★ Pasaron más de seis meses desde que estalló el escándalo del fentanilo contaminado producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes al mega empresario Ariel García Furfaro, y la pesadilla continúa para decenas de familias que todavía no saben si sus seres queridos fueron víctimas de esta tragedia sanitaria.

En mayo de 2024 comenzó la investigación judicial tras detectarse que ampollas de fentanilo contaminadas con las bacterias Klebsiella pneumoniae MLB y Ralstonia pickettii estaban vinculadas con varias muertes en hospitales de La Plata y Rosario. Lo que parecía un hecho aislado se transformó en la peor tragedia sanitaria del país.

La causa crece semana a semana

El juez Ernesto Kreplak investiga actualmente 173 fallecimientos en la causa FLP 17371/2025, aunque el número sigue en aumento. Cada semana, en los grupos de WhatsApp y redes sociales creados por familiares de víctimas, se suman nuevos casos de pacientes que murieron meses atrás tras recibir fentanilo en hospitales públicos y privados.

La principal incógnita que persiste es determinar si el opioide administrado pertenece a los lotes 31.202 (con 154.530 ampollas) y 31.244 (con 151.430 unidades), los dos que se encuentran bajo investigación oficial. Sin embargo, existe la sospecha de que podrían ser muchos más los lotes contaminados que aún no fueron incorporados a la causa.

La búsqueda desesperada de respuestas

Frente a este escenario de incertidumbre, quienes representan legalmente a varias familias y otros que se convirtieron en «investigadores» informales ayudan a los familiares a acceder al dato crucial: qué lote de fentanilo le suministraron al paciente.

Esta información se obtiene a través de la historia clínica y el parte hospitalario. Si el lote coincide con alguno de los investigados, la familia debe presentarse ante la Justicia para incorporar el caso al expediente.

El informe forense que confirma lo peor

A principios de noviembre, el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia presentó un nuevo informe devastador. Según el documento, el opioide contaminado fue el factor determinante en 38 muertes de las 40 muestras analizadas en la última actualización del estudio.

El informe, que amplió el análisis inicial con 20 casos más a fines de octubre, determinó que en 38 casos «la administración del opioide contaminado fue clave en el desenlace fatal de los pacientes». Solo en dos casos no se pudo establecer un vínculo directo.

Diputados: «No fue un accidente, fue una cadena de fallas evitables»

El pasado 3 de diciembre, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó durante meses la tragedia presentó su informe final con conclusiones lapidarias.

Según los legisladores, el Estado argentino no garantizó la trazabilidad del fentanilo ni ejerció un control efectivo sobre los laboratorios involucrados. El documento también denuncia que hospitales ocultaron casos y que las autoridades de ambos laboratorios elaboraron documentación «a posteriori».

Los organismos de control, según la Comisión, actuaron tarde y de manera deficiente. El informe concluye que «las muertes por fentanilo contaminado no fueron un accidente, sino una cadena de fallas evitables, ocultamientos, falta de control y un laboratorio que operaba con registros inconsistentes», situación confirmada incluso por empleados de las propias plantas.

La tragedia del fentanilo contaminado desnudó las profundas falencias del sistema de control sanitario argentino y dejó a cientos de familias en la búsqueda de verdad y justicia, mientras el Estado parece haber llegado tarde para evitar lo que terminó siendo una catástrofe anunciada.

Puntos clave:

• La investigación judicial por fentanilo contaminado cumplió seis meses con 173 fallecimientos bajo análisis
• Familias aún buscan determinar si sus seres queridos recibieron ampollas de los lotes 31.202 y 31.244
• Un informe forense determinó que el opioide adulterado fue determinante en 38 de 40 muertes analizadas
• La Comisión de Diputados concluyó que hubo ocultamiento de casos y fallas evitables en el control estatal
• Los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. operaban con registros inconsistentes según el informe legislativo