Movimientos Sociales
Organizaciones sociales anunciarán «un plan de lucha en conjunto» en el Obelisco
«Mañana se va a estar realizando una conferencia de prensa de casi la mayoría de las organizaciones sociales, populares y piqueteras que representan, con sus diferencias, al sector de trabajadores de la economía popular», adelantó el referente de la UTEP Nicolás Caropresi.
Organizaciones sociales, políticas y sindicales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Unidad Piquetera (UP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la CTA Autónoma ofrecerán mañana a las 11 una conferencia de prensa en el Obelisco para anunciar «un plan de lucha en conjunto».
«Mañana se va a estar realizando una conferencia de prensa de casi la mayoría de las organizaciones sociales, populares y piqueteras que representan, con sus diferencias, al sector de trabajadores de la economía popular», adelantó el referente de la UTEP Nicolás Caropresi.
Caropresi confió que se dará «inicio a un plan de lucha», ya que «resulta insostenible esta situación donde se está priorizando el ajuste que propone el Fondo Monetario Internacional (FMI) por sobre el hambre del pueblo», expresó.
Voceros de las agrupaciones adelantaron que se anunciará una «masiva concentración para la semana próxima» que podría ser «el jueves 18, frente al Ministerio de Desarrollo Social».
«No podemos salir adelante con este acuerdo de ajuste con el FMI, mientras la emergencia alimentaria es insostenible en nuestros barrios», afirmaron las organizaciones en un comunicado. Explicaron que pedirán «financiamiento para obras, herramientas y equipamiento» de las unidades productivas.
«No al recorte del programa Potenciar Trabajo, aprobación de todos los convenios impagos para la obra pública que la ministra de Desarrollo Social mantiene frenado y rechazo al acuerdo con el FMI», enumeró la delegada nacional del FOL, Marianela Navarro, sobre las consignas.
Otro de los reclamos es «acelerar la llegada de alimentos a comedores y espacios comunitarios» y «garantizar el aguinaldo a los trabajadores de la Economía Popular».
«No están llegando los alimentos a ninguna organización a lo largo y ancho del país, y le guste a quien le guste, hoy las organizaciones sociales son las que se encargan de distribuir esos alimentos a través de los comedores barriales, en lugares donde el Estado no llega de ninguna otra manera», amplió Caropresi.
Anticipó que pedirán «un aumento, bono o aguinaldo» para el sector de la economía popular, frente a «los altos índices de inflación».
El líder de la UP, Eduardo Belliboni, destacó la «gran unidad» entre las agrupaciones y remarcó que la convocatoria es una «novedad política» ya que «antes había organizaciones ligadas al oficialismo que no estaban saliendo».
«Muy importante esta unidad de cara al ajuste que estamos sufriendo y obviamente, al que se viene, frente al pacto del FMI», resaltó Belliboni.
Economía 💲
Morosidad al 12,7% y 30.000 pymes cerradas: la otra cara del supuesto “éxito” económico que Milei vende al mundo
La CGT, las CTA, la UTEP y cámaras pymes tomaron las calles de Buenos Aires este jueves para reclamar contra el endeudamiento de las familias y el cierre de miles de pequeñas empresas. La movilización ocurrió el mismo día en que Javier Milei expuso en el lujoso hotel Alvear ante el Council of the Americas, mientras Luis Caputo insiste en que las deudas de los hogares son «un asunto entre privados».
La imagen fue elocuente: mientras Javier Milei disertaba ante ejecutivos y representantes del capital internacional reunidos en el hotel Alvear para la edición 2026 del Council of the Americas, a pocas cuadras de allí la CGT, las dos CTA, la UTEP y decenas de cámaras pymes marchaban hacia el Ministerio de Economía y la Plaza de Mayo. El contraste no fue casual. Fue, en todo caso, la radiografía más precisa del país que el modelo libertario está construyendo: uno para los que tienen acceso al poder financiero y otro para los millones que acumulan deudas para pagar la luz, la nafta y la comida.
Una jornada, dos columnas y una misma crisis
Las columnas sindicales y sociales concentraron desde las 14 en Paseo Colón y Estados Unidos y en la esquina de Independencia y Paseo Colón, para converger luego frente al Palacio de Hacienda, en Hipólito Yrigoyen 250. El eje del reclamo fue el desborde del endeudamiento familiar: millones de hogares que tomaron créditos para afrontar gastos esenciales y que hoy no pueden pagar. La UTEP, conducida por Alejandro Gramajo, llamó a una «masiva movilización» y advirtió que la falta de acceso al crédito formal empuja a los sectores populares hacia el financiamiento informal. «La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar», señalaron en el comunicado de convocatoria.
