Investigación 🔎
Giro dramático en Pinamar: se cayó la coartada de la patota y el agresor del joven resultó ser su mejor amigo
Un adolescente de 17 años permanece internado con un hematoma cerebral tras recibir una golpiza en el estacionamiento del muelle. Lo que se denunció como un ataque de «patota» resultó ser una pelea entre amigos que intentaron ocultar.
★ La madrugada del sábado 1 de febrero en Pinamar comenzó con una denuncia de violencia grupal que terminó revelando una historia muy distinta. Thiago, un adolescente de 17 años que vacacionaba con su familia, sufrió lesiones graves tras lo que inicialmente se presentó como el ataque de una patota de seis jóvenes. Sin embargo, las cámaras de seguridad y la confesión de uno de los involucrados destaparon otra realidad: el agresor era uno de sus mejores amigos del barrio.
El joven permanece internado en el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría con un hematoma cerebral no quirúrgico, múltiples golpes en el cuerpo y estado lúcido pero delicado. Su padre, Sebastián, expresó su dolor ante la traición descubierta.
La versión que se derrumbó
El relato inicial indicaba que Thiago había sido víctima de una agresión grupal cerca de las 5:30 de la madrugada, cuando estaba junto a dos amigos en el estacionamiento del muelle mientras sus padres pescaban en la zona. Según esa primera versión, unos seis jóvenes lo atacaron tras un intercambio de insultos, golpeándolo brutalmente hasta que se acercó un móvil policial y huyeron.
Sin embargo, la fiscal Mónica Ferre, a cargo de la investigación, comenzó a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes no mostraban ninguna patota. Por el contrario, revelaron una pelea entre los propios amigos que habían llegado juntos al lugar.
La confesión que partió al medio la historia
Uno de los acompañantes de Thiago terminó confesando ante la fiscal. Según su declaración, «estaban jugando de manos, se calentó el otro y le pegó mal», provocándole la lesión grave con un codazo. El agresor, también menor de edad, quedó detenido tras admitir los hechos.
La revelación devastó a Sebastián, el padre de la víctima, quien conocía al acusado desde que nació. «Me mintieron. Me quiero morir, no tengo palabras. Estoy decepcionado de ellos», expresó el hombre en diálogo con la prensa. Sebastián relató que la relación entre los chicos era tan estrecha que él mismo solía llevarlos y traerlos de la cancha. «Son amigos del barrio, vecinos, de al lado de casa», señaló con angustia.
Tras conocer la confesión, el padre confrontó al agresor: «Hablé con él y le dije: ‘¿por qué no me lo dijiste de entrada?’, y se puso a llorar», contó.
De la playa al hospital: el recorrido de la tragedia
Después de recibir los golpes, Thiago caminó hasta el muelle para alertar a sus padres sobre lo ocurrido. Estos lo trasladaron de inmediato en su propio vehículo al Hospital Municipal de Pinamar, donde fue atendido e internado durante la tarde del sábado.
La gravedad del cuadro, especialmente el hematoma cerebral, llevó a los médicos a decidir su derivación al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, donde se encuentra actualmente bajo observación. Aunque permanece lúcido, las lesiones son múltiples y su evolución está siendo monitoreada de cerca.
La investigación judicial
El caso comenzó con la intervención del fiscal Juan Pablo Calderón, del Departamento Judicial de Pinamar, quien ordenó una serie de medidas para identificar a los responsables cuando todavía se creía en la versión de la patota. Sin embargo, el análisis de las cámaras y las declaraciones testimoniales redirigieron completamente la investigación.
Actualmente, la causa quedó bajo la órbita de la fiscal Mónica Ferre, quien continúa recabando pruebas y tomando declaraciones para establecer las responsabilidades penales. El agresor detenido, al ser menor de edad, queda bajo el régimen de responsabilidad penal juvenil.
La familia de Thiago aguarda su recuperación mientras asimila el golpe emocional de descubrir que quien casi mata a su hijo era alguien de absoluta confianza, un chico al que consideraban parte de la familia.
