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Judiciales ⚖️

Avión venezolano: la Fiscalía consideró procedente el pedido de incautarlo de EEUU

A principios de agosto el Departamento de Justicia de Estados Unidos transmitió una solicitud a las autoridades argentinas para incautar un avión de carga Boeing 747-300, luego de que se revelara una orden de incautación emitida por la corte de Distrito de Columbia el 19 de julio pasado.

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La fiscalía federal de Lomas de Zamora que interviene en la causa del avión venezolano retenido en Argentina desde hace más de dos meses consideró «formalmente procedente» el reclamo de la Justicia de los Estados Unidos de incautar el Boeing 747-300 de la empresa Emtrasur, informaron fuentes judiciales.

La fiscal Cecilia Incardona dictaminó que es «procedente» la incautación solicitada por un juez de Columbia (Estados Unidos), por lo que ahora el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, deberá decidir si acepta el pedido en el marco de los acuerdos internacionales de cooperación en materia de Justicia entre Argentina y el país del norte de América.

Se trata de un exhorto tramitado en el marco del tratado bilateral aprobado por ley argentina (24.034), por lo que se enmarca en un pedido de colaboración, explicaron fuentes del caso que detallaron que la fiscal sostuvo que el juez Villena es competente para definir y que el pedido reúne todos los requisitos formales necesarios.

Las fuentes judiciales resaltaron además, que el avión ya se encuentra incautado por la Justicia argentina, y que lo que ahora deberá definir el juez de Lomas de Zamora es si habilita su incautación también a la orden del juez de Columbia que lo reclamó a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

A principios de agosto el Departamento de Justicia de Estados Unidos transmitió una solicitud a las autoridades argentinas para incautar un avión de carga Boeing 747-300, luego de que se revelara una orden de incautación emitida por la corte de Distrito de Columbia el 19 de julio pasado.

En la orden de incautación de la Justicia de Columbia se indicaba que el avión de fabricación estadounidense «está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones» de ese país y que en este caso la violación estaría relacionada «con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní» a una firma venezolana.

Cuando se comunicó la decisión de la Justicia de Columbia, el departamento de Justicia norteamericano recordó también el supuesto vínculo de Mahan Air al Hezbollah con a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF), una organización sindicada como terrorista por los Estados Unidos.

La venta, según surge del comunicado, fue de Mahan Air a la «Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur, S.A. (Emtrasur), una aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A (Conviasa) , una empresa estatal venezolana», algo que también fue expuesto en la causa judicial que tramita en Lomas de Zamora, por los propios tripulantes del avión.

El dictamen de la fiscalía de Lomas de Zamora se conoció después de que ayer el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela criticara en duros términos a la fiscal Incardona.

Esas críticas generaron que la Procuración General de la Nación (PGN), interinamente a cargo de Eduardo Casal, enviara una nota a la cancillería argentina para expresar su «profunda preocupación institucional». El texto lleva la firma del titular de la secretaría de Coordinación Institucional de la PGN, Juan Manuel Olima Espel, y fue dirigido al secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Pablo Tettamanti.

Investigación 🔎

La inmobiliaria confirmó que el depto de Adorni vale $110.000 más de lo declarado

Los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación declararon este lunes ante la Justicia y certificaron que el inmueble en Caballito se ofrecía a US$ 340.000, mientras que el jefe de Gabinete lo escrituró por US$ 230.000.

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Las causas de presunta corrupción del gobierno libertario están vinculadas a estos cuatro rostros.

Caso Adorni: la brecha de US$ 110.000 entre el precio real y el declarado complica al jefe de Gabinete

★ El caso Adorni sumó este lunes un nuevo capítulo de peso en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que instruye el fiscal federal Gerardo Pollicita y tiene a cargo el juez Ariel Lijo. La martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, titulares de la inmobiliaria que participó en la operación del departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, declararon en Comodoro Py y ratificaron que el inmueble tenía un valor de mercado US$ 110.000 mayor al precio oficialmente escriturado por el jefe de Gabinete.

El precio que no cierra

Rucci y Trimarchi confirmaron ante el fiscal Pollicita que el departamento, ubicado en un edificio del barrio de Caballito, se ofrecía originalmente a US$ 340.000. Sin embargo, la operación por la cual Manuel Adorni adquirió el inmueble se escrituró por US$ 230.000, una diferencia de 110.000 dólares que la Justicia busca explicar.

Los declarantes también confirmaron que la propiedad había sido remodelada, circunstancia que elevaba su valor en el mercado y refuerza la hipótesis fiscal de que el precio declarado no refleja el valor real de la transacción.

La modalidad «inusual» que llamó la atención

Uno de los puntos que más peso adquirió en la declaración fue la calificación de Rucci sobre la forma de pago. La martillera describió como un hecho «poco frecuente» que Adorni adquiriera el departamento en 12 cuotas sin interés, dado que se trata de una modalidad inusual en el sector inmobiliario argentino.

Rucci también aclaró que no estuvo involucrada en la hipoteca vinculada a la transacción, aunque señaló que le ofreció la posibilidad de vender el inmueble al hijo de una de las mujeres relacionadas con la compra-venta, Pablo Feijoo. Según declaró, la respuesta de Feijoo fue que «ya tenía un interesado».

Feijoo, el nexo entre las partes

Según las actuaciones judiciales hasta el momento, Pablo Feijoo habría sido quien articuló los contactos entre todas las partes de la operación: su madre, otra jubilada y el propio Adorni. La transacción quedó escriturada en US$ 230.000, con la particularidad de que US$ 30.000 se pagaron en efectivo y US$ 200.000 en cuotas sin interés, con vencimiento en noviembre de este año.

Este miércoles 22 de abril, Feijoo deberá presentarse en Comodoro Py ante el fiscal Pollicita. La citación incluye la obligación de poner a disposición su celular y todos los comprobantes de gastos vinculados a la propiedad y a la transacción.

La agenda judicial que viene

La causa tiene marcados varios hitos en los próximos días. El viernes 25 será el turno de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que compró la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. La ronda de declaraciones cerrará el 27 de abril con Juan Cosentino, responsable de vender esa propiedad del barrio privado al matrimonio Adorni-Angeletti.

Como informó este medio en entregas anteriores, la causa también examina los vuelos privados al exterior financiados por terceros, el levantamiento del secreto bancario y fiscal del matrimonio, y los vínculos entre la compra-venta y figuras del entorno del Gobierno nacional.

Puntos clave

  • La inmobiliaria que intervino en la operación confirmó que el departamento de Caballito se ofrecía a US$ 340.000, unos US$ 110.000 más que el precio escriturado por Adorni.
  • La martillera Natalia Rucci calificó de «poco frecuente» la compra en 12 cuotas sin interés pactada por el jefe de Gabinete.
  • Pablo Feijoo, quien habría articulado la operación entre su madre, otra jubilada y Adorni, deberá declarar el miércoles 22 y entregar su celular y comprobantes.
  • El viernes 25 declara el contratista que refaccionó la casa del country Indio Cuá, propiedad de la esposa de Adorni.
  • El 27 de abril cierra la ronda de testimonios con el vendedor de la propiedad en el barrio privado.

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