Investigación 🔎
Seis meses de angustia: cientos de familias aún no saben si su ser querido fue víctima del fentanilo letal
A más de medio año del inicio de la causa judicial, persiste la incertidumbre entre cientos de familias que perdieron seres queridos y sospechan que fueron inoculados con el opioide adulterado de los laboratorios de García Furfaro. La tragedia sanitaria sigue sumando casos mientras la Justicia investiga 173 fallecimientos.
★ Pasaron más de seis meses desde que estalló el escándalo del fentanilo contaminado producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes al mega empresario Ariel García Furfaro, y la pesadilla continúa para decenas de familias que todavía no saben si sus seres queridos fueron víctimas de esta tragedia sanitaria.
En mayo de 2024 comenzó la investigación judicial tras detectarse que ampollas de fentanilo contaminadas con las bacterias Klebsiella pneumoniae MLB y Ralstonia pickettii estaban vinculadas con varias muertes en hospitales de La Plata y Rosario. Lo que parecía un hecho aislado se transformó en la peor tragedia sanitaria del país.
La causa crece semana a semana
El juez Ernesto Kreplak investiga actualmente 173 fallecimientos en la causa FLP 17371/2025, aunque el número sigue en aumento. Cada semana, en los grupos de WhatsApp y redes sociales creados por familiares de víctimas, se suman nuevos casos de pacientes que murieron meses atrás tras recibir fentanilo en hospitales públicos y privados.
La principal incógnita que persiste es determinar si el opioide administrado pertenece a los lotes 31.202 (con 154.530 ampollas) y 31.244 (con 151.430 unidades), los dos que se encuentran bajo investigación oficial. Sin embargo, existe la sospecha de que podrían ser muchos más los lotes contaminados que aún no fueron incorporados a la causa.
La búsqueda desesperada de respuestas
Frente a este escenario de incertidumbre, quienes representan legalmente a varias familias y otros que se convirtieron en «investigadores» informales ayudan a los familiares a acceder al dato crucial: qué lote de fentanilo le suministraron al paciente.
Esta información se obtiene a través de la historia clínica y el parte hospitalario. Si el lote coincide con alguno de los investigados, la familia debe presentarse ante la Justicia para incorporar el caso al expediente.
El informe forense que confirma lo peor
A principios de noviembre, el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia presentó un nuevo informe devastador. Según el documento, el opioide contaminado fue el factor determinante en 38 muertes de las 40 muestras analizadas en la última actualización del estudio.
El informe, que amplió el análisis inicial con 20 casos más a fines de octubre, determinó que en 38 casos «la administración del opioide contaminado fue clave en el desenlace fatal de los pacientes». Solo en dos casos no se pudo establecer un vínculo directo.
Diputados: «No fue un accidente, fue una cadena de fallas evitables»
El pasado 3 de diciembre, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó durante meses la tragedia presentó su informe final con conclusiones lapidarias.
Según los legisladores, el Estado argentino no garantizó la trazabilidad del fentanilo ni ejerció un control efectivo sobre los laboratorios involucrados. El documento también denuncia que hospitales ocultaron casos y que las autoridades de ambos laboratorios elaboraron documentación «a posteriori».
Los organismos de control, según la Comisión, actuaron tarde y de manera deficiente. El informe concluye que «las muertes por fentanilo contaminado no fueron un accidente, sino una cadena de fallas evitables, ocultamientos, falta de control y un laboratorio que operaba con registros inconsistentes», situación confirmada incluso por empleados de las propias plantas.
La tragedia del fentanilo contaminado desnudó las profundas falencias del sistema de control sanitario argentino y dejó a cientos de familias en la búsqueda de verdad y justicia, mientras el Estado parece haber llegado tarde para evitar lo que terminó siendo una catástrofe anunciada.
