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Exfuncionario de Vialidad pidió ser absuelto y negó «injerencia» de Báez en el organismo

«Es escandaloso e inaceptable» el pedido de seis años de prisión de la fiscalía para Collareda, exresponsable del distrito 23, Santa Cruz, de Vialidad Nacional, sostuvo su defensor oficial Luis Alonso Martínez en el alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.

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La defensa de un ex funcionario de Vialidad Nacional con funciones en Santa Cruz desde 2008 a 2016, Mauricio Collareda, pidió hoy su absolución y negó que el también acusado empresario Lázaro Báez haya tenido «injerencia» en decisiones del organismo, en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en esa provincia.

«Es escandaloso e inaceptable» el pedido de seis años de prisión de la fiscalía para Collareda, exresponsable del distrito 23, Santa Cruz, de Vialidad Nacional, sostuvo su defensor oficial Luis Alonso Martínez en el alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.

Además afirmó que «ni Báez ni nadie de su empresa tenia injerencia en Vialidad».

También negó que el exfuncionario haya sido amigo del dueño de Austral Construcciones y sostuvo que la maniobra que se analiza en el juicio «no está probada»

Collareda «no tuvo ninguna intervención relevante en la maniobra que fue descrita que, por otro lado, tampoco considero que se encuentre probada», al iniciar su alegato en la llamada causa «Vialidad»

«La única solución posible es la absolución», adelantó, a poco de comenzar a exponer ante el Tribunal Oral Federal 2, en el que remarcó que Collareda «no tenía ninguna afinidad con el empresario Lázaro Báez».

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron en su alegato condenar al exfuncionario de Vialidad Nacional a seis años de cárcel por haber omitido el control de las adjudicaciones de 51 obras a empresas de Báez, entre ellas Austral Construcciones.

Además aseguró que «nadie» del «entorno empresarial» de Báez tenía «injerencia en la gestión del distrito 23», la jurisdicción Santa Cruz de Vialidad Nacional.

La fiscalía pidió a Collareda «la máxima pena» por el delito de defraudación a la administración pública pero «no alcanza la prueba para arribar a un veredicto condenatorio», afirmó el defensor ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu que integran el TOF 2.

La audiencia transcurrió de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

En su acusación los fiscales argumentaron que Collareda debía ser «los ojos» de Vialidad Nacional en Santa Cruz pero que, por el contrario, habría «cumplido a rajatabla la orden de beneficiar a Báez» como parte de la supuesta asociación ilícita que funcionó entre 2003 y 2015, según el alegato acusador.

El debate seguirá el próximo viernes con la defensa del acusado Raúl Daruich, también ex funcionario del distrito 23 de Vialidad Nacional.

La fiscalía pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Báez y diez años para el exministro de Planificación. Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros acusados.

Ayer, el abogado de otro acusado el exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro abrió la etapa de alegatos defensistas y aseguró que la fiscalía «violó la Constitución» al mantener la acusación sobre hechos ya juzgados.

El letrado aludió a una causa penal que se llevó adelante en la Justicia de Santa Cruz y que concluyó que no hubo delito.

La defensa de la Vicepresidenta, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, está sexta en la lista elaborada por el Tribunal para el orden de las exposiciones.

Tanto ella como los restantes acusados podrían hacer uso del derecho de pedir ir en persona a la sala de audiencias de Comodoro Py, en el juicio que se realiza de manera virtual, con las partes conectadas a través de la plataforma Zoom.

En esta etapa de los alegatos, la expresidenta también tiene la posibilidad de dirigirse de manera directa al Tribunal en caso de desearlo.

El mes pasado el Tribunal rechazó un pedido de la defensa de Fernández de Kirchner para que ampliara su declaración indagatoria.

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Narcoaviones y política: avanza la investigación en EEUU que vincula a Machado con Espert

Registros certificados de la FAA, pruebas de la DEA y presentaciones de Homeland Security Investigations reconstruyen un circuito financiero de más de 75 millones de dólares y ubican al empresario argentino Federico Machado como operador clave de una red de fideicomisos aeronáuticos usados para el narcotráfico internacional. Una transferencia de 200.000 dólares referenciada a nombre de José Luis Espert aparece en las planillas del expediente federal.

