La Inspección General de Justicia (IGJ) dictó dos resoluciones que buscan facilitar el cumplimiento de obligaciones legales por parte de las entidades privadas. Por un lado, implementó una moratoria para la presentación de saldos atrasados; por otro, derogó el Registro de Entidades Inactivas (REI). Ambas tienen como objetivo desburocratizar el sistema y promover la regularización.

Fin del Registro de Entidades Inactivas

La Resolución General IGJ 3/2025 eliminó el REI, creado en 2010. Según el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, el registro no cumplió con sus objetivos iniciales y se convirtió en una fuente de confusión.

“El REI no reflejaba un panorama fidedigno sobre la inactividad de las personas jurídicas privadas y generaba incertidumbre para los sujetos interesados ​​y organismos de control”, explicó Vítolo.

Asimismo, indicó que la evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuestionó la utilidad del REI. Según el informe del organismo internacional, el registro generaba información confusa al incluir entidades activas que operan regularmente en el país y en el exterior.

La derogación del REI entrará en vigor el 1 de febrero de 2025.

Moratoria para la presentación de saldos

A través de la Resolución General IGJ 4/2025, la IGJ estableció un régimen especial para que las entidades puedan presentar sus estados contables adeudados correspondientes a los últimos 10 ejercicios cerrados hasta el 31 de agosto de 2024.

Las presentaciones podrán realizarse entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2025. Las entidades solo deberán abonar un formulario de «Presentación fuera de término de estados contables» sin que se apliquen sanciones adicionales.

Las fundaciones, además, deberán adjuntar un plan trienal de acción y otra documentación prevista en la normativa vigente.

Durante el período de la moratoria, quedará suspendido el inicio de procedimientos sumariales por incumplimientos de presentación de estados contables, salvo por orden judicial o denuncia de un tercero interesado.

Beneficios adicionales

Vítolo destacó que esta medida representa un «paso enorme para ayudar a las entidades a regularizar su situación». También anunció que se encuentra en diálogo con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA para establecer aranceles diferenciales bonificados en las legalizaciones de firmas contables requeridas por el régimen.