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La pareja de la madre de Lucio dijo que «jamás» quiso lastimarlo y «mucho menos matarlo»

«Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo. Me duele en el alma, lo extraño mucho», afirmó esta tarde la imputada, al pedir declarar ante el tribunal.

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Abigail Páez, la pareja de la madre de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en la ciudad pampeana de Santa Rosa, declaró hoy en el juicio que se le sigue a ella y a la mamá de la víctima que su intención «jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo», que lo «extraña mucho», y que lo ocurrido le «duele en el alma».

«Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo. Me duele en el alma, lo extraño mucho», afirmó esta tarde la imputada, al pedir declarar ante el tribunal de Santa Rosa integrado por la jueza Alejandro Ongaro, y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora.

El Supremo Tribunal de Justicia de La Pampa informó a través de la Oficina de Comunicación Institucional que en su exposición Páez «hizo un relato detallado» del viernes 26 de noviembre de 2021, cuando murió Lucio, «desde que se levantó a las 6.15 hasta que terminó detenida».

Durante la declaración de Páez, Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio, no estuvo presente en el recinto ni escuchó la exposición.

Previamente, en la audiencia de hoy -la 14ta. del debate que comenzó el 10 de noviembre último- declararon ocho testigos propuestos por las defensas públicas de Páez y Espósito Valenti, quienes convivían con la víctima en una casa de la calle Allan Kardec de Santa Rosa, cuando ocurrió el crimen.

En total ya comparecieron 61 testigos ante el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, integrado por los jueces Anibal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora, y quedan otros 25 para hacerlo en al menos otras cuatro jornadas.

La acusación del Ministerio Público Fiscal contra la madre de Lucio es «abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser la ascendiente, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años, en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía».

En tanto, a Páez se le imputa el mismo delito, pero sin el agravante de ser la ascendiente.

Entre los testimonios de hoy estuvieron dos médicas del hospital Gobernador Centeno, ubicado en General Pico, que atendieron a Lucio en la guardia en 2019 y 2020, por una herida cortante superficial, un traumatismo, una otitis y una faringitis.

También declaró una empleada municipal que entrevistó a las dos acusadas cuando se acercaron oportunamente a la Dirección de Políticas de Género y Diversidad con Lucio para consultar por cuestiones relacionadas con «el cumplimiento de la cuota alimentaria, el maltrato verbal, la ley de identidad de género y la asistencia económica del Estado a personas en situaciones de vulnerabilidad».

En la audiencia de hoy estuvieron presentes las fiscales María Mónica Rivero y Verónica Ferrero; el fiscal Marcos Sacco, la defensora oficial Paula Arrigone, el querellante particular José Mario Aguerrido; y la asesora de Niñas, Niños y Adolescentes, Graciela Massara.

En tanto, el debate se reanudará el miércoles 14 a las 8.

El juicio, que se desarrolla a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual, se lleva a cabo en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa, situada en las avenidas Uruguay y Perón, hasta donde las acusadas fueron trasladadas procedentes de la Penitenciaria 1 de San Luis, donde cumplen sus prisiones preventivas.

Es que cuando se conoció el caso el 26 de noviembre del año pasado los vecinos salieron a la calle para expresar su reclamo por el crimen del niño y se produjeron serios incidentes en la comisaría donde estaban alojadas las detenidas.

Según la autopsia, solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el niño «presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data» y que el deceso se produjo por una «hemorragia interna», producto de las agresiones.

«En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así», había dicho el forense Juan Carlos Toulouse antes de iniciarse el debate, lo que luego reafirmó al declarar como testigo.

Tras la muerte de Lucio se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Por tal motivo, se inició una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.

Judiciales ⚖️

Dos Adorni, dos causas: tras ser imputado, levantaron el secreto fiscal del hermano del vocero

El fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó la imputación de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del actual Jefe de Gabinete, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se originó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

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El cerco judicial se amplía: imputan y levantan el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni

El juez federal Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, diputado provincial bonaerense y hermano del Jefe de Gabinete, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se suma al expediente que ya pesa sobre Manuel Adorni ante la justicia federal, configurando un panorama judicial sin precedentes para una de las figuras más visibles del gobierno de Javier Milei.

