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Un hombre llevará el apellido de su padre desaparecido en Río Negro durante la última dictadura

El padre del hombre, que permanece desaparecido, fue secuestrado el 12 de junio de 1976 cuando fuerzas militares rodearon el domicilio de la familia y «en el expediente del juzgado civil 3 de Cipolletti quedó reconstruida parte de la historia», según se informó.

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El hijo de un detenido desaparecido durante la última dictadura cívico militar consiguió ser inscripto como hijo biológico de su padre, secuestrado por efectivos del Ejército en el Alto Valle de Río Negro, según indicaron fuentes judiciales.

El padre del hombre, que permanece desaparecido, fue secuestrado el 12 de junio de 1976 cuando fuerzas militares rodearon el domicilio de la familia y «en el expediente del juzgado civil 3 de Cipolletti quedó reconstruida parte de la historia», según se informó.

La información oficial, que no reveló la identidad del hijo del detenido desaparecido, precisó que su madre estaba embarazada de cuatro meses cuando en 1976, agentes del Ejército secuestraron a su pareja en el Alto Valle de Río Negro. En ese marco, la mujer se exilió en Paraguay y formó familia con otra persona. Y tiempo después su bebé nació y fue inscripto únicamente con el apellido materno.

Más adelante, cuando el hombre que interpuso la demanda cumplió 25 años conoció su verdadera historia y decidió empezar a reconstruir sus vínculos.

Así, encontró a un hermano de su padre desaparecido, pero las pruebas de ADN realizadas con esa persona no fueron concluyentes para determinar su filiación.

El Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial recomendó, entonces, un cotejo con los progenitores de su padre, previa exhumación de los cuerpos y luego de efectuar averiguaciones supo que en 2010 los cadáveres habían sido trasladados a un osario común.

En esa instancia no contaba ni con el cuerpo de su padre, ni con los de sus abuelos, mientras que la prueba de ADN practicada con el tío solo configuraba un indicio, no era concluyente.

La justicia consideró, entonces, que «el accionante se encuentra en una situación ciertamente delicada, pues en lo que atañe a su identidad; se le ha suprimido el dato de su ascendiente en el documento respectivo».

Por ello tomó como pruebas el informe de la Conadi respecto al caso, el testimonio de la madre y del hombre que le dio el apellido y en ese aspecto se realizó un juicio de impugnación de paternidad en Buenos Aires.

También consideró la corroboración de la historia que provino por parte de otra mujer que estaba casada legalmente con el desaparecido.

Lo mismo hizo con el expediente del juicio de lesa humanidad que se hizo en Neuquén y las fotografías obrantes en el informe del Banco Nacional de Datos Genéticos, que demuestran similitud de algunos rasgos faciales entre el hombre y su tío.

En ese marco se reconoció que la ley 23.511 le otorgó a la prueba biológica (ADN) el carácter de ineludible, a la par de crearse el Banco Nacional de Datos Genéticos, aunque admitió que insistir en la prueba del ADN en relación a los abuelos demostraría un excesivo rigorismo en desatención a otras mandas legislativas.

Además, ponderó que en el caso se presentan otros elementos que permiten un abordaje integral de la prueba, sopesando también los bienes y principios comprometidos en el proceso.

En función del análisis hizo lugar a la acción de filiación y ordenó al Registro Civil y Capacidad de las Personas que inscribiera al hombre como hijo biológico de su padre desaparecido.

Finalmente, se informó que el caso fue presentado ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén en uno de los juicios de lesa humanidad.

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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