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Judiciales

“Nadie filma; nadie dice nada”, la orden de un policía de la Ciudad oída por médica del SAME

El crimen de Lucas González suma cada ves detalles más escabrosos, la testigo dijo que “las personas que estaban trabajando estaban muy nerviosas, se veía que no era un hecho habitual”, aseguró Miriam Sosa.

Publicado hace

2 meses

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La médica del SAME que asistió a Lucas González poco después de que recibiera una bala policial en la cabeza cuando iba con tres amigos en un auto por el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021, dijo hoy, al declarar como testigo, que escuchó a un efectivo decir a otros “nadie graba, nadie vio nada” y que percibió en el lugar “un clima tenso, de mucho nerviosismo”.

“Cuando llegamos vi una escena bastante impactante, no era habitual: muchos efectivos, un vehículo en que había una persona joven en grave estado, todavía con vida. Eran heridas de arma de fuego, con pérdida de masa encefálica. En la escena había mucha sangre, no era algo que veía todos los días, era impactante. La escena era tensa, las personas que estaban trabajando estaban muy nerviosas, se veía que no era un hecho habitual”, aseguró la médica del SAME Miriam Sosa, la primera profesional en atender a Lucas y trasladarlo al Hospital Penna.

Sosa afirmó que mientras daba las primeras atenciones al paciente escuchó que un policía les gritaba a otros colegas “nadie graba, nadie vio nada”.

“Era un efectivo bastante grande, corpulento, que gritaba de manera seria. No se dirigió a mi sino a sus efectivos. Ahí me percaté de que la situación era muy grave. Los policías estaban súper nerviosos, me preguntaban cómo estaba el paciente”, afirmó la médica.

Luego, recreó la escena diciendo que fue algo “de película”, ya que, según representó, el policía que hizo la advertencia señaló al resto con el dedo índice mientras daba un giro de 360 grados diciéndoles “nadie filma”.

Sobre el adolescente, la médica expresó que se encontraba con vida, lleno de sangre, pero en una situación de extrema gravedad.

La profesional detalló que en la ambulancia viajó junto a ellos un policía y agregó que, desde que se enteró de lo ocurrido por los medios de comunicación, tiene “miedo”.

“Yo tengo miedo. En el momento no porque no sabía lo que había pasado, pero ahora me da miedo porque sé que hay mucho en juego de todas las partes. Hubiera preferido no haber estado en ese lugar”, sostuvo con la voz entrecortada, tras lo cual aseguró que no pudo volver a “trabajar tranquila”, ya que se siente “amenazada” y no se puede olvidar de lo que ocurrió.

Por último, la mujer afirmó que no vio ese día ningún arma de fuego junto al cuerpo de Lucas ni dentro del auto Volkswagen Suran en el que se encontraba la víctima junto con sus tres amigos.

Antes de final su declaración, la médica recordó que, cuando ingresó junto al paciente a la sala del shockroom del Hospital Penna, cayeron del cuerpo del adolescente “dos o tres” elementos que describió como “cartuchos”, aunque no pudo determinar si eran de plástico o de metal.

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Argentina

PreDictadura | Causa Villazo: piden prisión preventiva para 20 acusados

El “Villazo” se inició el 20 de marzo de 1975, cuando un conjunto de tropas militares, policiales y parapoliciales “ocupó” la ciudad ubicada en el sur de Santa Fe y cometió homicidios, secuestros y tormentos sobre militantes sindicales y políticos.

Publicado hace

16 horas

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01.06.2023

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El equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario solicitó al Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) que dicte prisión preventiva a los 20 procesados por delitos de lesa humanidad en la causa conocida como “Villazo”, que aguardan el juicio en libertad, informaron fuentes del organismo.

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A través de una presentación escrita ante el TOF1 de Rosario, la APDH requirió esa medida frente al “peligro de fuga y entorpecimiento procesal” de los imputados que permanecen en libertad, indicaron a Télam fuentes de la querella.

El organismo defensor de los derechos humanos recordó que en la causa hay un solo procesado que cumple prisión preventiva, mientras que otros cuatro fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.

En un comunicado señalaron que “los demás, que gozan impunemente de libertad, representan un serio y real riesgo de fuga y con ello, la frustración del inicio del juicio que ya lleva 48 años de espera”.

Si bien el Tribunal aún no fijó la fecha de inicio del proceso oral por los hechos conocidos históricamente como “Villazo”, por la ocupación militar, policial y paramilitar de la ciudad santafesina de Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 1975, está previsto que se sustancie en el segundo semestre de este año, indicaron desde la delegación local de la APDH.

“La petición exige que los procesados por la causa del ‘Villazo’ esperen el inicio de juicio con la imposición de prisión preventiva en cárcel común”, indicó el organismo.

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La causa por el “Villazo” juzgará homicidios, torturas, privación ilegal de la libertad y asociación ilícita, cometidos en perjuicio de 67 víctimas, en su mayoría integrantes de la Lista Marrón de la delegación Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Alberto Piccinini, que entonces estaba enfrentada a su conducción nacional, en manos del histórico dirigente Lorenzo Miguel.

El único imputado que se encuentra con prisión preventiva es el expolicía federal Roberto Raúl Squiro, mientras que los acusados Roberto Pellegrini, Ricardo Torralvo, Antonio Federico Bossié y Bernardo Luis cumplen prisión domiciliaria.

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Los restantes 20 procesados están en libertad a la espera de la realización del juicio.

“Desde la APDH exigimos proteger este proceso de lesa humanidad, que tanto camino ha recorrido en estos 10 años de lucha judicial y en las calles de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos”, agregó la querella de la APDH.

El “Villazo” se inició el 20 de marzo de 1975, cuando un conjunto de tropas militares, policiales y parapoliciales “ocupó” la ciudad ubicada en el sur de Santa Fe y cometió homicidios, secuestros y tormentos sobre militantes sindicales y políticos.

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Según la investigación, ese proceso represivo ofició como “laboratorio” de lo que un año después se extendería a todo el país tras el golpe de Estado a la presidenta María Estela Martínez de Perón.

Entre los acusados hay dos empleados jerárquicos de la empresa Acindar, que de acuerdo a la investigación prestó sus instalaciones para la represión ilegal de sus obreros, brindó información sobre ellos y pagó sobresueldos a policías para la persecución de los militantes de la Lista Marrón de la UOM.

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