Puntos clave:
• La investigación judicial por fentanilo contaminado cumplió seis meses con 173 fallecimientos bajo análisis
• Familias aún buscan determinar si sus seres queridos recibieron ampollas de los lotes 31.202 y 31.244
• Un informe forense determinó que el opioide adulterado fue determinante en 38 de 40 muertes analizadas
• La Comisión de Diputados concluyó que hubo ocultamiento de casos y fallas evitables en el control estatal
• Los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. operaban con registros inconsistentes según el informe legislativo
Investigación 🔎
Espert, procesado por lavado: embargo de $1.000 millones y sin salir del país
El juez federal Lino Mirabelli procesó sin prisión preventiva al exdiputado libertario por los USD 200.000 que recibió en 2020 de una firma ligada a Fred Machado. También procesó a su contador, Mariano Cosentino, con un embargo de $700 millones, y embargó a Varianza S.A.
La Justicia federal de San Isidro le trabó un embargo de $1.000 millones a José Luis Espert y le prohibió salir del país. La decisión marca un salto cualitativo en una causa que ya había pasado por allanamientos, un congelamiento de bienes y una citación a indagatoria, y que ahora deja al exlegislador oficialista formalmente procesado.
La resolución fue firmada por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien procesó sin prisión preventiva al exdiputado nacional de La Libertad Avanza como presunto autor del delito de lavado de activos. El expediente investiga los USD 200.000 que Espert recibió en 2020 de una firma ligada a Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Estados Unidos y condenado allí por fraude y lavado de activos. La investigación está delegada en el fiscal federal Fernando Domínguez.
El contador, también en la mira
El magistrado también procesó al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, a quien consideró partícipe necesario del delito de lavado, con un embargo de $700 millones. La resolución alcanzó además a la sociedad familiar Varianza S.A., con un embargo de $500 millones.
El contrato de las minas que nunca funcionaron
Espert sostuvo, en pleno escándalo que terminó con su renuncia a la candidatura a diputado, que los USD 200.000 correspondían a un servicio de asesoramiento para una empresa minera de Guatemala vinculada a Machado. Según la investigación, nunca viajó a ese país y las minas no estaban en actividad. Para el fiscal, el contrato con la firma Minas del Pueblo fue una simulación, y los fondos se usaron para comprar dos autos de alta gama y para integrar un fideicomiso en Costa Esmeralda.
La causa se inició tras una denuncia del dirigente Juan Grabois. Antes del procesamiento, Mirabelli ya había ordenado una inhibición general de bienes por 90 días sobre Espert, su pareja y Varianza S.A., tras las irregularidades y omisiones que la fiscalía detectó en sus declaraciones juradas, entre ellas la no declaración de su participación en esa sociedad. La fiscalía también señaló que el 27 de octubre de 2025, pocos días después de iniciada la causa, Espert retiró USD 80.000 en efectivo de sus cuentas.
El socio detenido y el vuelo en avión privado
Machado se declaró culpable ante la Justicia federal de Estados Unidos de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, a cambio de que se desestimara la acusación por narcotráfico. La transferencia a Espert salió de Wright Brothers Aircraft Title, una de las compañías de la red ligada al empresario. El vínculo venía de antes: durante la campaña presidencial de 2019, Machado le prestó a Espert su avión privado.
El fiscal pidió la indagatoria en junio y Espert fue indagado el 7 de julio, cuando defendió por escrito la transferencia como parte de un contrato de asesoramiento. El embargo de $1.000 millones y la prohibición de salida del país son medidas patrimoniales y cautelares, y no implican una condena. Aun así, el procesamiento indica que el juez considera acreditadas, con el grado de certeza que exige esta etapa, las sospechas contra quien llegó a ser figura central de la ultraderecha libertaria.
Lo que tenés que saber:
- El juez federal Lino Mirabelli procesó a José Luis Espert como presunto autor de lavado de activos, sin prisión preventiva.
- Le impuso un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.
- El contador Mariano Alejandro Cosentino fue procesado como partícipe necesario del lavado, con un embargo de $700 millones.
- La causa investiga USD 200.000 recibidos en 2020 ligados a Fred Machado, quien se declaró culpable de fraude y lavado de activos en Estados Unidos.
- La fiscalía sostiene que el contrato de asesoramiento minero presentado por Espert fue una simulación.
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