Un chico de 15 años salía de su colegio y volvía a su casa. No estaba armado, no cometía ningún delito: era un estudiante que simplemente quería llegar a su hogar. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la fuerza de seguridad que conduce el jefe de Gobierno Jorge Macri, lo alcanzó en el marco de la represión a una acción solidaria por la reincorporación de Araceli Pintos. El adolescente terminó necesitando atención médica de urgencia. La escena resume con brutalidad descarnada lo que viene siendo la política de seguridad del gobierno porteño frente a cualquier forma de organización y protesta social.

El contexto: la lucha por Araceli Pintos

El episodio ocurrió en el marco de una acción solidaria por la reincorporación de Araceli Pintos, trabajadora del subte despedida por la concesionaria Emova S.A. después de denunciar el acoso sexual reiterado de un efectivo de la propia Policía de la Ciudad en su lugar de trabajo.

El policía denunciado continúa en funciones sin consecuencias conocidas. Pintos, en cambio, perdió el empleo que había esperado ocho años para obtener. Desde entonces, trabajadores y trabajadoras del subte, organizaciones feministas y sociales vienen sosteniendo una campaña de solidaridad que incluye aperturas de molinetes, comités de apoyo, petitorios y acciones callejeras. La respuesta del Estado no fue garantizar sus derechos, sino enviar uniformados a disolver la protesta.

La represión: un menor como víctima

Según la denuncia pública realizada por el médico generalista del Hospital Argerich, Franco «Paco» Capone, en sus redes sociales y compartida por “La Izquierda Diario”, la Policía de la Ciudad reprimió brutalmente la acción solidaria y ese adolescente de 15 años, que apenas salía de su colegio, terminó necesitando atención médica. La Posta de Salud y Cuidado, junto al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), tuvo que asistirlo mientras se esperaba la llegada de una ambulancia.

La pregunta que se impone es elemental: ¿con qué nivel de violencia tiene que actuar una fuerza policial para que un chico de 15 años que sale de la escuela termine necesitando asistencia de emergencia? No se trataba de una persona armada, no se trataba de alguien cometiendo un delito. Era un estudiante. La Policía de la Ciudad convirtió la calle en un lugar de peligro para un menor que solamente quería volver a su casa.

Violencia institucional como política de Estado

No se trata de un hecho aislado. La Policía de la Ciudad ha protagonizado en los últimos años una sucesión de episodios de violencia desproporcionada contra manifestantes, trabajadores y sectores vulnerables. Desde la represión a jubilados que reclamaban frente al Congreso hasta el desalojo violento de vendedores ambulantes en Belgrano, el patrón se repite: una fuerza de seguridad que actúa como instrumento de disciplinamiento social antes que como garante de derechos.

El caso Araceli Pintos condensa además una cadena de impunidad institucional que va más allá de la represión callejera. Un policía acosó a una trabajadora en su lugar de trabajo; la empresa la despidió a ella; el policía siguió en funciones; y cuando sus compañeros y compañeras salieron a reclamar justicia, la misma institución que protegió al agresor original mandó efectivos a golpear a quienes protestaban, hiriendo en el proceso a un adolescente que pasaba por ahí. El círculo de la violencia institucional no podría estar más perfectamente cerrado.

La Posta y el CeProDH: quienes curan lo que el Estado rompe

Que hayan sido la Posta de Salud y Cuidado y el CeProDH quienes contuvieron y asistieron al menor herido no es un detalle menor. Ambas organizaciones llevan años cubriendo el daño que genera el accionar represivo en Buenos Aires, atendiendo a manifestantes, jubilados, trabajadores y vecinos que resultan lastimados por las fuerzas de seguridad. Su presencia sistemática en cada episodio de represión dice algo sobre el Estado: que no protege a quienes agrede, y que la tarea de reparar recae sobre colectivos de salud y derechos humanos que funcionan a pulmón.

Desde la Posta de Salud y Cuidado se repudió la represión y se exigió que se investiguen los hechos. «Ningún pibe tiene que ser víctima de la violencia policial por simplemente salir de la escuela y volver a su casa», plantearon públicamente. La frase no necesita más comentario. La Policía de la Ciudad, responsable de garantizar la seguridad, convirtió una jornada de solidaridad en una zona de peligro para menores de edad.

Lo que está en juego

El derecho a la protesta es un derecho constitucional. El derecho de un menor a circular libremente y en seguridad también lo es. Cuando la Policía de la Ciudad vulnera ambos en el mismo operativo, no está cometiendo un «exceso»: está ejecutando una política. Una política que desde el gobierno de Jorge Macri se aplica con creciente impunidad y con el silencio cómplice de quienes tienen la responsabilidad de controlar a las fuerzas de seguridad. Que el damnificado sea un estudiante de 15 años que volvía a su casa no debería generar indignación solo en las redes sociales: debería generar una investigación penal inmediata y respuestas políticas concretas.