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Otro decreto de Milei: sube el capital social mínimo de las SA
A partir de este cambio, el aporte en dinero efectivo al momento de la suscripción (de 25% del capital inicial) será, como mínimo, de $ 7.500.000.
El Gobierno nacional incrementó en un 29.900% el capital social mínimo para poder conformar una sociedad anónima, pasando a ser de $ 30.000.000, luego de mantenerse sin actualizaciones en los últimos 12 años, reservando así esta figura societaria para aquellos emprendimientos de mayor envergadura.
La medida se dispuso mediante el Decreto 209/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
A partir de este cambio, el aporte en dinero efectivo al momento de la suscripción (de 25% del capital inicial) será, como mínimo, de $ 7.500.000.
La última actualización del capital mínimo, el monto constituido por los socios fundadores de una firma exigido por la Ley General de Sociedades 19.550, fue realizada en agosto de 2012, y desde ese momento quedó fijado en $ 100.000 respecto de los $ 12.000 previos de 1991.
Desde ese entonces –recuerdan los considerandos del decreto- hubo una inflación que superó el 3.400%.
El capital inicial se trata de un requisito esencial en las sociedades anónimas al momento de su constitución, que oficia como garantía y reserva patrimonial como contrapartida del privilegio de la limitación de responsabilidad de cada uno de los socios.
Medido en dólares, el capital inicial requerido pasa a ser ligeramente superior al que se solicitaba en la última actualización de 2012: en ese entonces a un dólar oficial a $ 4,60, se requerían US$ 21.739 de capital para conformar una S.A, mientras que, con la cotización actual de $ 861,50 y el nuevo valor mínimo, se necesitarán US$ 34.822.
“En razón de la crítica situación económica y financiera que recibió el nuevo gobierno que asumió funciones el pasado 10 de diciembre de 2023, resulta razonable admitir que la alta tasa de inflación heredada pueda prolongarse por un tiempo hasta tanto puedan llevarse adelante las medidas correctivas necesarias para restablecer el equilibrio macroeconómico”, se agrega en los considerandos.
La exigencia de un capital mínimo resulta necesaria como un “elemento balanceador de la contrapartida de la limitación de responsabilidad”, que es recomendado “como una práctica adecuada en el ámbito de las regulaciones de las empresas”.
De hecho, la necesidad de actualizar el monto fue expresada a lo largo de los últimos años “en diferentes ámbitos”.
La falta de actualización provocaba, entre otras inconsistencias, que las Sociedades Anónimas permitan conformarse con menos capital que las Sociedades por Acción Simplificadas (SAS), que requieren dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Como parte de estas medidas, el pasado 15 de febrero el Ministerio de Justicia incrementó el monto del capital social bajo el cual las sociedades anónimas están sujetas a fiscalización estatal permanente a $ 2.000 millones, en lugar de los $ 50 millones previos.
Este cambio apuntó a simplificar trámites y reducir el impacto negativo en términos de mayores costos y cargos, a la vez que permita estimular el crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), según señaló el área.
Otra novedad reciente, para las sociedades constituidas en la Ciudad de Buenos Aires, es que la Inspección General de Justicia (IGJ) derogó normativa que imponía un plazo máximo de duración de sociedades de 30 años, lo cual –según indicaron- iba en contra de la Ley de Sociedades, que no especifica plazos mínimos ni máximos.
Históricamente, el objetivo de la figura societaria de las S.A. es que se dirijan a las grandes empresas, algo que quedó desconfigurado por la falta de actualización del requisito de capital inicial, lo cual incentivaba a generar figuras ficticias bajo dicha caracterización.
La modificación de hoy, por otro lado, busca impulsar, como resultado, el uso de formas societarias más adecuadas para los emprendimientos más pequeños como las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), cuyo capital se divide en cuotas en lugar de acciones y que poseen un máximo de 50 socios.
Del mismo modo, otra alternativa son las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), lanzadas en 2017, una figura con mayor flexibilidad y simplicidad para la organización del capital.
En 2019 hubo un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades que buscó implementar una actualización automática del capital mínimo de las sociedades anónimas a cuarenta veces el salario mínimo, vital y móvil, pero dicha propuesta perdió estado parlamentario
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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