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Judiciales

Masacre de Monte: oposición a archivo de causa

Desde la Comisión Provincial por la Memoria expresaron su rechazo a que se archive la causa anexa que investigaba la responsabilidad de la ex intendenta Sandra Mayol en la Masacre de Monte, donde un grupo de policías persiguió y provocó cuatro muertes, en un emblemático episodio de violencia institucional ocurrido en mayo de 2019

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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó que se declare nulo el archivo de la causa que investigaba a la ex intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, en el hecho de violencia institucional en el que personal policial causó las muertes de tres adolescentes y un joven, donde un funcionario comunal estuvo imputado por encubrimiento.

Mayol, por entonces intendenta por el Frente Renovador cuando ocurrió la Masacre de Monte en la madrugada del 20 de mayo de 2019, era investigada por los delitos de “encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, hasta que, de manera sorpresiva, la Fiscalía ordenó el archivo. En consecuencia, esta medida fue apelada por los abogados de la CPM, tanto en representación como querellantes de los particulares damnificados, como en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

La Fiscalía General de La Plata rechazó la continuidad de la investigación contra la exjefa comunal y de inmediato, se interpuso un recurso de oposición ante la Justicia de Garantías para que se declare nulo lo resuelto. “No solo por falta de fundamentación sino porque niega el acceso a la justicia, provocando la impunidad de la ex intendenta Mayol, que fue designada recientemente como presidenta del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial)”, se indicó.

En la presentación, la CPM pidió que se retome la búsqueda de pruebas en torno al accionar de Sandra Mayol y de un bombero municipal, responsables de haber mentido y ocultado registros fílmicos y gráficos fundamentales para la causa principal que investiga las muertes de Camila López (de 13 años), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22).

La Masacre de Monte se registró en las primeras horas de la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos policiales persiguieron a un Fiat 147 en el que viajaban cuatro adolescentes, tres de 13 años y uno de 14, junto a un joven de 22.

El día del hecho, los cinco chicos escuchaban música cuando oficiales de la Policía bonaerense comenzaron a seguirlos sin ningún motivo, hasta que comenzaron a balearlos. A raíz de esta práctica de gatillo fácil, el auto chocó contra el acoplado de un camión que estaba estacionado sobre la colectora de la ruta 3.

Como consecuencia del impacto fallecieron Camila López, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez, mientras que sobrevivió Rocío Quagliariello (actualmente de 16 años), aunque sufrió heridas graves en un brazo y en ambas piernas y recién fue dada de alta 25 días después del hecho.

Como derivación de la causa principal que investiga a los responsables directos de la Masacre de Monte, se abrió una nueva investigación por las acciones irregulares desplegadas por la entonces intendenta Sandra Mayol y el jefe del cuerpo de bomberos de la localidad, Nelson Barrios.

En agosto de 2022, el fiscal Juan Ignacio Menucci, resolvió en archivar la causa al considerar que si la ex jefa comunal “faltó a la verdad a los familiares es una cuestión que deberá discernirse dentro de su fuero íntimo y, en su caso, repercutirá, o no, en la percepción social que tengan sobre su persona. Más no resulta punible ni constituye per se -bajo los parámetros en los que habría tenido lugar- un incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La CPM recurrió este archivo por entender que “la ex intendenta afirmó que no había un registro del hecho ilícito, cuando era consciente de que existía una videofilmación de una cámara de seguridad local que retrataba el hecho, la inexistencia y falta de registro de intervención policial en el hecho cuando ya contaba con elementos que permitían inferirla, la inexistencia de disparos por parte de los perseguidores de los jóvenes fallecidos cuando ya había visto una foto que mostraba vainas servidas”.


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Argentina

«Nosotros no buscamos ningún show sino que la Corte recupere su independencia»

Así lo dijo el diputado Leopoldo Moreau. Agregó que el oficialismo impulsaría la votación de la admisibilidad del juicio político el próximo jueves 9 de febrero.

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El-Argentino-Corte Suprema

El diputado nacional Leopoldo Moreau afirmó que con el juicio a los cuatro miembros de la Corte Suprema el oficialismo «no busca un show mediático» sino que el tribunal «recupere su independencia», a la vez que estimó que con el avance de la investigación y la presentación de nuevas pruebas se lograrán mayores respaldos a favor del enjuiciamiento.

El legislador del Frente de Todos, que integra la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, analizó en una entrevista con Télam la primera jornada de debate del proceso de enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte, impulsado entre otros por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.

La comisión comenzó a sesionar el jueves pasado, en el marco de una reunión en la que los cuestionamientos al desempeño de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti esgrimidos por los diputados del FdT convivieron con una serie de cruces con los legisladores de la oposición, sobre todo de Juntos por el Cambio.

En la entrevista, Moreau anticipó que el oficialismo impulsaría la votación de la admisibilidad del juicio político a los integrantes del tribunal el próximo jueves 9 de febrero, fecha en que podría abrirse la investigación y dar inicio formalmente al proceso.