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Narcoaviones y política: los documentos que vinculan a «Fred» Machado con Espert

★ Una investigación federal de los Estados Unidos sobre el uso de fideicomisos aeronáuticos para el narcotráfico internacional expuso una densa trama de conexiones con la Argentina. El expediente, tramitado en el Eastern District of Texas bajo el nombre U.S. v. Mercer-Erwin, vincula de forma directa al empresario Federico «Fred» Machado con una flota de aviones de matrícula norteamericana incautados en Centroamérica con toneladas de cocaína, según documentos oficiales.

Los registros incluyen certificaciones de la Federal Aviation Administration (FAA), informes de la DEA y presentaciones de Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigativo del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. La causa ya produjo una condena de 16 años de prisión para Debra Lynn Mercer-Erwin, mientras que su hija Kayleigh Moffett y Carlos Rocha Villaurrutia se declararon culpables en abril de 2023.

La mecánica del fraude: fideicomisos y matrículas para encubrir

Para entender la maniobra central del expediente, es necesario comprender el sistema registral que la hizo posible. Aircraft Guaranty Corporation (AGC), firma administrada por Mercer-Erwin y Moffett, operaba mediante trusts aeronáuticos: la empresa estadounidense figuraba ante la FAA como titular formal de los aviones, mientras el beneficiario real quedaba oculto detrás de esa pantalla. Los documentos clave en ese esquema eran los bills of sale (formularios de compraventa) y las deregistrations (pedidos de baja de matrícula).

Lo que el expediente revela como el núcleo del delito no es solo que los aviones cayeran con cocaína, sino que, después de los decomisos, alguien continuaba moviendo papeles para transferirlos, darlos de baja o modificar la titularidad ante la FAA, maniobra que HSI calificó como una combinación de fraude electrónico, lavado de dinero, exportaciones omitidas y registros falsificados.

El avión con 2.310 kilos en Belice y los formularios posteriores al decomiso

Uno de los casos más documentados del expediente corresponde al N311BD, un Gulfstream G-1159 registrado en diciembre de 2019 bajo AGC como fiduciaria. La solicitud fue firmada por Moffett. El 27 de febrero de 2020, esa aeronave fue incautada en Belice con 2.310 kilos de cocaína. Las fotografías incorporadas al expediente muestran paquetes con sellos Apple, Quaker, Nike y Eiffel Tower; el sello Apple, según HSI, aparece asociado en otros decomisos al Cártel de Sinaloa.

La conducta posterior al decomiso fue la que agravó la situación procesal. El 3 de marzo de 2020, un correo advertía a Mercer que otro avión había sido atrapado transportando drogas bajo el nombre de Aircraft Guaranty. El 14 de abril de ese mismo año, un mensaje dirigido a Moffett preguntaba: «El avión fue atrapado con drogas. ¿Cómo procedemos?». Ese mismo día, Moffett presentó ante la FAA un bill of sale para transferir el N311BD a nombre de Heriberto Calderón Gastélum, identificado por HSI como ciudadano mexicano con domicilio declarado en Sinaloa y antecedentes federales por narcotráfico, pese a que la aeronave ya estaba bajo custodia gubernamental en Belice.

Cocaína con sello Ferragamo y el chat que compromete a Machado

El caso del N305AG, un British Aerospace BAE 125-800A, suma otro episodio de valor probatorio. Según HSI, fue incautado en Guatemala el 27 de enero de 2020 con aproximadamente 1.700 kilos de cocaína y llevaba una matrícula falsa. Las fotos del expediente muestran paquetes de cocaína con sello de la marca de lujo italiana Ferragamo, además de armas.

En ese contexto, un intercambio incorporado a la causa muestra a Machado enviando a Mercer un video con el texto: «Tu avión fue rescatado de la pista de aterrizaje en Guatemala». Cuatro días después del decomiso, Moffett firmó un Aircraft Bill of Sale transfiriendo el N305AG a Arrendadora THH S.A. de C.V., pese a que el avión continuaba bajo custodia del Gobierno de Guatemala.

US$ 75 millones, nueve aeronaves y la huella financiera

El análisis financiero incorporado al expediente es igualmente contundente. Desde cuentas escrow administradas por Wright Brothers Aircraft Title (WBAT), firma vinculada a Mercer-Erwin y Moffett, salieron entre 2016 y 2020 un total de US$ 75.660.400,62 hacia entidades identificadas por los investigadores como vinculadas a Federico Machado, entre ellas South Aviation, MDP Trading / Minas del Pueblo y Aircraft Finance Aircorp. El expediente establece, de forma textual, que «WBAT no mantenía todos los fondos depositados en escrow».

