Este martes 12 de agosto marca un momento decisivo para Argentina en el multimillonario juicio por YPF. La Corte de Apelaciones de Nueva York debe resolver si acepta el pedido argentino para mantener en suspenso el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena entregar las acciones de la petrolera como compensación por la expropiación realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012.

El caso, que se inició hace una década, tiene como trasfondo una demanda por US$ 16.100 millones, a los cuales se suman más de US$ 2 millones diarios de intereses. La jueza Preska determinó en junio pasado que este juicio se cancele con el 51% de las acciones que el Estado argentino posee en YPF.

Tres escenarios posibles para Argentina

La resolución de la Corte de Apelaciones plantea tres posibilidades concretas para el país:

Primera opción: Que se conceda a Argentina continuar la medida cautelar que suspende el traspaso de las acciones. Esto permitiría al país mantener el control sobre YPF mientras se desarrollan otras instancias judiciales.

Segunda opción: Que la Corte niegue la cautelar presentada por el Estado argentino. En este caso, la jueza Preska podría exigir la ejecución inmediata de las acciones. Sin embargo, Burford Capital, el financista de los demandantes, ya anticipó que no liquidará ese pago «como acto de buena fe».

Tercera opción: Que la Corte conceda la medida en suspenso, pero reconozca que pagar con acciones resulta prácticamente imposible para Argentina. En este escenario, el tribunal podría definir que el Gobierno ofrezca otros activos equivalentes, como bonos de mediano o largo plazo.

Las consecuencias del fallo

Si la Corte mantiene en suspenso la orden de entregar el 51% de acciones de YPF, se abrirá otra instancia judicial para definir sobre esa orden específica. Pero si no concede la suspensión total, Argentina enfrentará dos caminos: llegar a un acuerdo con los acreedores o no cumplir el fallo.

En caso de no cumplimiento, el país corre riesgo de entrar en desacato judicial, lo que podría derivar en el embargo de reservas del Banco Central (BCRA), restricciones para acceder a los mercados de capitales internacionales o embargos directos a activos de YPF.

El origen del conflicto: una promesa incumplida de los ’90

El juicio no cuestiona el derecho soberano de Argentina a expropiar la compañía, sino el incumplimiento de procedimientos específicos durante la reestatización. La demanda se basa en que el gobierno de Cristina Kirchner no realizó la Oferta Pública de Adquisición que establece el estatuto de YPF, omisión que perjudicó a inversores que habían comprado acciones en Nueva York, donde cotiza la petrolera.

Según recordó el diario Clarín, el conflicto tiene sus raíces en una promesa realizada por el gobierno de Carlos Menem en 1993, cuando privatizó YPF recaudando US$ 1.100 millones bajo las leyes del mercado de capitales estadounidense.

Los actores del conflicto

La historia que llevó a la reestatización de YPF involucra múltiples protagonistas. El Grupo Petersen había adquirido el 25% de YPF con fondos prestados por la propia Repsol, la empresa española que controlaba la petrolera. También participaron bancos internacionales como Credit Suisse, Goldman Sachs y Citibank.

Con Petersen como accionista, el gobierno de Cristina Kirchner decidió la expropiación a través de la Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, aprobada en mayo de 2012, que permitió expropiar el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol.

Petersen se había comprometido a pagar sus acciones con dividendos de la petrolera, pero cuando se nacionalizó YPF, la empresa prohibió los dividendos, llevando al grupo a la quiebra al no poder cumplir con los bancos acreedores.

Burford Capital: el financista del litigio

El juicio se inició en 2015, momento en que entró en escena Burford Capital, una compañía especializada en comprar derechos de litigio para financiar pleitos. La quiebra del Grupo Petersen recayó en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, que subastó el derecho a litigar.

Burford ganó la subasta y fue designada por el tribunal español para gestionar y financiar el litigio, aunque no es propietaria de las demandas. También financia el pleito de Eton Park, una empresa de inversiones neoyorquina. Tanto Petersen como Eton Park eran el segundo y tercer mayor inversor en YPF, respectivamente.

Cuando los acreedores cobren la demanda, un 70% irá a Burford Capital y el 30% corresponderá a la quiebra de las empresas del Grupo Petersen. Fuentes cercanas a los Petersen aseguraron a la agencia NA que «la familia Eskenazi puso 100 millones de dólares de fondos propios» en esa operación, información que está «certificada en la operación de compra».

Puntos clave:

• La Corte de Apelaciones de Nueva York define hoy si suspende la orden de entregar el 51% de YPF
• El juicio asciende a US$ 16.100 millones más US$ 2 millones diarios de intereses
• Argentina puede enfrentar embargo de reservas del BCRA si no cumple el fallo
• El conflicto se origina en procedimientos no cumplidos durante la expropiación de 2012
• Burford Capital financia el 70% del litigio contra Argentina