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Investigación 🔎

Un sicario habló: el objetivo del ataque a Beller era “un argentino”

Aldo Silva Peña, apodado «Juancho», reconoció su participación en el atentado del 17 de agosto pero dijo que no disparó y que la idea era darle «un susto» a la abogada, no matarla. Afirmó que quienes lo contrataron ahora lo quieren silenciar.

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El Argentino Diario-Fernando Cerimedo.
"Me quieren silenciar": el sicario del caso Cerimedo reveló que el blanco real era un argentino y teme por su vida.

Uno de los presuntos sicarios identificados por la Fiscalía de Bolivia en el ataque contra la abogada Nadia Beller rompió el silencio y publicó un video en redes sociales en el que reveló que el verdadero objetivo de la operación no era la expareja de Fernando Cerimedo sino, según sus propias palabras, «una personalidad gaucha, argentina» cuyo nombre no precisó. La declaración agrega una nueva capa de opacidad a una causa que ya involucra a un asesor clave de la campaña de Javier Milei, una red de intermediarios en Cochabamba y posibles vínculos con estructuras del Estado boliviano.

«La intención no era rematarla»

Aldo Silva Peña, identificado por la Policía boliviana junto a E. D. J., alias «Don Fiti», como uno de los participantes directos del ataque ocurrido el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, grabó y difundió por su cuenta un video en el que admitió haber brindado «cierta logística» para el operativo, aunque negó haber sido quien disparó y también haber conducido la motocicleta utilizada en el hecho.

En su relato, Silva Peña sostuvo que «el objetivo principal no era matar a esa señora» y precisó que la consigna era pegarle un susto a Beller, robarle la cartera y retirarse. «La intención no era, después que estuviera en el piso, rematarla», indicó, y aclaró que tampoco estaba previsto quitarle los teléfonos, aunque uno de los dispositivos terminó en manos de los atacantes, según consta en las actuaciones judiciales previas.

La versión de «Juancho» contrasta con la gravedad de las heridas que sufrió Beller: impactos de bala en el pecho, el costado y el brazo. La abogada sobrevivió fingiendo estar muerta y desde su internación en el Hospital Las Américas de Santa Cruz señaló a Cerimedo como el autor intelectual del ataque.

La cadena de mando: «Toño» y la Gobernación de Cochabamba

Uno de los elementos más relevantes del video es la descripción que Silva Peña hizo de la cadena de órdenes. Según afirmó, por encima de él había tres personas que «fueron los que pagaron y mandaron a hacer esto». Entre ellas mencionó a un hombre al que identificó como «Toño», quien lo habría contactado por teléfono y, según indicó, trabajaría en la Gobernación de Cochabamba. También nombró a «un tal Chino», a quien le atribuyó haber realizado tareas de seguimiento e inteligencia sobre Beller.

Silva Peña relató que fue enviado en dos oportunidades a Bulo Bulo, localidad del departamento de Cochabamba: la primera para recibir teléfonos e información sobre el caso y la segunda para buscar dinero y nuevas instrucciones. La mención de un vínculo con la Gobernación provincial abre una línea de investigación que los fiscales bolivianos deberán verificar, dado que hasta el momento las pesquisas se concentraron en el entorno inmediato de Cerimedo.

«Me quieren silenciar»

La decisión de hacer pública su versión antes de entregarse a la Justicia respondería, según el propio Silva Peña, al temor a ser eliminado. «Las personas que me contrataron en estos momentos me quieren silenciar, me quieren matar, me quieren callar», afirmó, y advirtió que esos individuos no quieren que hable ni con la Policía ni con los medios de comunicación. Dijo estar dispuesto a entregarse, pero exigió garantías previas para hacerlo.

La Fiscalía boliviana ya tiene detenidos con prisión preventiva a Paola A. V. A., pareja de Silva Peña, y a Roger A. C., identificado como quien habría provisto el arma. Además, los investigadores emitieron una orden de captura contra una exfuncionaria de la Aduana boliviana, cuya identidad no fue divulgada. El expediente contempla también a «Don Fiti» como partícipe directo, sin que hasta el cierre de esta edición se informara su detención.

Cerimedo, con segunda preventiva de 180 días

Fernando Cerimedo permanece detenido en Bolivia bajo una segunda prisión preventiva de 180 días, dictada por la Justicia de Santa Cruz de la Sierra en el marco de la investigación por tentativa de feminicidio. El consultor político, figura clave en la construcción de la imagen digital de Milei y fundador de La Derecha Diario, se negó a declarar ante los fiscales en instancias previas del proceso; su defensa adoptó la estrategia del silencio. Las nuevas revelaciones de Silva Peña podrían reorientar la investigación hacia actores hasta ahora no identificados formalmente en el expediente.

Puntos clave

  • Aldo Silva Peña, apodado «Juancho», reconoció haber brindado logística en el ataque pero negó haber disparado o conducido la moto.
  • Afirmó que el objetivo real era «una personalidad argentina» y que la consigna sobre Beller era darle un susto y robarle la cartera.
  • Mencionó a «Toño», supuestamente vinculado a la Gobernación de Cochabamba, como uno de los tres mandantes del operativo.
  • Dijo temer por su vida y exigió garantías antes de entregarse a las autoridades bolivianas.
  • La Justicia boliviana mantiene a Cerimedo con una segunda prisión preventiva de 180 días por tentativa de feminicidio.

