El Gobierno nacional incrementó en un 29.900% el capital social mínimo para poder conformar una sociedad anónima, pasando a ser de $ 30.000.000, luego de mantenerse sin actualizaciones en los últimos 12 años, reservando así esta figura societaria para aquellos emprendimientos de mayor envergadura.

La medida se dispuso mediante el Decreto 209/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

A partir de este cambio, el aporte en dinero efectivo al momento de la suscripción (de 25% del capital inicial) será, como mínimo, de $ 7.500.000.

La última actualización del capital mínimo, el monto constituido por los socios fundadores de una firma exigido por la Ley General de Sociedades 19.550, fue realizada en agosto de 2012, y desde ese momento quedó fijado en $ 100.000 respecto de los $ 12.000 previos de 1991.

Desde ese entonces –recuerdan los considerandos del decreto- hubo una inflación que superó el 3.400%.

El capital inicial se trata de un requisito esencial en las sociedades anónimas al momento de su constitución, que oficia como garantía y reserva patrimonial como contrapartida del privilegio de la limitación de responsabilidad de cada uno de los socios.

Medido en dólares, el capital inicial requerido pasa a ser ligeramente superior al que se solicitaba en la última actualización de 2012: en ese entonces a un dólar oficial a $ 4,60, se requerían US$ 21.739 de capital para conformar una S.A, mientras que, con la cotización actual de $ 861,50 y el nuevo valor mínimo, se necesitarán US$ 34.822.

“En razón de la crítica situación económica y financiera que recibió el nuevo gobierno que asumió funciones el pasado 10 de diciembre de 2023, resulta razonable admitir que la alta tasa de inflación heredada pueda prolongarse por un tiempo hasta tanto puedan llevarse adelante las medidas correctivas necesarias para restablecer el equilibrio macroeconómico”, se agrega en los considerandos.

La exigencia de un capital mínimo resulta necesaria como un “elemento balanceador de la contrapartida de la limitación de responsabilidad”, que es recomendado “como una práctica adecuada en el ámbito de las regulaciones de las empresas”.

De hecho, la necesidad de actualizar el monto fue expresada a lo largo de los últimos años “en diferentes ámbitos”.

La falta de actualización provocaba, entre otras inconsistencias, que las Sociedades Anónimas permitan conformarse con menos capital que las Sociedades por Acción Simplificadas (SAS), que requieren dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Como parte de estas medidas, el pasado 15 de febrero el Ministerio de Justicia incrementó el monto del capital social bajo el cual las sociedades anónimas están sujetas a fiscalización estatal permanente a $ 2.000 millones, en lugar de los $ 50 millones previos.

Este cambio apuntó a simplificar trámites y reducir el impacto negativo en términos de mayores costos y cargos, a la vez que permita estimular el crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), según señaló el área.

Otra novedad reciente, para las sociedades constituidas en la Ciudad de Buenos Aires, es que la Inspección General de Justicia (IGJ) derogó normativa que imponía un plazo máximo de duración de sociedades de 30 años, lo cual –según indicaron- iba en contra de la Ley de Sociedades, que no especifica plazos mínimos ni máximos.

Históricamente, el objetivo de la figura societaria de las S.A. es que se dirijan a las grandes empresas, algo que quedó desconfigurado por la falta de actualización del requisito de capital inicial, lo cual incentivaba a generar figuras ficticias bajo dicha caracterización.

La modificación de hoy, por otro lado, busca impulsar, como resultado, el uso de formas societarias más adecuadas para los emprendimientos más pequeños como las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), cuyo capital se divide en cuotas en lugar de acciones y que poseen un máximo de 50 socios.

Del mismo modo, otra alternativa son las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), lanzadas en 2017, una figura con mayor flexibilidad y simplicidad para la organización del capital.

En 2019 hubo un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades que buscó implementar una actualización automática del capital mínimo de las sociedades anónimas a cuarenta veces el salario mínimo, vital y móvil, pero dicha propuesta perdió estado parlamentario