Un derrumbe del 19,28% en la Bolsa de Londres este lunes y una caída acumulada del 32% en el último mes: ese es el saldo bursátil de Rockhopper Exploration, la petrolera británica que insiste en avanzar con el proyecto Sea Lion en el área de las Islas Malvinas pese a las sanciones del Estado argentino y a la escalada de acciones legales y diplomáticas que el gobierno nacional ya puso en marcha.

Rockhopper, que posee el 35% de participación en Sea Lion, y Navitas Petroleum, la operadora israelí dueña del 65% restante, ratificaron públicamente su intención de seguir adelante con la exploración offshore sin el aval de la Argentina. La decisión le costó a la compañía británica una caída del 8,13% en los primeros dos días hábiles de octubre y un descenso cercano al 18% en septiembre, acelerando un ciclo bajista que amenaza la viabilidad financiera de todo el proyecto.

Sea Lion: el cronograma que Argentina impugna

El proyecto Sea Lion fue aprobado y financiado en su primera fase a fines de 2025. Esa primera etapa contempla 11 pozos de desarrollo. La perforación de producción está prevista para comenzar a principios de 2027 y la puesta en operación comercial está proyectada para el primer trimestre de 2028. Es decir que las empresas operan bajo un calendario concreto, pero lo hacen dentro de un territorio en disputa y contra la voluntad explícita del Estado argentino.

La Argentina no reconoce la jurisdicción del gobierno colonial británico sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, ni sobre los espacios marítimos circundantes, y considera ilegítima cualquier actividad de explotación de recursos naturales en esas áreas sin su consentimiento.

La respuesta argentina: sanciones, denuncias y arbitraje internacional

El gobierno de Javier Milei intensificó en las últimas semanas el frente de presión contra las empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en torno a las Malvinas. Las medidas incluyen expedientes sancionatorios, denuncias penales y acciones judiciales que colocan a Rockhopper y Navitas en una posición de creciente vulnerabilidad jurídica.

El paso más significativo fue la instrucción presidencial de iniciar un arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El proceso prevé la conformación de un tribunal de cinco árbitros y, antes de que esas designaciones se concreten, la Argentina podría presentarse ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales. Se trata de la vía multilateral más potente disponible para disputar la legitimidad del proyecto en el escenario jurídico internacional.

El mercado como termómetro de la incertidumbre

La reacción del mercado no es un dato menor. El desplome bursátil de Rockhopper refleja la percepción de los inversores sobre el nivel de riesgo que implica avanzar en un proyecto bajo sanciones estatales, con arbitraje internacional en curso y sin certezas jurídicas sobre la operabilidad futura. Una caída del 32% en un mes en cualquier plaza bursátil es una señal de alarma que los accionistas y los financiadores del proyecto difícilmente puedan ignorar.

El gobierno argentino, al intensificar las acciones legales y diplomáticas, opera también sobre esa dimensión: incrementar el costo financiero y reputacional de participar en Sea Lion hasta tornar el proyecto inviable sin necesidad de forzar una confrontación directa. Es una estrategia de presión acumulativa que, por ahora, muestra resultados medibles en la cotización bursátil de la principal empresa inversora.

Lo que tenés que saber:

• Rockhopper cayó un 19,28% en la Bolsa de Londres este lunes y acumula una baja del 32% en el último mes.
• La petrolera británica (35% de Sea Lion) y Navitas Petroleum (65%, operadora israelí) ratificaron que seguirán adelante con la exploración offshore en Malvinas pese a las sanciones argentinas.
• La primera fase del proyecto, con 11 pozos, fue financiada y aprobada a fines de 2025; la producción está prevista para el primer trimestre de 2028.
• El gobierno argentino instruyó el inicio de un arbitraje bajo la CONVEMAR y estudia solicitar medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
• Las acciones del Estado incluyen expedientes sancionatorios, denuncias penales y acciones judiciales contra las empresas operadoras.