Represión
Emergencia en discapacidad: reprimen reclamo de familias frente a Salud
La ley está, pero no se cumple. El aumento fue irrisorio y queda lejos de cubrir el aumento de costos y meses de atraso en los pagos.
Familiares de personas con discapacidad, profesionales y organizaciones del sector volvieron a salir a la calle para exigir algo básico: que el Estado cumpla la ley. La protesta se realizó frente al Ministerio de Salud de la Nación Argentina, donde reclamaron la aplicación efectiva de la ley de emergencia en discapacidad y el pago en tiempo y forma a prestadores. La respuesta fue un operativo policial que terminó con tensión y empujones.
La movilización reunió a familiares, terapeutas y trabajadores del sistema de prestaciones que sostienen tratamientos, acompañamientos y cuidados para miles de personas. El reclamo apunta a un problema que el sector denuncia desde hace meses: pagos atrasados, aranceles congelados y un sistema que funciona a fuerza de endeudamiento de profesionales y centros de atención.
La ley está, pero no se cumple
El Congreso aprobó la ley de emergencia en discapacidad y el Gobierno terminó reglamentándola recién en 2026. Sin embargo, los prestadores aseguran que la reglamentación quedó en los papeles y que la crisis sigue intacta.
La escena frente al Ministerio lo reflejó con claridad: familias que dependen del sistema para sostener tratamientos reclamando en la calle mientras denuncian que los pagos siguen demorados.
“Estamos reclamando nuestros derechos y nos hacen esto. No molestamos a nadie”, dijo uno de los participantes de la movilización. “Los prestadores no están cobrando y las personas con discapacidad no pueden vivir más así”, agregó.
Aumentos mínimos frente a una crisis profunda
La semana pasada el Gobierno anunció un aumento del 5,87 por ciento en las tarifas del nomenclador del Sistema de Prestaciones de Atención Integral para Personas con Discapacidad, a través de la Resolución 340/2026.
El ajuste fue calculado en base a la variación del índice de inflación de diciembre de 2025 y enero de 2026. Para los trabajadores del sector, el número queda lejos de cubrir el aumento de costos y mucho más lejos de resolver los meses de atraso en los pagos.
La protesta frente a Salud terminó así como vienen terminando varios reclamos sociales en los últimos meses: con un pedido de derechos básicos y un despliegue policial para reprimir a los más desfavorecidos. Mientras tanto, miles de familias siguen esperando que la emergencia en discapacidad empiece a ser una política efectiva.
DDHH
Presunción de inocencia en crisis: 6 de cada 10 detenidos en prisiones federales esperan sentencia tras las rejas
Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que en el primer semestre de 2026 casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados sin sentencia. El relevamiento también documentó 18 muertes y 41 medidas de fuerza en los dos penales.
Más de la mitad de las personas alojadas en dos de las principales cárceles federales del país permanece detenida sin condena firme. Así lo estableció un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, correspondiente al primer semestre de 2026.
El relevamiento del organismo de control, que tiene rango constitucional y actúa como mecanismo de monitoreo de los lugares de detención, releva la evolución de la población alojada, la situación procesal de los detenidos, las demandas recibidas, los casos de malos tratos físicos, los fallecimientos y las medidas de fuerza documentadas entre enero y junio de este año.
Marcos Paz: casi 6 de cada 10 detenidos sin sentencia
El Complejo Penitenciario Federal N°2 (CPF II) de Marcos Paz, que aloja a varones mayores de 18 años, tenía a junio de 2026 un total de 1.875 personas privadas de libertad distribuidas en sus cinco unidades residenciales. La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 2.000 plazas, con lo cual restaban 125 disponibles al momento del relevamiento.
El informe determinó que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz se encuentra procesado, es decir que más de 5 de cada 10 no cuentan con una condena firme. En el mismo período se relevaron 1.237 reclamos vinculados a salud, acceso a la justicia, condiciones materiales de detención y traslados o cambios de alojamiento.
El organismo registró además tres fallecimientos en el complejo durante los seis meses relevados, ninguno asociado a un hecho violento sino a causas de enfermedad, y 14 medidas de fuerza: nueve por huelga de hambre, tres por ingesta de elementos no consumibles y dos por autolesiones.
Ezeiza: la misma proporción y un dato más grave
El Complejo Penitenciario Federal N°1 (CPF I) de Ezeiza aloja a varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026 tenía 1.905 personas privadas de libertad en sus siete unidades residenciales, sobre una capacidad declarada de 1.947 plazas.
La situación procesal replica el patrón de Marcos Paz: casi el 53% de los detenidos en Ezeiza está procesado, sin condena firme. Entre enero y junio se relevaron 1.472 demandas, con la salud como principal motivo de reclamo, seguida por las condiciones materiales de detención, el acceso a la justicia y los traslados o cambios de alojamiento.
A diferencia de Marcos Paz, Ezeiza registró 15 fallecimientos en el semestre, de los cuales diez fueron por enfermedad y cinco por muertes violentas: cuatro por ahorcamiento y uno por incendio. El complejo también concentró la mayor cantidad de medidas de fuerza, con un total de 27: 21 por huelga de hambre, dos por autolesiones, dos por rechazo de alimentos, una por ingesta de elementos no consumibles y una sin identificar.
Un patrón estructural del sistema penitenciario federal
Los números que arroja el relevamiento de la Procuración Penitenciaria confirman un dato que organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace años en distintos informes: la utilización de la prisión preventiva como regla y no como excepción en el sistema penal federal argentino, en contradicción con el principio constitucional de inocencia. Entre las dos cárceles relevadas suman casi 3.800 personas detenidas, y en ambas la mayoría permanece procesada sin una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia.
Lo que tenés que saber:
- Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación relevó las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz entre enero y junio de 2026.
- Casi el 57% de los presos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados, sin condena firme.
- Entre ambos complejos se registraron 18 fallecimientos en el semestre, cinco de ellos por muertes violentas en Ezeiza.
- Se documentaron 41 medidas de fuerza en total, la mayoría huelgas de hambre.
- Entre las dos cárceles suman casi 3.800 personas privadas de libertad.
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