La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) constituyeron hoy la mesa de trabajo con el fin de abordar y resolver situaciones específicas vinculadas a pagos por prestaciones brindadas por obras sociales y prepagas, según se informó oficialmente.

Ambos organismos consignaron también que las transferencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a las obras sociales nacionales «se encuentran regularizadas» y que el programa Incluir Salud «realiza sus pagos con regularidad».

La Andis y SSSalud informaron además que invitaron «a los prestadores independientes -acompañantes terapéuticos, psicólogos, psicopedagogos y maestros de apoyo, entre otros- a formar parte de la próxima reunión del Directorio Único de Prestaciones Básicas en Discapacidad con el propósito de abordar situaciones específicas de este sector».

Además, anunciaron que «se convocará a los gobiernos provinciales para avanzar en soluciones a los reclamos vinculados con las obras sociales de todas las jurisdicciones que no son financiadas ni reguladas por el Estado nacional».

«La discapacidad en su conjunto -añadieron- es una prioridad del Gobierno nacional. Prueba de ello es que se ha incrementado el flujo de fondos para el financiamiento del sistema de prestaciones. Esto permitió que el nomenclador que regula el valor de los aranceles que reciben los profesionales y los pagos por prestaciones de servicios, hayan tenido un aumento acumulado de 320% desde 2019», consignó la información.

La semana pasada, desde el Gobierno nacional se indicó que «no hay ningún recorte presupuestario» en el área que atiende a personas con discapacidad y se precisó que si bien había existido «un retraso de pocos días en las partidas» presupuestarias designadas para ese sector, «el tema se encuentra solucionado».

Así se señaló tras la reunión de Gabinete realizada el miércoles de la semana pasada, ante una protesta que durante tres días mantuvieron frente a la Casa Rosada prestadores de servicios y familias de personas con discapacidad, en reclamo de la regularización de los pagos y en protesta ante rumores de un supuesto recorte en el área, que fue descartado de plano desde el Ejecutivo.