La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua para el hombre que en el 2016 asesinó en Bahía Blanca a Micaela Ortega, de 12 años, cuyo caso impulsó la ley para prevenir el grooming, informaron hoy fuentes judiciales.

La resolución que trascendió hoy fue firmada en la víspera por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti luego de un recurso de queja que había sido planteado por la defensa de Jonathan Luna, quien fue condenado en octubre del 2017 en el marco del primer caso de «grooming» que terminó con un crimen.

Se trata de un recurso de queja que había sido presentado por la defensora pública oficial Ana Julia Biasotti ante la Corte Suprema, quien ratificó la sentencia dictada contra Luna por un Tribunal Criminal bahiense.

En la resolución de la Corte Suprema de Justicia se indicó que «el recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, resulta inadmisible» y por tal motivo «desestima la presentación directa».

Por su parte, la abogada de la familia de Ortega, Fernanda Petersen dijo que «una vez que se dictó sentencia en el Tribunal de Bahía Blanca el fallo fue a Casación y a la Corte de provincia, donde denegaron el recurso para ir a la Nación».

«Como se lo denegaron a la defensa, ésta presentó un recurso de queja extraordinario a la Corte Suprema de la Nación, quien lo declaró inadmisible y dejó firme la sentencia», agregó la letrada.

Por último Petersen indicó que tanto para Mónica Cid, madre de Micaela, y su familia la resolución de la Corte Suprema «es una tranquilidad».

Micaela había desaparecido el 23 de abril del 2016 tras encontrarse con Luna y su cuerpo golpeado y estrangulado fue encontrado el 28 de mayo cerca de la ruta 3 en las afueras de Bahía Blanca, en medio de una búsqueda por parte de fuerzas de seguridad y sus familiares.

Por el hecho fue juzgado y condenado a prisión perpetua en octubre de 2017 en el marco del primer caso de «grooming» que terminó con un crimen.

El hombre fue detenido en una precaria vivienda que habitaba, que había sido parcialmente incendiada por vecinos, donde se secuestraron una planchita de pelo, teléfonos celulares y otras pertenencias de Micaela.

Los investigadores llegaron a Luna tras determinar que se había contactado con la niña a través de Facebook gracias a la información aportada por The National Center for Missing & Exploited Children, de Estados Unidos, un organismo que trabaja contra la pedofilia y explotación de niños.

Así se determinó que el hombre poseía más de cuatro cuentas de Facebook en las que se hacía pasar por mujer, mediante una de las cuales captó a Micaela, a quien simulando ser una chica la convenció de que fuera a una esquina donde supuestamente la iba a pasar a buscar un amigo.

En ese lugar, Luna fue captado por las cámaras de seguridad junto a la Micaela, vista allí por última vez con vida.

La sentencia fue dictada de manera unánime por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Bahía Blanca, que consideró a Luna autor de «homicidio triplemente calificado por haberse cometido sobre una mujer mediando violencia de género, por alevosía y para ocultar otros delitos por no haber logrado el fin e intención que guiaba su conducta de cometer un delito contra la integridad sexual, en concurso real con los delitos de acoso sexual tecnológico y robo».

Los jueces Claudia Fortunatti, María Elena Baquedano y Eugenio Casas consideraron que Luna «se aprovechó de la situación de indefensión de la víctima», a quién trasladó a varios kilómetros hasta una zona descampada y de muy difícil acceso «para asegurar su actuación» y «previo convencerla de que la llevaría a una vivienda donde podría alojarse».

El Tribunal consideró que la edad de Micaela, sus características físicas y la confianza que había generado Luna a partir de la información falsa a través de Facebook, «establecieron esa situación de inferioridad» que le impidieron resistirse al ataque del hombre.

Luna mató a Micaela «para tratar de ocultar otros delitos», como el «acoso sexual tecnológico y robo» y tras «no haber logrado ejecutar la intención de cometer un delito contra la integridad sexual».

La Cámara de Diputados aprobó en noviembre del 2020 por unanimidad y convirtió en ley el proyecto que establece la creación de un Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objetivo es prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre esta problemática a través del uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de la capacitación de la comunidad.