Simultáneamente, referentes de cámaras pymes se concentraron en Plaza de Mayo en el marco del Día del Empresario Nacional. La convocatoria reunió a la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero (CIM), la Fundación Pro Tejer, la Cámara Económica Sanmartinense, PYME SUR, la Confederación General de la Producción y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín, entre otras organizaciones. El sector estima que unas 30.000 empresas dejaron de operar desde que asumió Milei y reclama que el Congreso avance con la Ley de Emergencia PyME impulsada por ENAC, que contempla medidas específicas para sostener la actividad productiva.
Los números del BCRA: la morosidad que el Gobierno llama «privada»
El reclamo callejero tiene sustento en datos inapelables. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento de los préstamos a familias trepó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. En menos de dos años, la morosidad se quintuplicó. En el segmento de fintech y billeteras virtuales, la situación es aún más crítica: un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense ubicó la mora en torno al 33% de los deudores. El mismo informe indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas activas.
Esos números no son solo estadísticas. Son familias que pidieron prestado para comprar alimentos, pagar una factura de gas o costear un turno médico. Son jubiladas, trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas que hoy están atrapados en una espiral de intereses que el Estado nacional se niega a desactivar.
La respuesta del Gobierno: que lo arregle el mercado
La postura oficial frente a esta emergencia social fue coherente con la filosofía del modelo. El 2 de agosto, en una entrevista en LN+, Milei rechazó cualquier forma de asistencia estatal y preguntó: «¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás». El ministro de Economía, Luis Caputo, definió el endeudamiento familiar como «un tema entre privados» durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó la implementación de un «plan platita» para los deudores en mora.
La lógica es conocida: el Estado ausente como virtud. El problema es que esa abstención no opera en el vacío, sino sobre un tejido social que acumula años de ajuste, tarifazos y pérdida de poder adquisitivo. Según datos del IIEP (UBA-CONICET), los servicios públicos acumularon subas superiores al 525% desde diciembre de 2023. El transporte subió cerca del 900%, el gas más del 700%. En ese contexto, endeudarse no fue una elección: fue la única estrategia de supervivencia disponible para millones de personas.
El Congreso, con cerca de 30 proyectos y sin dictamen
La problemática llegó al Poder Legislativo. Distintos bloques de la oposición presentaron cerca de 30 iniciativas. Entre las más relevantes, una propuesta de los diputados Diego Giuliano y Caren Teep plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante una línea de crédito de la ANSES destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas, con créditos de hasta $1,5 millones y cuotas que no superen el 30% del ingreso neto. Otra iniciativa propone condonar al menos el 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados con planes de hasta 60 meses. También se presentó la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE) y, en el Senado, un proyecto con quitas de intereses y financiación de largo plazo.
La Fundación Alameda y más de 40 organizaciones también lanzaron una campaña de recolección de firmas para impulsar una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas avanzó en el Congreso, donde el oficialismo mantiene capacidad de bloqueo suficiente para impedir la formación de dictámenes.
Council of the Americas: el otro país
Mientras todo esto ocurría en las calles, Javier Milei participó de la edición 2026 del Council of the Americas en el hotel Alvear, el espacio de encuentro anual entre el poder político y el capital financiero internacional. La elección del escenario no es menor: la gestión libertaria construyó su narrativa económica sobre la promesa de integración a los mercados globales y la confianza de los inversores externos. Ese relato se sostiene mientras las familias se endeudan a tasas usurarias para llegar a fin de mes y las pymes cierran por cientos cada semana. La contradicción no es un accidente: es el modelo.
Puntos clave
- La morosidad en créditos a familias trepó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,7% en junio de 2026, según el BCRA.
- En el segmento fintech, el 33% de los deudores está en mora, según la Defensoría del Pueblo bonaerense.
- Las organizaciones pymes estiman que unas 30.000 empresas cerraron desde la asunción de Milei.
- Hay cerca de 30 proyectos legislativos sobre endeudamiento familiar, ninguno con dictamen.
- El Gobierno rechazó cualquier intervención estatal y calificó el problema como «un asunto entre privados».
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