Investigación 🔎
Un sicario habló: el objetivo del ataque a Beller era “un argentino”
Aldo Silva Peña, apodado «Juancho», reconoció su participación en el atentado del 17 de agosto pero dijo que no disparó y que la idea era darle «un susto» a la abogada, no matarla. Afirmó que quienes lo contrataron ahora lo quieren silenciar.
Uno de los presuntos sicarios identificados por la Fiscalía de Bolivia en el ataque contra la abogada Nadia Beller rompió el silencio y publicó un video en redes sociales en el que reveló que el verdadero objetivo de la operación no era la expareja de Fernando Cerimedo sino, según sus propias palabras, «una personalidad gaucha, argentina» cuyo nombre no precisó. La declaración agrega una nueva capa de opacidad a una causa que ya involucra a un asesor clave de la campaña de Javier Milei, una red de intermediarios en Cochabamba y posibles vínculos con estructuras del Estado boliviano.
«La intención no era rematarla»
Aldo Silva Peña, identificado por la Policía boliviana junto a E. D. J., alias «Don Fiti», como uno de los participantes directos del ataque ocurrido el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, grabó y difundió por su cuenta un video en el que admitió haber brindado «cierta logística» para el operativo, aunque negó haber sido quien disparó y también haber conducido la motocicleta utilizada en el hecho.
En su relato, Silva Peña sostuvo que «el objetivo principal no era matar a esa señora» y precisó que la consigna era pegarle un susto a Beller, robarle la cartera y retirarse. «La intención no era, después que estuviera en el piso, rematarla», indicó, y aclaró que tampoco estaba previsto quitarle los teléfonos, aunque uno de los dispositivos terminó en manos de los atacantes, según consta en las actuaciones judiciales previas.
La versión de «Juancho» contrasta con la gravedad de las heridas que sufrió Beller: impactos de bala en el pecho, el costado y el brazo. La abogada sobrevivió fingiendo estar muerta y desde su internación en el Hospital Las Américas de Santa Cruz señaló a Cerimedo como el autor intelectual del ataque.
La cadena de mando: «Toño» y la Gobernación de Cochabamba
Uno de los elementos más relevantes del video es la descripción que Silva Peña hizo de la cadena de órdenes. Según afirmó, por encima de él había tres personas que «fueron los que pagaron y mandaron a hacer esto». Entre ellas mencionó a un hombre al que identificó como «Toño», quien lo habría contactado por teléfono y, según indicó, trabajaría en la Gobernación de Cochabamba. También nombró a «un tal Chino», a quien le atribuyó haber realizado tareas de seguimiento e inteligencia sobre Beller.
Silva Peña relató que fue enviado en dos oportunidades a Bulo Bulo, localidad del departamento de Cochabamba: la primera para recibir teléfonos e información sobre el caso y la segunda para buscar dinero y nuevas instrucciones. La mención de un vínculo con la Gobernación provincial abre una línea de investigación que los fiscales bolivianos deberán verificar, dado que hasta el momento las pesquisas se concentraron en el entorno inmediato de Cerimedo.
«Me quieren silenciar»
La decisión de hacer pública su versión antes de entregarse a la Justicia respondería, según el propio Silva Peña, al temor a ser eliminado. «Las personas que me contrataron en estos momentos me quieren silenciar, me quieren matar, me quieren callar», afirmó, y advirtió que esos individuos no quieren que hable ni con la Policía ni con los medios de comunicación. Dijo estar dispuesto a entregarse, pero exigió garantías previas para hacerlo.
La Fiscalía boliviana ya tiene detenidos con prisión preventiva a Paola A. V. A., pareja de Silva Peña, y a Roger A. C., identificado como quien habría provisto el arma. Además, los investigadores emitieron una orden de captura contra una exfuncionaria de la Aduana boliviana, cuya identidad no fue divulgada. El expediente contempla también a «Don Fiti» como partícipe directo, sin que hasta el cierre de esta edición se informara su detención.
Cerimedo, con segunda preventiva de 180 días
Fernando Cerimedo permanece detenido en Bolivia bajo una segunda prisión preventiva de 180 días, dictada por la Justicia de Santa Cruz de la Sierra en el marco de la investigación por tentativa de feminicidio. El consultor político, figura clave en la construcción de la imagen digital de Milei y fundador de La Derecha Diario, se negó a declarar ante los fiscales en instancias previas del proceso; su defensa adoptó la estrategia del silencio. Las nuevas revelaciones de Silva Peña podrían reorientar la investigación hacia actores hasta ahora no identificados formalmente en el expediente.
Puntos clave
- Aldo Silva Peña, apodado «Juancho», reconoció haber brindado logística en el ataque pero negó haber disparado o conducido la moto.
- Afirmó que el objetivo real era «una personalidad argentina» y que la consigna sobre Beller era darle un susto y robarle la cartera.
- Mencionó a «Toño», supuestamente vinculado a la Gobernación de Cochabamba, como uno de los tres mandantes del operativo.
- Dijo temer por su vida y exigió garantías antes de entregarse a las autoridades bolivianas.
- La Justicia boliviana mantiene a Cerimedo con una segunda prisión preventiva de 180 días por tentativa de feminicidio.
