Judiciales ⚖️
Liberan a la empleada del matrimonio asesinado en su casa de Vicente López
Se trata de María Ninfa “Nina” Aquino Chamorro (64), de nacionalidad paraguaya, quien trabajó 12 años en la casa de las víctimas José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72) y pasó 13 días detenida acusada como “partícipe necesaria” del doble homicidio agravado, hasta que hoy el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, ordenó su libertad tras un pedido de su defensa.
La empleada del matrimonio asesinado hace dos semanas en su casa del partido bonaerense de Vicente López, y quien había sido detenida bajo la sospecha de haber “entregado” el hecho, fue liberada hoy por un juez de Garantías que consideró que las nuevas pruebas presentadas en el expediente «parecen desvanecer» la hipótesis inicial respecto a la participación de la imputada en el hecho.
Se trata de María Ninfa “Nina” Aquino Chamorro (64), de nacionalidad paraguaya, quien trabajó 12 años en la casa de las víctimas José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72) y pasó 13 días detenida acusada como “partícipe necesaria” del doble homicidio agravado, hasta que hoy el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, ordenó su libertad tras un pedido de su defensa.
Si bien en su resolución, el juez recuerda que hace dos semanas había elementos para sospechar la participación de Aquino en el hecho, ahora surge de la investigación una nueva hipótesis que la desvincula.
“Producto del actuar de los representantes del Ministerio Público Fiscal asignados al caso, se han ido incorporado numerosos elementos que conforman un plexo probatorio, que claramente permite advertir, una hipótesis investigativa distinta a aquella que imperaba al momento de dictar la medida de coerción personal que pesa sobre María Ninfa Aquino Chamorro”, explica el juez Costa.
El juez agrega que “las nuevas probanzas arrimadas al expediente digital, parecen desvanecer, aún en el marco de precariedad propio de este estadio, aquella hipótesis inicial del Ministerio Público Fiscal respecto a la participación de la Sra. Aquino Chamorro, en los sucesos en investigación a la que se hiciera referencia”.
“Han desaparecido o cuanto (menos) mermado, considerablemente, en su entidad convictiva, aquellas condiciones oportunamente verificadas”, concluyó el juez y luego dispuso hacer lugar a una presentación que el abogado de la imputada, Hugo López Carribero, había presentado el viernes pasado pidiendo el “cese de la medida de coerción” y ordenó hoy la “inmediata libertad” de la empleada de los Del Río, quien estaba detenida en la Comisaría de la Mujer de San Isidro.
López Carribero se mostró conforme con la decisión del magistrado y anunció que mañana a las 8 su clienta Aquino dará una conferencia de prensa en su estudio jurídico, ubicado en la la calle Monseñor Marcón 2584 de la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza.
Los tres fiscales de Vicente López que trabajan en el caso son Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería.
La fiscalía había detenido a la empleada la madrugada del 26 de agosto pasado, a pocas horas del hallazgo de los cuerpos, por una serie de contradicciones y actitudes extrañas que tuvo antes, durante y después de que ella misma descubriera los cadáveres de sus patrones.
Según las fuentes, le dijo a los investigadores que cuando llegó a la casa no le llamó la atención el desorden que había en el living y otros ambientes porque el matrimonio estaba por mudarse a un departamento en el barrio de Núñez, aunque varios ambientes estaban revueltos e incluso había un balazo que atravesó un almohadón, quedó incrustado en el parquet del living y cuya vaina servida ella misma levantó de una alfombra.
Según declaró la mujer, llegó a la casa a las 6.50 y recién minutos antes de las 9 se preocupó porque el matrimonio no hubiera bajado a desayunar, pese a que además vio que estaba intacta la cena, un plato con brócoli y alcauciles que ella les había dejado cocinada para la noche anterior.
Además, cuando la mujer vio que el matrimonio estaba asesinado dentro del auto, apagó la luz de la cochera, cerró la puerta con llave, las colgó en el llavero, avisó a los hijos y se puso a ordenar la casa.
Otro de los indicios era que en la casa de Aquino se secuestró una billetera rojiza marca “Prune”, donde según uno de los hijos de las víctimas, su madre guardaba la llave de la caja fuerte.
En su celular se halló una foto borrada de esa misma billetera, aunque la defensa sostiene primero que la tenía en su casa porque se la había regalado su patrona y luego que una vez la había perdido con 2.000 pesos y cuando la encontró la fotografío para avisarle a su nuera que había aparecido.
El robo y posterior doble crimen fue cometido en la casona de la calle Melo al 1100 entre las 16.48 del miércoles 24 de agosto -momento del último contacto telefónico de Alonso- y las 4.30 de la madrugada del jueves, horario estimativo de la data de muerte.
Para los investigadores, los homicidas de Del Río y de Alonso robaron unos 10.000 dólares, 1.500.000 de pesos, 50 lingotes de oro de 10 gramos y diamantes, y antes de escapar se llevaron el disco rígido con las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa.
Los fiscales manejan la hipótesis de que el matrimonio Del Río fue abordado luego de que saliera a hacer unas compras o por alguien que tenía copia de la llave.
Las víctimas estaban sentadas con los cinturones de seguridad colocados en los asientos delanteros del Mercedes Benz E350, la mujer del lado del conductor con un tiro en la cabeza y el hombre como acompañante con tres disparos.
El tirador los ejecutó con una pistola calibre 9 milímetros de atrás hacia adelante de derecha a izquierda, por lo que se cree que podía estar en el asiento trasero.
Fuentes de la investigación revelaron ayer que, en base a lo declarado por los hijos de las víctimas, se investiga si el o los asesinos pudieron haber utilizado para el doble crimen una de las dos armas que también robaron de la casa: una pistola 9 milímetros que el abogado jubilado guardaba en la mesa de luz de su cuarto. También se robaron un revólver .22 que estaba en el auto.
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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión
La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.
La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión
★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.
La nueva causa y el fiscal que la lleva
El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.
En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».
Las cifras bajo la lupa fiscal
Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.
Una segunda causa que se monta sobre la primera
Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.
Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.
La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación
El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.
El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.
Doble estándar en la cima del fisco
La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.
Puntos clave:
– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.
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