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Judiciales ⚖️

Caso Lucas: los policías actuaron como una «patota de civil»

La Fiscalía consideró que los uniformados de la Policía porteña eligieron «el camino del delito».

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El-Argentino- Lucas González asesinado por policías porteños.

Por Valeria Castelbajac

«Una patota de civil, bajo el velo de supuestos policías de la Ciudad». Así describió la fiscalía a los tres efectivos que dispararon hacia cuatro adolescentes de 17 años y mataron a Lucas González el 17 de noviembre pasado en el barrio porteño de Barracas, al pedir que sean procesados con prisión preventiva por homicidio cuádruplemente agravado.

A esa descripción, el fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella, agregó que los efectivos Juan José Nieva, Fabian López y Gabriel Isassi demostraron «desmesura y desprecio por la vida».

Para fundamentar su requerimiento ante el juez Martín Del Viso, el fiscal detalló en su escrito de 21 páginas, las siete pruebas fundamentales que logró producir en los primeros 15 días en los que tomó a su cargo la instrucción del caso.

Isassi, López y Nieva dijeron que ese día realizaban una investigación.

La primera son las indagatorias de los tres acusados, todos policías de la Brigada de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, ahora imputados y detenidos.

Isassi, López y Nieva dijeron que ese día realizaban una investigación de campo en una causa por narcotráfico y que creyeron que los jóvenes podían ser delincuentes, ya que -según sus versiones- exhibieron un arma y no detuvieron la marcha de su auto.

«Resulta ser una mera excusa sin sentido, tendiente a mejorar sus complicadas situaciones procesales», consideró el fiscal al detallar que «la intervención policial ha estado marcada desde un inicio no sólo por la arbitrariedad sino también por una manifiesta ilegalidad».

«Los imputados interceptaron al vehículo de las víctimas con el rodado marca Nissan Tiida, del que descendieron armados y, pese a la corta distancia y no habiendo recibido ningún tipo de agresión por parte de las víctimas, efectuaron una cantidad significativa de disparos contra las zonas vitales de éstas», indicó el dictamen.

A continuación, sumó como pruebas para contrastar esa versión fragmentos de las declaraciones de los sobrevivientes y de dos testigos presenciales, quienes coincidieron en que los policías nunca se identificaron al interceptar a los jóvenes que iban a bordo de un Volkswagen Suran azul.

El-Argentino- Lucas González asesinado por policías porteños-
Lucas González, el joven de Barracas asesinado por policías porteños.

«Los firmes y elocuentes testimonios de los jóvenes que sobrevivieron al ataque han sido contestes en cuanto a que desconocían que los encartados fueran policías, pues jamás se dieron a identificar ni mostraron, no llevaban chalecos que los mostraban como tales, ni emitieron voz de ‘alto policía’ ni emitieron sonidos de sirena policial», describió.

«Vi personas que estaban apuntándonos», «empiezo a escuchar los tiros, empiezo a escuchar cómo pegan en la chapa, siento que me caen vidrios en la espalda», «lo vi a Lucas que estaba ahí, estaba lastimado», «cuando salieron del auto, tres más o menos con arma en mano, no dijeron nada», «veo que Lucas estaba tirado al costado y le salía algo de la cabeza», «Lucas se me pone en mi rodilla, me empieza a acariciar con su mano mi pierna», son algunas de las frases de los sobrevivientes a las que se refirió el fiscal.

Para sustentar el posterior encubrimiento y el odio hacia las víctimas, hecho por el que hay otros seis policías acusados, Gómez Barbella recordó que los chicos escucharon a un efectivo decir «ah, sos un villero también, a vos hay que pegarte un tiro de verdad» y luego: «¿Acá hay domo, jefe?’ No. Bueno entonces nadie graba y nadie saca fotos».

