El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó este martes un allanamiento en la sede central de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en el marco de la investigación por las muertes vinculadas al consumo de fentanilo adulterado. La causa ya contabilizó 34 fallecidos, en su mayoría en la zona oeste del conurbano bonaerense, y puso en cuestión la capacidad del Estado para controlar sustancias de alto riesgo.

Fuentes judiciales confirmaron que la inspección duró cerca de una hora y se enfocó en requerir documentación y registros adicionales sobre la cadena de distribución de opioides. Desde el organismo nacional señalaron que entregaron todo lo solicitado y aclararon: “No es la primera vez que una fuerza federal solicita informes en la investigación”.

La trazabilidad bajo sospecha

El expediente, que investiga la venta clandestina de drogas sintéticas en la región de Tres de Febrero y Hurlingham, apunta a determinar si existió algún tipo de falla en los mecanismos de control, vigilancia y trazabilidad del fentanilo en la Argentina. El juez Kreplak busca reconstruir cómo ingresó el opioide al circuito ilegal y si hubo negligencia en los procedimientos de fiscalización por parte de organismos nacionales.

El fentanilo, un analgésico opioide 50 veces más potente que la heroína, está autorizado en el país para uso médico controlado, sobre todo en terapias del dolor para pacientes oncológicos. Sin embargo, su circulación en el mercado negro encendió alarmas. El caso argentino replica escenarios ya vividos en Estados Unidos, donde el abuso del fentanilo provocó más de 70.000 muertes en 2023, según los CDC.

Un sistema con fisuras

Aunque la ANMAT no tiene responsabilidad directa sobre la distribución minorista de medicamentos, sí debe garantizar que las sustancias controladas sigan un circuito reglamentado, desde la importación hasta su uso en centros habilitados. “El problema surge cuando el sistema de control no alcanza a detectar desvíos, adulteraciones o filtraciones”, explicó un exfuncionario de Salud consultado por este medio.

Desde la cartera de Salud de la Nación evitaron hacer declaraciones oficiales, aunque remarcaron que se encuentran “a disposición de la Justicia”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había advertido a fines de abril sobre “la aparición de bandas narco que comenzaron a traficar fentanilo con apariencia de medicación legal”.

Precedentes y consecuencias

En mayo, el mismo juez Kreplak ya había solicitado información a la ANMAT, en paralelo a operativos realizados por la Policía Federal y la Gendarmería. El allanamiento de esta semana representó una escalada en la búsqueda de responsabilidades estatales, y puso en foco la debilidad del sistema de control ante la circulación de sustancias de alta peligrosidad.

Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicado en abril de 2024, los países de la región deben “reforzar urgentemente sus sistemas de monitoreo de opioides sintéticos” ante el crecimiento del tráfico ilegal y su impacto sanitario. En ese contexto, la Argentina se encuentra aún en fase reactiva, con protocolos que no siempre se actualizan a tiempo.