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La IGJ simplifica procesos y elimina el registro de entidades inactivas

Las entidades podrán regularizar su situación sin sanciones, abonando un único formulario de presentación fuera de término.

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La Inspección General de Justicia (IGJ) dictó dos resoluciones que buscan facilitar el cumplimiento de obligaciones legales por parte de las entidades privadas. Por un lado, implementó una moratoria para la presentación de saldos atrasados; por otro, derogó el Registro de Entidades Inactivas (REI). Ambas tienen como objetivo desburocratizar el sistema y promover la regularización.

Fin del Registro de Entidades Inactivas

La Resolución General IGJ 3/2025 eliminó el REI, creado en 2010. Según el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, el registro no cumplió con sus objetivos iniciales y se convirtió en una fuente de confusión.

“El REI no reflejaba un panorama fidedigno sobre la inactividad de las personas jurídicas privadas y generaba incertidumbre para los sujetos interesados ​​y organismos de control”, explicó Vítolo.

Asimismo, indicó que la evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuestionó la utilidad del REI. Según el informe del organismo internacional, el registro generaba información confusa al incluir entidades activas que operan regularmente en el país y en el exterior.

La derogación del REI entrará en vigor el 1 de febrero de 2025.

Moratoria para la presentación de saldos

A través de la Resolución General IGJ 4/2025, la IGJ estableció un régimen especial para que las entidades puedan presentar sus estados contables adeudados correspondientes a los últimos 10 ejercicios cerrados hasta el 31 de agosto de 2024.

Las presentaciones podrán realizarse entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2025. Las entidades solo deberán abonar un formulario de «Presentación fuera de término de estados contables» sin que se apliquen sanciones adicionales.

Las fundaciones, además, deberán adjuntar un plan trienal de acción y otra documentación prevista en la normativa vigente.

Durante el período de la moratoria, quedará suspendido el inicio de procedimientos sumariales por incumplimientos de presentación de estados contables, salvo por orden judicial o denuncia de un tercero interesado.

Beneficios adicionales

Vítolo destacó que esta medida representa un «paso enorme para ayudar a las entidades a regularizar su situación». También anunció que se encuentra en diálogo con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA para establecer aranceles diferenciales bonificados en las legalizaciones de firmas contables requeridas por el régimen.

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Tarifazo en transporte: más de un millón de personas dejó de usar el colectivo en un mes

Con otro aumento pactado para el 1 de septiembre, la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) confirmó que en agosto viajaron 1.150.000 personas menos que un año atrás. El gasto mensual en transporte roza los $124.000 por pasajero y representa el 43% de la canasta de servicios en el AMBA.

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El Argentino Diario-Colectivo línea 218.

Los números no dejan lugar para eufemismos: el ajuste tarifario sostenido sobre el transporte público empuja a miles de trabajadores fuera del colectivo. En agosto de 2026, los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires transportaron 7,7 millones de personas en días hábiles, lo que representa una caída del 12,9% interanual respecto al mismo período de 2025, según el informe mensual de la AAETA. En términos concretos, eso equivale a 1.150.000 personas menos que eligieron, o se vieron obligadas, a dejar el transporte público.

El golpe fue aún más pronunciado durante los feriados: la cantidad de pasajeros cayó de 4,3 millones a 2,5 millones, una retracción del 41,5% que revela que la demanda de transporte urbano ya no se sostiene ni en los momentos de menor presión laboral.

El costo de llegar al trabajo

Según un reporte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET (IIEP-UBA), en agosto una persona necesitó en promedio $123.726 para cubrir sus viajes de ida y vuelta en el transporte urbano durante el mes. El peso del gasto en transporte ya explica el 43% de la canasta de servicios de un hogar del AMBA, convirtiéndolo en el rubro de mayor incidencia sobre el ingreso de las familias trabajadoras de la región.

Lejos de aminorar, esa presión se profundizará: a partir del 1 de septiembre rige un nuevo aumento del 4,3% sobre las tarifas de colectivos. En las 28 líneas porteñas, el boleto mínimo escalará a $887,87, mientras que en las líneas del Gran Buenos Aires el piso ascenderá a $1.158,97. El cuadro tarifario completo quedará así:

Nuevas tarifas desde el 1 de septiembre

Capital Federal (líneas porteñas):

  • Hasta 3 km: $887,87
  • De 3 a 6 km: $986,57
  • De 6 a 12 km: $1.062,56
  • De 12 a 27 km: $1.138,61

Gran Buenos Aires (líneas bonaerenses):

  • Hasta 3 km: $1.158,97
  • De 3 a 6 km: $1.303,83
  • De 6 a 12 km: $1.448,71
  • De 12 a 27 km: $1.738,45
  • Más de 27 km: $2.043,84

El mapa territorial del ajuste: quiénes la sufren más

La retracción de pasajeros no fue homogénea. En las líneas municipales, aquellas numeradas desde el 500 en adelante, la caída rondó el 40%. Los distritos más golpeados del conurbano fueron Campana, con una retracción del 37,60%; Luján, con el 28,04%; y Berazategui, con el 21,80%. Los siguieron Ituzaingó (-21,63%) y José C. Paz (-21,55%), municipios del oeste donde el colectivo es prácticamente el único modo de transporte disponible ante la escasa cobertura ferroviaria.

En el otro extremo, los menores retrocesos se registraron en Brandsen (-8,45%), General San Martín (-8,73%) y San Fernando (-11,55%), municipios con mayor diversidad de opciones o acceso más directo a las líneas nacionales.

Un ajuste que se acumula desde diciembre de 2023

Los datos de agosto no son una anomalía; son la consecuencia lógica de una política de eliminación de subsidios al transporte que el gobierno de Javier Milei sostiene desde el inicio de su gestión. Según datos del IIEP-UBA y CONICET relevados durante 2026, el acumulado de aumentos en transporte desde diciembre de 2023 roza el 1.000%, el rubro que lidera la suba de precios de la canasta de servicios regulados muy por encima de la inflación general. La promesa de que el ajuste sería transitorio y que la desaceleración inflacionaria mejoraría el salario real choca, mes a mes, con la realidad de los trabajadores que deben elegir entre pagar el boleto o comer.

Que más de un millón de personas haya dejado de usar el colectivo en un solo mes no es una señal de eficiencia del mercado; es la radiografía de una crisis de movilidad que el ajuste libertario construyó, pero que quienes menos tienen están pagando.

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