Efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaron a palazo limpio y con escudos contra la protesta de trabajadores del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) que se manifestaban en la Avenida General Paz este miércoles. La brutal escalada de tensión se desató tras la decisión del Gobierno libertario de disolver el estratégico Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC), una medida que significa el vaciamiento de capacidades soberanas del Estado.

El operativo, que aplicó el polémico «protocolo antipiquete» de la doctrina Bullrich, fue un intento por desalojar a los laburantes que habían cortado parcialmente la circulación a la altura de Constituyentes, en defensa del organismo y sus puestos de trabajo.

Operativo de desalojo con palos y escudos

La protesta había arrancado en el Parque Tecnológico Miguelete, sede del INTI, para luego trasladarse a la General Paz. Apenas los manifestantes, que contaban con el apoyo de movimientos políticos y organizaciones sociales, ocuparon la traza, el cordón policial comenzó a desplazarlos de inmediato.

La policía motorizada y las fuerzas especiales de la Policía de la Ciudad intervinieron con firmeza. El clima de enfrentamiento se hizo notorio cuando los agentes avanzaron, desatando corridas y empujones. En el punto de mayor fricción, cerca de la salida a Constituyentes, los uniformados intensificaron el avance con golpes de palos y escudos.

Los laburantes, en respuesta a la embestida, arrojaron cubiertas encendidas, lo que transformó la zona en un caos vehicular y de tensión social. La postal de la represión se suma a la sistemática criminalización de la protesta social impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

El desmantelamiento de un área clave con cuatro décadas de historia

El fondo del conflicto es la decisión de desarticular el Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC), que fue oficializada el lunes pasado. Según el Gobierno, se trata de un proceso de «modernización administrativa». Sin embargo, para los trabajadores y especialistas, es un retroceso inaceptable que implica la transferencia de funciones esenciales a un ente privado (OAA) y a laboratorios privados, en línea con la filosofía de privatizaciones y achicamiento del Estado.

El SAC no es un área menor: con más de cuarenta años de trayectoria, era un bastión de la metrología científica e industrial, esencial para la industria nacional y la certificación de calidad. Su disolución representa la pérdida de capacidades técnicas desarrolladas durante décadas, afectando la soberanía tecnológica y la capacidad regulatoria del país.

ATE alerta por 70.000 contratos en riesgo

En este contexto de ajuste, el reclamo no se limita solo al INTI. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, fue contundente al denunciar la política de recortes.

«Los estatales vamos a defender con todas nuestras fuerzas los derechos que tenemos, y vamos a protestar contra la reforma laboral», declaró Aguiar a Crónica TV.

El dirigente sindical, uno de los principales opositores al plan de ajuste del oficialismo, advirtió sobre la incertidumbre de miles de familias. «Las amenazas están para el 31 de diciembre cuando se vencen 70.000 contratos en la administración nacional. ATE exige la inmediata renovación de todos esos vínculos contractuales», sentenció.

La represión en la General Paz se inscribe así en una embestida más amplia del Gobierno libertario contra organismos científicos, tecnológicos y áreas sociales, con la clara intención de vaciar el Estado en favor del mercado, una política de shock neoliberal rechazada por el movimiento popular.

Puntos Clave

• Efectivos de la Policía de la Ciudad reprimieron a trabajadores del INTI que protestaban en la General Paz.
• El conflicto se originó por la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC), oficializada el lunes anterior.
• La policía aplicó el protocolo antipiquete para desalojar a los manifestantes del corte.
• El SAC era un organismo clave con más de 40 años, cuya disolución implica la pérdida de capacidades técnicas soberanas.
• ATE, a través de Rodolfo Aguiar, advirtió que el conflicto se agrava ante el riesgo de no renovación de 70.000 contratos estatales.