La nueva causa: Francisco Adorni en la mira judicial

Este miércoles, el fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó la imputación de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del actual Jefe de Gabinete, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se originó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien alertó sobre presuntas inconsistencias en el patrimonio declarado por el legislador bonaerense.

Al día siguiente, el juez federal Sebastián Casanello hizo lugar a las veinte medidas de prueba solicitadas por Marijuan y dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del imputado, habilitando el acceso a la documentación del ARCA (ex AFIP) y ordenando la remisión a la fiscalía de un informe completo del sistema EFISCO, que incluye las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA de Francisco Adorni.

Lo que investiga la Justicia

Según la información disponible en la causa, los puntos centrales de la investigación son tres: un crédito hipotecario de $60 millones que habría sido cancelado en el plazo inusualmente breve de doce meses; la adquisición del 50% de un vehículo sin justificación patrimonial clara; y un incremento patrimonial del 84% en el transcurso de un año, cifra que los investigadores consideran incompatible con los ingresos declarados por el diputado provincial.

Las veinte medidas de prueba dispuestas por Casanello apuntan a reconstruir de forma integral el patrimonio y el flujo de fondos de Francisco Adorni desde 2020 hasta la actualidad, lo que supone un rastreo exhaustivo de sus movimientos financieros durante el período que coincide, parcialmente, con el ascenso político de su hermano Manuel.

El expediente que ya pesa sobre Manuel Adorni

La imputación de Francisco Adorni no se produce en el vacío. Desde hace semanas, el propio Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una investigación paralela ante la justicia federal, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, por un patrimonio bajo sospecha que ya supera los 840.000 dólares.

En ese expediente se investigan, entre otros hechos, la compra de un departamento en el barrio de Caballito por 230.000 dólares con una modalidad de pago que incluyó una deuda con dos jubiladas cuyos hijos son socios de una desarrolladora inmobiliaria, y refacciones de lujo en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que ascendieron a 245.000 dólares abonados íntegramente en efectivo y sin factura, según la declaración testimonial del contratista Matías Tabar. Entre las mejoras contratadas figuran una pileta con cascada, un quincho con parrilla valuada en 15.000 dólares y baños con jacuzzi.

Además, se indaga el uso del avión presidencial para trasladar a la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, a Nueva York, y la posible vinculación del entorno de Adorni con la denominada Causa $Libra, una estructura de presunto lavado de dinero y movimientos financieros off-shore. En ese marco, la diputada Marcela Pagano, la misma legisladora que denunció a Francisco Adorni, también solicitó la detención de Manuel Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia.

Una familia bajo la lupa del Poder Judicial

La apertura simultánea de causas contra ambos hermanos configura una situación inédita en la historia reciente del gabinete nacional. Lo que comenzó como una investigación sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete se extiende ahora al núcleo familiar más próximo, con dos jueces federales y dos fiscales actuando en expedientes que, aunque formalmente separados, comparten protagonistas, denunciantes y contextos.

La decisión del juez Casanello de levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, apenas un día después de su imputación, indica que la investigación avanza con celeridad y que la Justicia considera que existe mérito suficiente para profundizar el escrutinio sobre los movimientos financieros del diputado bonaerense.

Puntos clave:

  • El fiscal Marijuan imputó a Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del Jefe de Gabinete, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
  • El juez Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario y habilitó veinte medidas de prueba.
  • Se investiga un crédito hipotecario de $60 millones cancelado en doce meses y un incremento patrimonial del 84% en un año.
  • Manuel Adorni enfrenta una causa paralela ante el juez Lijo por un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares.
  • La diputada Marcela Pagano es la denunciante en ambas causas y también solicitó la detención del Jefe de Gabinete.
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