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Campana ya no es refugio: el fallo de la Corte rompe la estrategia de la AFA

Durante casi un año, las defensas de la conducción de la AFA empujaron para concentrar sus causas en el juzgado federal de Campana. La Corte habló de una «grosera» violación de las reglas de competencia y devolvió a Rafecas la causa de la mansión de Pilar, aunque el juez podría irse pronto a Casación.

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Sede de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema no solo cambió de juez la causa por la mansión de Pilar: le puso nombre a lo que pasó durante casi un año. Los supremos dijeron que el traslado del expediente a Campana afectó «de manera severa e inequívoca» la garantía del juez natural y lo calificaron como una «grosera» violación de las reglas de competencia. Con esa frase se cayó la pieza central de una estrategia que la conducción de la AFA venía empujando desde fines de 2025: reunir sus causas en un solo juzgado, lejos de los tribunales porteños especializados en delitos económicos.

El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja del fiscal ante Casación Mario Villar y dejó sin efecto la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que en agosto había enviado la investigación al juzgado de Adrián González Charvay con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y la disidencia de Alejandro Slokar. La Corte les reprochó, además, no haber analizado los argumentos de Villar. El expediente vuelve al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, de Daniel Rafecas.

El juzgado que querían los acusados

La pelea por la competencia nunca fue un tecnicismo. El 30 de diciembre de 2025, último día hábil del año, González Charvay pidió quedarse con la causa que tramitaba el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que ya venía avanzando con medidas de prueba, y lo hizo pese a la opinión contraria de un fiscal. Con ese movimiento, la instancia de revisión pasaba a ser la Cámara Federal de San Martín. Según reconstruyó el diario La Nación, el juez de Campana tuvo después el expediente de la mansión durante seis meses sin avanzar sobre Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

En paralelo, Campana fue absorbiendo otras causas sensibles para la entidad: la que había abierto el juez federal Luis Armella, que allanó a la empresa de Javier Faroni y las sedes de la AFA, y la de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había pedido la detención de Tapia y Toviggino. En esta última, en octubre, González Charvay sobreseyó a familiares y socios del tesorero porque no quedaba ningún fiscal impulsando la acusación, sin analizar la prueba reunida. La unificación en Campana era la estrategia de las defensas, resistida una y otra vez por fiscales y querellantes.

El propio juez la defendió en público: sostuvo que no pueden existir tres o cuatro magistrados investigando los mismos hechos. Pero no todos le dieron la razón. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que procesó a Tapia y a Toviggino por la retención de aportes, rechazó un pedido de González Charvay para quedarse con otra causa por lavado y consideró «prematura» esa unificación.

Por qué la causa es porteña

El argumento para llevar todo a Campana era que la quinta está en Villa Rosa, partido de Pilar. La Corte lo desarmó: sostuvo que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos a través de sociedades, cambios societarios y operaciones con bienes, no solo la compra de un inmueble, y que Pilar «no era en modo alguno el centro de dirección» de esa actividad. Varias de las sociedades tenían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde también está la sede de la AFA, sobre la calle Viamonte. El tribunal mencionó además una presunta red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025.

La causa se inició con una denuncia de la Coalición Cívica en diciembre de 2025 y busca determinar si fondos de la AFA se desviaron para comprar la quinta, atribuida a Toviggino, y si Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares registrales a través de Real Central SRL, actuaron como testaferros. En el allanamiento del 12 de diciembre de 2025 se secuestraron 54 vehículos de alta gama y de colección. La tasación judicial valuó la propiedad, de unos 105.000 metros cuadrados, en US$ 16.954.000 y los autos en US$ 3.861.100.

Un regreso con fecha de vencimiento

Rafecas, el juez que ordenó aquel allanamiento, retoma ahora la investigación sobre el origen de los fondos y la titularidad real de los bienes. Pero su permanencia no está garantizada: el presidente Javier Milei envió al Senado su pliego para un cargo en la Cámara Nacional de Casación Penal y, si lo aprueban, la causa quedará en manos de un juez subrogante. Después de casi un año de idas y vueltas, el expediente vuelve al punto de partida con el riesgo de cambiar de manos otra vez.

Lo que tenés que saber

  • La Corte anuló el fallo de la Sala I de Casación (Borinsky y Barroetaveña, con disidencia de Slokar) que había enviado la causa a Campana.
  • Calificó el traslado como una «grosera» violación de las reglas de competencia que afectó la garantía del juez natural.
  • El juzgado de Campana había absorbido otras causas de la AFA, como la de Santiago del Estero y la que allanó a Faroni.
  • La tasación judicial valuó la quinta en US$ 16.954.000 y los 54 autos secuestrados en US$ 3.861.100.
  • Rafecas retoma la causa, pero Milei lo propuso para la Casación Nacional y podría dejar el juzgado.
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