Los peritajes balísticos realizados por la Policía Federal Argentina (PFA) son otra de las pruebas que sustentan el pedido de procesamiento, ya que indican que los policías dispararon contra el Surán de los chicos al menos cinco veces y desde distintos puntos.

Según el estudio, un proyectil que fue extraído del respaldo del asiento del acompañante en el que iba Lucas partió del arma de Issasi, mientras que otro que dio en el guardabarros trasero izquierdo del Suran salió de la de López. Esto «demuestra que la agresión armada fue coordinada y ejecutada desde distintos puntos del vehículo», concluyó el fiscal.

Inicio de las reconstrucción del crimen de lucas, luego interrumpida.

Sobre la autopsia practicada al cuerpo de Lucas, que es otra de las pruebas mencionadas, Gómez Barbella indicó que el joven tenía un orificio de entrada de proyectil de arma de fuego en la cabeza, además de un surco de impacto en un pómulo, lo que es «demostrativo del nivel de desmesura y desprecio por la vida por parte de los encausados».

«Tanto Issasi como López y Nieva, lograron consumar la muerte de Lucas, mientras que no pudieron concretar su plan inicial por cuestiones ajenas a su voluntad en torno a los restantes de los chicos», consideró.

Otra evidencia son las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Urbano analizadas por la División Homicidios de la P.F.A. en las que «se visualiza la forma en que los niños se encuentran dentro del rodado» y luego de que Lucas baja a comprar un jugo en la esquina de las calles Lunas e Iriarte los policías «pasan con el automóvil a su lado, estacionándose unos metros más adelante (…) esperando que los chicos volviesen a pasar» para luego cruzarse en su camino.

«Esta línea visual de las filmaciones estudiadas, es una parte muy importante de la prueba que conlleva a sostener que los tres habían premeditado llevar adelante lo que finalmente lograron, la muerte de uno de los jóvenes pese a que de los otros tres no llegaron a producirlas por factores que le fueran ajenos a su voluntad», sostuvo.

Finalmente, Gómez Barbella transcribió una serie de modulaciones al 911 que a su criterio demuestran cómo los policías desde el inicio fraguaron la escena para simular un enfrentamiento armado. «Por favor comando que estén atentos que estaban armados, cuatro masculinos menores, con apariencia menores, jóvenes», declaró Issasi en una de ellas.

«Los encausados, bajo el justificativo o explicación de ‘sospechosos’, emboscaron a cuatro adolescentes a quienes ya desde el inicio de su seguimiento describieron como ‘masculinos menores’ y les propiciaron una significativa cantidad de balazos con armas de fuego que pegaron en distintas partes del automóvil (…) y terminaron con la vida de uno de ellos pretendiendo acabar también con la del resto del grupo de amigos si no era porque lograran escapar», agregó Gómez Barbella al respecto.

Luego de ello -continuó-, «pusieron en movimiento la estructura institucional de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires otorgando datos falsos, a sabiendas de lo que realmente había acontecido».

«Sus comportamientos distan diametralmente de aquel que debe primar en un miembro de una fuerza de seguridad, y a más, sus conductas son propias de una patota de civil, bajo el velo de supuestos policías de la Ciudad», describió al agregar que los acusados disfrazaron la situación como «una ‘persecución’ originada en un mentiroso ‘estado de sospecha'».

Por esos motivos, para a fiscalía los tres policías deben ser procesados como coautores de homicidio cuádruplemente agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial en el caso de Lucas y tres hechos de tentativa de homicidio con idénticos agravantes respecto de los amigos.

La alevosía, según detalló el escrito, está dada en el hecho de que los chicos estaban «indefensos» al ser atacados, mientras que agravante de «placer» de basa en que a su criterio la acción estuvo «inspirada por un placer antinatural en la destrucción de una vida humana».

La premeditación, en tanto, la inscribió en que los policías «fueron teniendo el dominio del hecho» y «todos se apoyaron para realizar los disparos a corta distancia a ellos, demostrando sus intenciones dolosas de matarlos».

