos. Los efectos de la sequía histórica y la volatilidad de los precios internacionales dejaron al descubierto las limitaciones estructurales del sector.

Puntos clave del caso Campo de Avanzada:

  • Campo de Avanzada S.A. se declaró en default y solicitó concurso preventivo en septiembre de 2024.
  • La empresa enfrenta deudas por $7,57 millones en el marco de sus Obligaciones Negociables PyME Serie I.
  • Garantizar SGR aseguró a los acreedores el cobro total de los montos adeudados.
  • Condiciones climáticas adversas y plagas agravaron la crisis financiera de la firma.
  • Se suma a otras empresas del agro que enfrentaron cesaciones de pago en el último año.

AMBA

Servicios: una familia ya destina casi el 15% de su salario a luz, gas, agua y transporte

Una familia necesita $268.405 por mes para cubrir luz, gas, agua y transporte. Aunque la canasta bajó 7,3% en septiembre, acumula un aumento del 55% interanual y del 867% desde diciembre de 2023.

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El costo de los servicios públicos continúa representando una parte significativa del presupuesto de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En septiembre, una familia promedio necesitó $268.405 mensuales para cubrir los gastos de electricidad, gas, agua y transporte, una cifra equivalente al 14,6% del salario promedio registrado estimado.

El dato surge de un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP UBA-CONICET, que fue procesado por la Agencia Noticias Argentinas. Según el relevamiento, la canasta de servicios públicos registró durante septiembre una baja del 7,3% respecto de agosto.

La caída estuvo vinculada principalmente con un menor consumo de electricidad y gas natural, que compensó los incrementos tarifarios registrados durante el período. El transporte, en cambio, tuvo una suba del 2,4% mensual.

Sin embargo, la reducción mensual no modifica la evolución acumulada de los servicios. En términos interanuales, la canasta aumentó 55%, mientras que el IPC se estima en un 33%. De esta manera, el incremento de los servicios públicos se ubicó 22 puntos porcentuales por encima de la inflación general.

Desde diciembre de 2023, la diferencia es todavía mayor: el costo de la canasta de servicios públicos aumentó 867%, mientras que el nivel general de precios se incrementó un 254%, según las estimaciones incluidas en el informe.

Transporte: el principal gasto de los hogares

El transporte representa el componente más importante de la canasta de servicios públicos y concentra el 47% del gasto total.

Para un hogar promedio, el desembolso mensual destinado a este rubro alcanza los $126.689. Además, fue el servicio que registró el mayor incremento interanual, con una suba del 70%.

El informe calcula que el costo técnico del boleto de colectivo alcanza los $2.096, mientras que el valor del boleto en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en $888, lo que genera una brecha del 136%.

Cuánto se paga por luz, gas y agua

El segundo componente de mayor peso corresponde a la energía. Para un usuario sin subsidios, la factura eléctrica alcanza los $49.770 mensuales, mientras que la factura de gas llega a $49.370.

En tanto, el servicio de agua potable representa un gasto mensual de $42.576.

En la comparación interanual, el transporte registró el mayor incremento, con 70%, seguido por la electricidad, con 48%; el gas, con 42%; y el agua, con 40%.

El Estado cubre el 46% de los costos

El relevamiento también analizó el nivel de cobertura estatal de los servicios públicos en el AMBA. Según el informe, los hogares pagan, en promedio, el 54% de los costos, mientras que el Estado cubre el 46% restante.

En materia de subsidios, los destinados a la energía representaron el 77% del total acumulado y aumentaron 52% interanual en términos nominales, equivalente a un incremento real del 16%.

Los subsidios al transporte, por su parte, registraron una caída del 27% en términos reales.

Qué proyecta el Presupuesto 2027

El informe también puso el foco en el esquema previsto para el próximo año. De acuerdo con el proyecto de Presupuesto 2027, se proyecta una reducción de los subsidios destinados a la energía y al transporte equivalente a 0,11 puntos del PBI.

El objetivo planteado es modificar el esquema actual de financiamiento y elevar la cobertura promedio del costo de abastecimiento por encima del 88% durante 2027. La evolución de ese esquema tendrá impacto directo sobre la proporción de los costos de los servicios que deberán afrontar los usuarios a través de las tarifas.

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