Investigación 🔎
La causa ANDIS avanza: la Justicia rechazó los intentos de Spagnuolo y los Kovalivker de desbaratar la investigación
La Sala II de la Cámara Federal porteña rechazó dos intentos clave por desbaratar la investigación principal: le negó a Diego Spagnuolo la condición de querellante en el expediente por los audios y desestimó el planteo de nulidad de los hermanos Kovalivker. En simultáneo, confirmó los procesamientos de 19 imputados por el presunto vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Doscientos cuarenta y cinco mil dólares pagados en efectivo y sin factura en refacciones de lujo, una pileta con cascada, un quincho de alta gama y un jacuzzi. Ese es el trasfondo que rodea la causa que investiga el presunto vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que ahora tiene un nuevo capítulo judicial. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de Diego Spagnuolo y otros 18 imputados, y rechazó de plano dos maniobras defensivas que buscaban neutralizar la investigación.
Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y amigo personal del presidente Javier Milei, protagonizó ambas presentaciones frustradas. Por un lado, intentó convertirse en querellante en el expediente que investiga la filtración de los audios que se le atribuyen, donde se escucha una voz relatando el presunto esquema de retornos en medicamentos e insumos para personas con discapacidad, con un porcentaje que habría correspondido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por otro, la defensa de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina, también imputados en la causa principal, impulsó un planteo de nulidad de todo lo actuado alegando que las grabaciones habrían sido adulteradas u obtenidas de manera ilícita. Ninguno de los dos intentos prosperó.
Sin legitimación para querellarse
Spagnuolo había recurrido ante la Cámara la decisión del juez Julián Ercolini, quien rechazó en primera instancia que el ex funcionario ingresara al expediente sobre los audios como particular damnificado. A través de su abogado Pablo Parera, argumentó que había sido blanco específico, real y verificable de las maniobras de espionaje que se investigan en ese expediente paralelo, que tramita con el fiscal Carlos Stornelli como acusador.
Los camaristas Roberto Boico y Guillermo Farah cerraron esa puerta. Boico fue categórico: mientras no concluya la pericia destinada a establecer el origen y la autenticidad de las grabaciones en el expediente principal, Spagnuolo «mal puede pretender ser tenido como ‘particular ofendido'». Farah, por su parte, señaló que la sola afirmación de haber sido víctima de espionaje no alcanza para reconocerle ese rol procesal y que el escrito de querella debería haber explicado, al menos como hipótesis, cómo los audios serían parte de maniobras ilegales y a manos de quién. Esa «falencia explicativa» fue el argumento decisivo para el rechazo.
La defensa de los Kovalivker, también sin éxito
El abogado Martín Magram, a cargo de la defensa de los hermanos Kovalivker, sostuvo que todo lo actuado en el expediente principal debía declararse nulo porque la investigación se montó sobre grabaciones adulteradas u obtenidas de manera ilícita. El planteo, rechazado en primera instancia, reunió la adhesión de otros imputados, pero tampoco tuvo éxito en la alzada.
Boico insistió en el argumento central: sin que se haya establecido aún si la voz que se escucha en las grabaciones difundidas por el canal de streaming Carnaval pertenece efectivamente a Spagnuolo, no resulta posible plantear con éxito una exclusión probatoria fundada en una captación ilícita no comprobada. Farah fue aun más explícito al señalar que ni el fiscal Franco Picardi ni el juez Ariel Lijo invocaron los audios como prueba de cargo en el expediente principal. «Oportunamente se verá qué valor probatorio tienen esos audios», escribió el camarista, dejando en claro que el debate sobre su validez está pendiente pero no pone en riesgo la investigación tal como está planteada hoy.
La pericia de Gendarmería, el nudo del asunto
El punto de inflexión de todo este capítulo procesal será la pericia que lleva adelante la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional sobre las piezas de audio que dieron origen al escándalo. Una vez que ese peritaje concluya, ambas controversias pendientes, la del querellante y la de la nulidad, podrán retomarse con nuevos elementos. Por ahora, la Cámara dejó en claro que ninguna de las maniobras defensivas tiene sustento suficiente para frenar el avance de la investigación.
En paralelo, los mismos camaristas confirmaron los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 imputados, luego de que la investigación detectara pruebas de un aparente direccionamiento de licitaciones con simulación de competencia entre distintas empresas, que incluyó la manipulación del sistema informático del organismo. La ANDIS tiene bajo su órbita la gestión de medicamentos e insumos para personas con discapacidad, un universo presupuestario que, según la acusación, fue sistemáticamente vaciado a través de ese esquema.
Los audios, Karina Milei y el escándalo que no se apaga
El contenido de los audios atribuidos a Spagnuolo instaló en el centro del debate político a Karina Milei, hermana y secretaria general del presidente. Las grabaciones describirían un esquema donde la funcionaria participaría de los retornos sobre medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad. El gobierno de Milei nunca respondió sobre el fondo de esas acusaciones; prefirió instalar la hipótesis de que los audios fueron obtenidos de manera ilícita o adulterados, sin aportar prueba concreta de ninguna de las dos afirmaciones.
La estrategia, que ahora la Cámara rechazó en sus dos manifestaciones judiciales más directas, buscaba correrse del eje de la investigación para convertir a Spagnuolo en víctima de un complot y deslegitimar la evidencia antes de que sea evaluada. La resolución de Boico y Farah no habilitó ese camino. La causa sigue.
Lo que tenés que saber
- La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de Diego Spagnuolo de ser querellante en la causa que investiga la filtración de los audios que se le atribuyen.
- También desestimó el planteo de nulidad de los hermanos Kovalivker, que alegaban que las grabaciones fueron adulteradas u obtenidas ilegalmente.
- Los camaristas Boico y Farah señalaron que los audios no fueron usados como prueba de cargo en el expediente principal.
- La pericia de Gendarmería Nacional sobre las grabaciones será determinante para resolver ambas controversias pendientes.
- La Cámara confirmó además los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 imputados por el presunto vaciamiento de la ANDIS mediante licitaciones direccionadas.
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