Puntos clave
• Un adolescente de 17 años permanece internado con hematoma cerebral tras una golpiza en Pinamar.
• La denuncia inicial hablaba de un ataque de patota, pero las cámaras de seguridad y una confesión revelaron que el agresor era su mejor amigo.
• El acusado admitió ante la fiscal que le pegó tras una pelea durante un «juego de manos» y quedó detenido.
• El padre de la víctima expresó su profunda decepción: conocía al agresor desde que nació y lo trataba como a un hijo.
• La fiscal Mónica Ferre continúa la investigación bajo el régimen de responsabilidad penal juvenil.
Investigación 🔎
Escribanos sobre el caso Adorni: “Generalmente pedimos la destitución antes que la Justicia”
La presidenta del Colegio de Escribanos de CABA, Magdalena Tato, ratificó la obligación de reportar operaciones de funcionarios ante la Unidad de Información Financiera, en un contexto marcado por las sospechas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete.
Escribanos, bajo la lupa tras el caso Adorni
★ En medio de la creciente presión judicial sobre las finanzas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la titular del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, intentó deslindar responsabilidades sobre el rol notarial en las operaciones de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Durante una entrevista en Radio Rivadavia este viernes, la dirigente aseguró que los escribanos tienen el deber legal de informar de manera sistemática cualquier transacción realizada por funcionarios públicos ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
El reporte ante la UIF como única respuesta
Tato enfatizó que el control sobre los activos de los funcionarios no es discrecional, sino un requisito técnico automatizado. “Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”, sostuvo al referirse al procedimiento mensual de reporte. Ante las dudas sobre el origen de los fondos en las operaciones inmobiliarias del funcionario libertario, la escribana desestimó la frecuencia del Reporte de Operación Sospechosa (ROS), argumentando que, usualmente, las operaciones se frustran antes de que el profesional deba tomar una decisión de denuncia si comienza a solicitar documentación probatoria sobre el origen del dinero.
“Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque no llegás a autorizar el acto generalmente; cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones”, explicó la presidenta de la institución. Sin embargo, aclaró que la obligación de reportar persiste si el escribano mantiene dudas tras la concreción de la operación.
Silencio institucional y control disciplinario
Sobre el caso específico de la escribana Adriana Nechevenko, cuya actuación es objeto de investigación judicial por las hipotecas sin interés pactadas en las propiedades de Adorni, Tato evitó realizar una defensa corporativa explícita. Confirmó que el Colegio de Escribanos sigue el expediente judicial y actúa como auxiliar de la Justicia, remitiendo la documentación requerida por los magistrados.
La dirigente hizo hincapié en el poder sancionatorio del ente que preside, mencionando que la entidad cuenta con facultades para iniciar expedientes disciplinarios que podrían derivar en la destitución del matriculado incluso antes de que la Justicia penal dicte sentencia. “Generalmente nosotros terminamos pidiendo la destitución del matriculado antes que llegue la justicia”, declaró ante los micrófonos.
La lupa sobre el origen de los fondos
A pesar de la defensa sobre el sistema de control, las palabras de la funcionaria notarial contrastan con la realidad del caso que involucra al jefe de Gabinete, cuya compra de un departamento por 230.000 dólares con préstamos de particulares sin interés mantiene en alerta a la fiscalía de Gerardo Pollicita. La exigencia de justificar ingresos, mencionada por Tato como una norma aplicable a todo cliente, se encuentra bajo revisión en los tribunales de Comodoro Py, donde se investiga si existieron omisiones o irregularidades en la declaración jurada y en los documentos notariales presentados.
Puntos clave:
- Magdalena Tato, titular del Colegio de Escribanos, afirmó que informar operaciones de PEP a la UIF es un trámite obligatorio y automático.
- La dirigente admitió que realizar un Reporte de Operación Sospechosa es inusual porque las operaciones suelen desistirse cuando se solicita el origen de fondos.
- El Colegio de Escribanos confirmó que sigue el expediente judicial por el caso Adorni y colabora con la entrega de documentación.
- La institución cuenta con facultades disciplinarias para destituir a matriculados ante faltas graves.
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