Judiciales ⚖️
Atentado a Cristina: la Cámara rechazó la domiciliaria para Carrizo e instó a avanzar a juicio oral
Los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones resolvieron «confirmar la resolución de fecha 10 de febrero de 2023 en cuanto a que no hizo lugar a la detención domiciliaria de Gabriel Nicolás Carrizo», procesado con prisión preventiva como partícipe secundario del ataque.
La Cámara Federal porteña rechazó este miércoles el pedido de la defensa de Nicolás Carrizo para que sea enviado a prisión domiciliaria mientras dure la investigación del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en el mismo fallo instó a la jueza María Eugenia Capuchetti a avanzar en dirección a la elevación de la parte principal del caso a juicio oral, informaron fuentes judiciales.
Los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones resolvieron «confirmar la resolución de fecha 10 de febrero de 2023 en cuanto a que no hizo lugar a la detención domiciliaria de Gabriel Nicolás Carrizo», procesado con prisión preventiva como partícipe secundario del ataque, y resaltaron que aún se encuentra «configurado en el caso la posibilidad de entorpecimiento de la investigación», según surge del fallo.
En la misma resolución, y a través de dos votos diferenciados, los magistrados instaron a la jueza federal Capuchetti a avanzar en dirección al juicio oral y público por el hecho ocurrido el 1 de septiembre último por el que, además de Carrizo, se encuentran detenidos los acusados de ser los autores de la tentativa de homicidio: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dispusieron mediante un voto conjunto «instar a la a quo -teniendo en cuenta lo manifestado acertadamente por la defensa- que frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal», lo que implicaría llevar el caso a juicio oral y público.
Por su parte, el juez Mariano Llorens sostuvo que «más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella -las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva».
La querella realizó en el último tiempo diversos planteos para que se investigue si existen autores intelectuales que operaron por detrás de Sabag Montiel y Uliarte, a la vez que pidió que se investigue si por acción u omisión tuvo alguna participación en el intento de magnicidio.
Judiciales ⚖️
Reforma laboral: el Gobierno acudió a la Corte con un “per saltum” para destrabar la ley
A través de la Procuración del Tesoro, el Ejecutivo busca que el máximo tribunal revierta la suspensión de más de 80 artículos de la nueva norma. Con el argumento de la ‘gravedad institucional’, la administración libertaria intenta saltear las instancias inferiores tras el freno judicial obtenido por la CGT.
El Gobierno nacional presentó este viernes un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que el máximo tribunal intervenga de manera urgente en el conflicto por la reforma laboral. La movida judicial, impulsada por la Procuración del Tesoro que encabeza Rodolfo Barra, busca dejar sin efecto la medida cautelar que mantiene suspendidos más de 80 artículos clave de la Ley 27.802, tras un fallo del fuero laboral que hizo lugar a una demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
La estrategia oficial consiste en saltear las instancias judiciales intermedias para evitar el paso por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tribunal al que el Ejecutivo cuestiona por su supuesta falta de competencia para decidir sobre una ley de alcance nacional. Según la presentación, la vigencia de la cautelar dictada a fines de marzo genera una situación de «gravedad institucional» y una incertidumbre jurídica que afecta la aplicación de una reforma considerada central por la administración de Javier Milei para la reactivación económica.
El choque de poderes en la Justicia
El recurso apunta a que la Corte Suprema declare la plena validez de la norma y unifique criterios ante la dispersión de fallos en distintos juzgados federales. Desde la Secretaría de Trabajo sostienen que la ley fue aprobada democráticamente por el Congreso el pasado 27 de febrero y que el fuero laboral no puede erigirse como un bloqueador de políticas públicas nacionales. Los artículos en disputa afectan desde los períodos de prueba y los cálculos de antigüedad hasta las limitaciones al derecho de huelga y el sistema de aportes sindicales, puntos que la CGT denunció como violatorios de la libertad gremial y de los derechos constitucionales del trabajador.
Con esta jugada, el Gobierno busca acelerar los tiempos en un escenario de creciente presión sindical y conflictividad social. La Corte, que ahora tiene la última palabra, deberá definir si habilita el mecanismo excepcional del per saltum para tratar el fondo de la cuestión o si devuelve el expediente a las instancias previas, lo que prolongaría el freno a una de las reformas más ambiciosas y controvertidas del ciclo libertario.
Puntos clave:
- * El Ejecutivo presentó un «per saltum» ante la Corte Suprema para validar la reforma laboral.
- * La Procuración del Tesoro busca revertir la cautelar que suspendió más de 80 artículos de la ley.
- * El Gobierno argumenta «gravedad institucional» ante el freno judicial obtenido por la CGT.
- * El recurso intenta saltear la Cámara del Trabajo para obtener una resolución inmediata del máximo tribunal.
- * La disputa se centra en cambios sobre indemnizaciones, períodos de prueba y derechos sindicales.
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