– ¿Cómo analizó la primera sesión de la comisión de Juicio Político?
– Empezó por el buen camino. Fue una reunión que se desarrolló con total normalidad, donde se aprobó un plan de trabajo que se puso de inmediato en funcionamiento. No ocurrió nada de lo que algunos deseaban. Algunos diputados de Cambiemos ingresaron antes y no se cumplió con lo que decían que iban a hacer, de esperar a que el Frente de Todos juntara quórum. Se convalidó el procedimiento, el reglamento de la cámara y la Constitución. Y se fijaron dos fechas: el jueves 2 se va a escuchar a los denunciantes: son catorce reclamos con sesenta denuncias. Se va a citar a los autores de esos pedidos (de juicio político) para que funden las razones de la presentación y el 9 de febrero se podría votar la admisibilidad, con lo que se inicia así el sumario de investigación.

– ¿Qué opina de la postura de la oposición, que cuestionó el proceso y lo denominó como un «circo político»?
-Nosotros estamos concentrados en tratar de avanzar con tranquilidad y con seriedad, en reunir los elementos para que cuando llegue el momento de admisibilidad las razones sean contundentes y abrir el sumario contra los integrantes del máximo tribunal.

Los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia sobre los que pesa el pedido de juicio poltico Foto Archivo
Los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia sobre los que pesa el pedido de juicio político / Foto: Archivo.

– ¿Usted cree que la acusación de mal desempeño les cabe a todos los integrantes de la Corte?
– Eso se va a ir dando en el marco de la investigación. Nosotros no estamos juzgando ni investigando a la Corte como institución. Por el contrario, estamos tratando de proteger su independencia. Esa instancia surgirá de la etapa probatoria.

– ¿La comisión tiene previsto citar a Horacio Rodríguez Larreta, cuyo funcionario participaba de chats que hacían referencia a la relación de la justicia con la política?
– No tenemos definido a quiénes vamos a llamar. No buscamos un show con esto sino que la sociedad se asome, mire y entienda cómo funciona la Corte Suprema, y la gravedad institucional de ese accionar.

– ¿Cómo cree que la oposición va a justificar su rechazo a este proceso teniendo en cuenta que ellos mismos -a través de la Coalición Cívica- presentaron un pedido de enjuiciamiento al juez Ricardo Lorenzetti?
– Habrá que ver cómo lo resuelven al interior de Juntos por el Cambio. Ellos, efectivamente, formularon un pedido de juicio político a Lorenzetti, uno de los integrantes del actual tribunal. Nosotros estamos concentrados en el desarrollo de nuestra línea argumental y en tratar de demostrar con fundamentos sólidos que, efectivamente, ha habido mal desempeño. Hay que hacerlo de cara a la sociedad. De todos modos, no es un tema que tenga que resolverse solo en el Congreso. Unas de las virtudes de este juicio político es que se asoma a un poder que de alguna manera se mueve en el anonimato: contribuirá a sacar a la superficie cómo funciona y el impacto de ese accionar en la sociedad.

– ¿Cree que a medida que avance la investigación y se conozcan en profundidad las causales de mal desempeño, el oficialismo logrará mayores respaldos?
– Por lo pronto, está provocándose y saliendo a la luz respaldos de distintos sectores de la sociedad, como diferentes gremios, asociaciones de pequeñas empresas que se contraponen a las empresas del ‘Círculo Rojo’ que defendieron a ‘su’ Corte Suprema. Hay respaldos de organizaciones sociales, de derechos humanos, centros de estudiantes, etcétera. Creemos que estos respaldos van a ir creciendo a medida que el juicio político vaya avanzando y con la contundencia de las pruebas.

– ¿Hay algún plazo que se hayan fijado en el oficialismo para la investigación?
– No nos hemos puesto ningún plazo. Por el momento solo hemos establecido un plan de trabajo para las próximas semanas, que ya está en marcha.

– ¿Hay algún paralelismo con el proceso que inició en 2003 Néstor Kirchner, cuando impulsó el enjuiciamiento de la denominada ‘mayoría automática’ de la Corte Suprema que funcionaba durante el menemismo?
– Nosotros no lo comparamos con ningún episodio de juicio político. Pero hay un rasgo común y es que el cuestionamiento abarca a la totalidad de los miembros de la Corte y en un (determinado) contexto histórico.

– ¿Cuáles serán las principales causales de mal desempeño que el oficialismo pondrá sobre la mesa a la hora de avanzar en la investigación?
– Las principales causales son cuatro: el fallo vinculado a la coparticipación porteña; la declaración de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura (por la ley 26080 del año 2006, que había reducido de 20 a 13 el número de miembros del organismo, NdR); el accionar de la Corte en el caso del ‘2×1’ para delitos de lesa humanidad y las denuncias de irregularidades de la obra social judicial. Son fallos que en general afectaron al estado de Derecho, con los que se pretende pasar por encima de las facultades de los otros poderes del Estado. Es un accionar que constituye un ataque al equilibrio republicano.

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