Contratos incorporados a la causa muestran a Machado como presidente de South Aviation en operaciones por aeronaves de alto valor, incluyendo un Gulfstream G650 de US$ 50 millones y un Boeing 777 de US$ 24 millones. La causa identifica al menos nueve aeronaves por matrícula o número de serie dentro de ese circuito.

La conexión Espert y el contrato de un millón de dólares

La dimensión política del expediente se hace explícita en las planillas de transferencias. En ese registro figura una operación de US$ 200.000 con referencia a José Luis Espert, actual diputado nacional y presidente del bloque de La Libertad Avanza. El dato adquiere relevancia adicional porque Machado fue señalado en Argentina como financista de Espert, y porque cuando el empresario fue detenido en Viedma, las autoridades encontraron un contrato de US$ 1 millón vinculado al economista.

Easy Flight y la pista Ranucci: otras conexiones argentinas

El expediente abre además un ramal adicional hacia la Argentina a través de Easy Flight Inc., empresa registrada en Florida que figura en la causa a propósito del N100QR, un Canadair Challenger 600 destruido en Venezuela en septiembre de 2020 en un episodio asociado a vuelos ilegales del narcotráfico. En esa presentación aparece M. Mariano Aníbal Garbini, con domicilio declarado en Buenos Aires, como vinculado a Easy Flight Inc., junto a un «Gustavo Ranucci» como vicepresidente de la sociedad.

Los registros corporativos de Florida no permiten confirmar con certeza si ese Gustavo Ranucci es el efectivamente el empresario argentino Gustavo Carlos Ranucci, públicamente vinculado a Marcelo Tinelli y San Lorenzo, aunque registros societarios vincular a sociedades de ese nombre con una dirección en el One Bal Harbour de Miami.

La alerta previa que Mercer ignoró

Un correo de marzo de 2019 incorporado al expediente muestra que los riesgos eran conocidos al menos por algunos actores del circuito. Guillermo García, vinculado a GM Aviation, alertó a Mercer sobre un avión accidentado en Yucatán con 1.200 kilos de cocaína cuya matrícula figuraba registrada bajo Aircraft Guaranty Corp. Su propuesta fue aplicar filtros para reducir el uso de los trusts en maniobras narco, revisando pasaportes e identidades de los beneficiarios reales. Su conclusión fue directa: «reduciría drásticamente el uso del trust para estas actividades de drogas». La alerta no fue atendida.

El acuerdo de culpabilidad y lo que no borra

Según documentos judiciales presentados en Texas, Machado aceptó declararse culpable de lavado de dinero y fraude, mientras la fiscalía dejaría caer la imputación por narcotráfico en el marco del acuerdo, sujeto a la homologación del tribunal. En una entrevista realizada a finales de 2025, Machado negó ser narco, pero reconoció: «Yo movía toda mi guita por Aircraft Guaranty», una frase que ahora dialoga directamente con la prueba documental reunida en el expediente federal.

Ese acuerdo no borra la dimensión narco de la causa: los aviones fueron incautados con cocaína, los formularios se presentaron después de los decomisos, y la condena de 16 años de prisión contra Debra Mercer-Erwin permanece firme.

Puntos clave

  • Un expediente federal de EE.UU. vincula al empresario argentino Federico «Fred» Machado con una red de fideicomisos aeronáuticos usados para el narcotráfico internacional.
  • Aviones registrados bajo esa estructura fueron incautados en Belice y Guatemala con 2.310 y 1.700 kilos de cocaína respectivamente; en ambos casos se presentó documentación ante la FAA después de los decomisos.
  • El circuito financiero bajo sospecha movilizó más de US$ 75 millones hacia entidades vinculadas a Machado entre 2016 y 2020.
  • En las planillas del expediente figura una transferencia de US$ 200.000 referenciada a nombre de José Luis Espert, diputado nacional y presidente del bloque de La Libertad Avanza.
  • Machado aceptó declararse culpable de lavado de dinero y fraude en el marco de un acuerdo con la fiscalía federal de Texas.
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