Finalmente, consideró que deben permanecer en prisión debido a que por tratarse de policías «cuentan con muchos elementos a sus alcances para fugarse y facilidades para permanecer ocultos».

Investigación 🔎

Adorni: Pollicita descarta el enriquecimiento ilícito pero pide investigarlo por evasión

El fiscal no pudo refutar que el dinero de las compras fuera anterior a la función pública, pero detectó USD 374.081 pagados en efectivo y tenencias ocultas al fisco desde 2014. Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico. No es un sobreseimiento: decide Lijo.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni.

El fiscal que investigó a Manuel Adorni no encontró pruebas de que se haya enriquecido en la función pública, pero sí de que durante más de una década ocultó al fisco dólares en efectivo y criptoactivos. Por eso Gerardo Pollicita pidió que la causa deje de tramitar como enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar una posible evasión tributaria.

El dictamen se presentó en el juzgado federal de Ariel Lijo, en el expediente que se abrió por una denuncia de la diputada Marcela Pagano. La investigación revisó la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. El pedido no implica un sobreseimiento: si Lijo lo acepta, Adorni seguirá investigado, pero por otro delito y en otro fuero.

Lo que encontró la Fiscalía

Según el dictamen, la Fiscalía detectó erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD 374.081,66 se pagaron en efectivo, y una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, compras y cancelaciones de deudas del período. Entre esos pagos figuran la compra de un lote en el country Indio Cuá, reformas, muebles, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Parte de esas operaciones se hizo fuera del sistema bancario o a través de terceros.

La defensa sostuvo que ese dinero provenía de ahorros en criptomonedas anteriores a su llegada al Gobierno. Pollicita concluyó que no pudo refutar esa versión y que la investigación no logró vincular los fondos con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”. Por eso escribió que “no se advierte que la conducta desplegada por Manuel Adorni tenga adecuación típica” en el enriquecimiento ilícito, “lo que no significa que no deba responder por una conducta antijurídica de otra naturaleza”.

De la corrupción a la evasión

El giro tiene una explicación jurídica: el enriquecimiento ilícito exige que el patrimonio crezca después de asumir el cargo. Si el dinero ya existía, el delito no encaja, aunque se haya usado durante la gestión. Pero esa misma explicación de la defensa abrió otra puerta. Según el fiscal, la fuente que Adorni invoca “se compone, según su propio relato, de recursos que no fueron informados al organismo recaudador”, y la omisión se extendió “desde 2014 y hasta su exteriorización en 2026”, es decir, cuando la causa ya estaba en trámite.

Pollicita enumeró indicadores que, a su juicio, exceden una infracción administrativa: la omisión de declarar bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la intervención de terceros y la exteriorización de los fondos una vez iniciada la investigación. El fuero Penal Económico deberá reconstruir, ejercicio por ejercicio, lo que correspondía pagar de Ganancias y Bienes Personales.

La lectura política: el vocero de la “casta” y el efectivo

El dictamen deja al Gobierno una victoria a medias. Evita la figura de corrupción para uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei, pero lo describe como alguien que durante años manejó dólares en efectivo fuera del radar de la AFIP, hoy ARCA. Es el mismo Gobierno que llegó al poder con el discurso contra la “casta” y que impulsó un blanqueo y la llamada “inocencia fiscal” para quienes tengan dólares sin declarar. La causa ahora queda en manos de Lijo, que debe decidir si se declara incompetente.

Lo que tenés que saber:

  • Pollicita dictaminó que no hay pruebas de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni durante la función pública.
  • Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.
  • La Fiscalía detectó gastos por USD 402.578, de los cuales USD 374.081 se pagaron en efectivo.
  • Según el fiscal, Adorni mantuvo tenencias sin declarar desde 2014 hasta 2026, cuando ya estaba en marcha la causa.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe resolver si acepta el pedido.
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