La disputa geopolítica entre las dos superpotencias tecnológicas del mundo llegó a los tribunales federales argentinos. El abogado Sergio Luis Macagno presentó una denuncia penal en los Tribunales de Comodoro Py para que la Justicia investigue si el acuerdo entre la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) y la empresa china Huawei implica riesgos para la seguridad nacional, la soberanía tecnológica y la integridad de la infraestructura estratégica argentina, con foco particular en Vaca Muerta. La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo del juez Ariel Lijo.

Una «alianza estratégica» que desbordó su contrato original

El acuerdo entre CALF y Huawei se anunció en octubre de 2024 bajo la figura de una «alianza estratégica» para desarrollar el proyecto CALFIBRA, destinado a proveer conectividad de fibra óptica en Neuquén. Sin embargo, según consignó la denuncia, la relación entre ambas partes se expandió con rapidez hacia áreas sensibles: videoseguridad, almacenamiento y procesamiento de datos, y servicios tecnológicos asociados a activos estratégicos de la provincia. A eso se sumó un viaje de directivos de la cooperativa a China, que también quedó bajo la lupa de los investigadores.

El escrito denuncia una «progresiva inserción» de Huawei en los proyectos de la CALF que, a criterio del denunciante, «excedió una contratación comercial ordinaria». La acumulación de convenios, el acceso a datos y la proyección explícita de esos desarrollos sobre Vaca Muerta son los elementos que, para Macagno, obligan a determinar si existió o pudo existir un peligro jurídicamente relevante para los intereses estratégicos del país.

Vaca Muerta en el centro de la preocupación

La denuncia pide específicamente que la Justicia determine «posibles conductas vinculadas con la seguridad de la Nación, la administración y protección de infraestructura estratégica», con especial énfasis en la cuenca hidrocarburífera de Vaca Muerta, el activo energético más importante de la Argentina y uno de los yacimientos de gas y petróleo no convencional más grandes del mundo. La preocupación del denunciante se centra en que el acceso de una empresa extranjera, con el grado de integración que exhibe Huawei en los sistemas de CALF, podría generar situaciones de exposición, vulnerabilidad o condicionamiento sobre comunicaciones, telemetría, bases de datos y procesos de decisión vinculados a esa infraestructura crítica.

«La sucesión y acumulación de esos hechos impone determinar si las decisiones adoptadas por CALF, sus autoridades y los organismos públicos intervinientes generaron o pudieron generar un peligro jurídicamente relevante para la seguridad nacional, la soberanía tecnológica, la seguridad energética, la integridad de infraestructura crítica y los intereses económicos vitales de la República Argentina, particularmente por la proyección declarada de tales desarrollos sobre Vaca Muerta», sostiene el documento.

El trasfondo diplomático: presión de Washington, respuesta de Pekín

La denuncia judicial se produce en un contexto de creciente tensión diplomática. Semanas antes, la propia CALF denunció ante el Congreso Nacional que recibió amenazas de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires: funcionarios del gobierno norteamericano advirtieron que los directivos de la cooperativa podrían perder sus visas si mantenían el vínculo comercial con Huawei. La presión estadounidense, enmarcada en la política global de Washington de bloquear la expansión de la tecnología china en infraestructuras sensibles, desencadenó una protesta formal de China ante las autoridades argentinas por la interferencia diplomática.

La denuncia de Macagno supuestamente no toma partido en esa disputa entre potencias, pero sí subraya que los hechos «no pueden ser reducidos a una controversia comercial ni diplomática» y exige que la Justicia evalúe las implicancias desde la perspectiva del derecho interno argentino y la protección de los intereses nacionales. En ese sentido, el planteo judicial obliga al Estado a tomar posición en un debate que el Gobierno de Javier Milei ha esquivado hasta ahora, atrapado entre su alineamiento ideológico con Washington y la necesidad de inversiones chinas en el sector energético.

Un expediente que llega al escritorio de Lijo

La asignación del expediente al juez Ariel Lijo, magistrado que tramita al mismo tiempo causas de enorme relevancia política, como la investigación patrimonial sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la causa $LIBRA, añade una dimensión adicional al caso. Lijo deberá resolver si la denuncia reúne los requisitos mínimos para iniciar una investigación formal o si corresponde su desestimación liminar. La decisión que tome definirá si Argentina, por vía judicial, abre un debate que la clase política ha preferido eludir: hasta dónde puede y debe llegar la presencia de empresas tecnológicas extranjeras en infraestructura sensible, y quién tiene la última palabra sobre esa definición.

Puntos clave

• El abogado Sergio Luis Macagno presentó una denuncia penal en Comodoro Py para investigar el acuerdo CALF-Huawei por posibles riesgos a la seguridad nacional.
• La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°11, a cargo del juez Ariel Lijo.
• La denuncia advierte sobre la «progresiva inserción» de Huawei en proyectos estratégicos neuquinos que excedería una contratación comercial ordinaria.
• El foco de la preocupación es Vaca Muerta: se investiga si el acceso tecnológico de la empresa china compromete la soberanía energética argentina.
• La presentación judicial se suma al cruce diplomático entre EE.UU. (que presionó a CALF para romper el vínculo) y China (que protestó formalmente ante Argentina).