El 99% de las personas que consultan a la línea telefónica 137 sobre deberes de responsabilidad parental o familiar son mujeres cis, trans o travestis, según un informe de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia que se publicó hoy, por lo que la directora de este organismo, Gabriela Carpineti, resaltó la necesidad de tomar este problema como «un conflicto de interés público».

«Es un conflicto de interés público, es decir, no es un conflicto personal, particular, aislado, sino que atraviesa a una proporción importante de las mujeres y también es causal de la feminización de la pobreza. Por eso el Estado tiene que tomar una posición y tener intervención», dijo la directora Carpineti, sobre la falta de pago de la cuota alimentaria.

El informe «Incumplimiento de la obligación alimentaria: derechos vulnerados y un desafío de primer orden en las políticas públicas para el acceso a la justicia», que lanzó hoy la Dirección dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos arroja luz sobre este problema, que afecta principalmente a las mujeres, y elaboró una serie de recomendaciones para tratarlo.

De las 91.973 personas que se atendieron a través de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) entre enero de 2022 y febrero de 2023, el 7,23% consultó sobre deberes de responsabilidad parental o familiar; mientras de las 3.293 que lo hicieron por la línea 137, el 13,73% lo hizo para preguntar sobre este problema en el mismo período de tiempo.

De ese universo de personas que solicitaron atención, la gran mayoría son mujeres cis, trans o travestis.

En este sentido, del total de personas que consultaron a través de la línea 37, el 99% son mujeres, mientras el 73% de quienes lo hicieron consultando en los CAJ son mujeres, travestis o trans, según datos recopilados por el Sistema Informático de los Centros de Acceso a la Justicia (SICAJ).

En el informe también se recopilan datos recabados por otros organismos que advierten sobre esta problemática.

En este sentido, el informe «Incumplimiento de la Obligación Alimentaria en PBA. Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género» del 2022 del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, relevó que el 51,2% de las mujeres encuestadas no percibía ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijos.

En cuanto a los factores vinculados a la falta de pago de la cuota alimentaria, Carpineti resaltó que «se ha naturalizado que la responsabilidad sobre los hijos y las hijas es de las mujeres» y que es un tema tratado como «un problema particular o de pareja» cuando en realidad es «de interés público».

«Es fundamentalmente un derecho de las infancias y las adolescencias que quedan a cargo de mujeres en hogares monomarentales», destacó.

Además, explicó que muchas madres «no quieren iniciar acciones judiciales o de reclamo prejudiciales» para no «encontrarse con respuestas desfavorables o violentas y procesos desgastantes», al tiempo que «los patrocinios de abogados son costosos».

«Frente a este problema, señalado como estructural y extendido en toda la sociedad argentina, el Estado interviene de forma desarticulada, ineficaz y revictimizante», advirtió el informe del Ministerio de Justicia publicado hoy.

Para atender este problema, el documento enumeró una serie de recomendaciones como impulsar la creación de una Mesa de Trabajo Operativa por el Derecho a la Cuota Alimentaria, convocando a funcionarias y responsables de los tres poderes del Estado y una formación específica en la materia para operadores judiciales y profesionales del Derecho.

También garantizar el patrocinio jurídico gratuito a progenitoras que requieran acompañamiento para judicializar las situaciones de incumplimiento, mejorar los sistemas de registros de deudores alimentarios e impulsar la creación de una Canasta Básica del Costo del Cuidado, entre otros puntos.

«Necesitamos que el Poder Judicial comprenda que los hijos y las hijas comen todos los días. Necesitamos celeridad en los procesos de notificación y medidas provisorias activas mientras dure el proceso hasta la sentencia definitiva», agregó Carpineti.