Pobreza
El ajuste de Milei cobra su factura más cruel: subió la mortalidad infantil en Argentina
Los datos oficiales revelan que durante 2024 se registraron 3.513 fallecimientos de bebés menores de 12 meses en todo el país. Corrientes, Chaco y La Rioja encabezan las provincias con mayor cantidad de muertes, en un contexto de ajuste brutal en el sistema sanitario.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ La tasa pasó de 8 a 8,5 muertes por cada mil nacidos vivos entre 2023 y 2024, lo que representa un aumento del 6,25%. Con 3.513 fallecimientos de bebés menores de un año, el indicador corta una tendencia de más de 20 años y expone el brutal impacto del desfinanciamiento sanitario y el retiro del Estado en las poblaciones más vulnerables.
Los datos oficiales revelan que durante 2024 se registraron 3.513 fallecimientos de bebés menores de 12 meses en todo el país, una cifra que marca un retroceso alarmante en una tendencia descendente que se mantenía desde el año 2000, cuando la tasa era de 16,6 muertes por cada mil nacidos vivos.
Las provincias más castigadas
El relevamiento del Ministerio de Salud muestra un mapa de la desigualdad sanitaria en Argentina. Corrientes encabeza el ranking con la tasa más elevada del país: 14 decesos por cada mil nacidos vivos, seguida por Chaco con 11,8 y La Rioja con 11,7. También superaron los 10 puntos las provincias de Formosa y Santiago del Estero, ambas con 10,7 muertes infantiles.
En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires presenta el índice más bajo del país con 4,9 óbitos por cada mil nacidos vivos, evidenciando una brecha que duplica y hasta triplica los números de las jurisdicciones más afectadas. La provincia de Buenos Aires registró la mayor cantidad de fallecimientos en números absolutos con 1.236 muertes, seguida por Santa Fe (275) y Córdoba (231).
Un retroceso histórico
La suba de la mortalidad infantil representa una ruptura con la tendencia de descenso sostenido que venía registrando el país desde comienzos de siglo. Según los datos oficiales, solo se habían registrado incrementos puntuales en los períodos 2001-2002, 2006-2007 y 2021-2022, pero ninguno con la persistencia que muestra el actual escenario.
El indicador de mortalidad infantil, que mide la relación entre el número de niños que mueren antes de cumplir los doce meses de vida por cada mil nacimientos en un año y en un área geográfica determinada, es considerado por organismos internacionales como uno de los principales termómetros del estado sanitario de un país y de las condiciones socioeconómicas de su población.
El contexto del ajuste libertario
El deterioro de este indicador se produce en un contexto de desfinanciamiento del sistema de salud pública y de ajuste presupuestario en las áreas sociales impulsado por el gobierno de Milei. Durante 2024, el Ejecutivo nacional implementó recortes sistemáticos en programas de asistencia alimentaria, salud materno-infantil y prestaciones sociales que impactan directamente en los sectores más vulnerables.
Las provincias con peores índices de mortalidad infantil, Corrientes, Chaco, La Rioja, Formosa y Santiago del Estero, coinciden además con las jurisdicciones que presentan mayores niveles de pobreza, precariedad laboral y dificultades de acceso a servicios de salud de calidad, un combo que especialistas sanitarios vienen advirtiendo como explosivo para la salud pública.
La tendencia descendente que Argentina había logrado sostener durante dos décadas se había convertido en un indicador de desarrollo social y de fortalecimiento del sistema público de salud. El actual retroceso plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las políticas sanitarias en un escenario de ajuste económico y desmantelamiento de programas sociales.
Puntos clave:
• La mortalidad infantil subió de 8 a 8,5 por cada mil nacidos vivos en 2024, primera suba sostenida desde 2002
• Se registraron 3.513 fallecimientos de bebés menores de 12 meses durante 2024 según datos oficiales del Ministerio de Salud
• Corrientes lidera con 14 muertes por cada mil nacidos vivos, seguida por Chaco (11,8) y La Rioja (11,7)
• La Ciudad de Buenos Aires presenta el índice más bajo con 4,9, mientras que la provincia de Buenos Aires registró 1.236 fallecimientos en números absolutos
• El aumento se produce en un contexto de ajuste presupuestario en salud pública y recorte de programas sociales del gobierno de Milei
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Consumo
Las fintech piden más datos al BCRA en vez de mirar al ajuste que destruyó el poder de pago
La Cámara Argentina Fintech reclamó al Banco Central que reduzca el rezago de 60 días en la Central de Deudores y amplíe el acceso a información crediticia. El sector reconoció que casi 3 de cada 10 tomadores de crédito registran atrasos de más de 90 días, mientras el crédito total a las familias supera los 82 billones de pesos y 13,5 billones ya están en situación irregular.
En medio de la peor crisis de morosidad familiar desde la salida de la convertibilidad, la Cámara Argentina Fintech salió a reclamar más datos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, de paso, a bajar su propia responsabilidad en el derrumbe crediticio que ahoga a millones de hogares. El sector, que en pocos años multiplicó por 20 su base de clientes, pidió este jueves «soluciones compartidas» frente a la mora y orientó buena parte de su diagnóstico hacia la falta de información disponible, la carga impositiva y la necesidad de mayor educación financiera, sin mencionar el impacto del ajuste sobre los ingresos de los trabajadores.
Un reclamo al BCRA en medio de la tormenta
La entidad que agrupa a billeteras virtuales y bancos digitales señaló que la Central de Deudores del BCRA refleja la situación de los créditos con un rezago de 60 días, lo que a su juicio impide evaluar correctamente el riesgo crediticio y facilita la acumulación de deuda. Para la Cámara, reducir ese plazo «permitiría evaluar mejor a cada persona, prevenir acumulación de deuda y disminuir los casos de fraude, bajando así el costo del crédito». El planteo suena razonable en abstracto, pero encubre una demanda más profunda: que el regulador entregue al sector privado más y mejores datos sobre los ciudadanos que solicitan financiamiento, en un contexto donde el organismo ya promueve el Sistema de Finanzas Abiertas, que habilitaría compartir información personal entre distintas entidades bajo el principio de que «las personas son dueñas de sus datos».
La Cámara también reclamó revisar la carga impositiva de los proveedores, argumentando que «termina elevando el costo que afrontan quienes acceden a un crédito». Una posición que se inscribe en el viejo argumento del sector financiero contra la tributación, sin problematizar que esa misma desregulación y reducción de cargas impositivas fue uno de los ejes del gobierno de Javier Milei desde su primer día.
Los números que el sector no quiere encabezar
Según datos de la consultora Analytica, casi 3 de cada 10 personas con crédito en Argentina registran un atraso de más de 90 días en el pago de sus cuotas. En términos de montos, el crédito total a las familias asciende a 82,8 billones de pesos, de los cuales 13,5 billones, el 16,3% del total, se encuentran en situación irregular. La distribución del problema revela que los bancos concentran el 81,1% del crédito total (67,2 billones de pesos) y explican el 63,3% del monto irregular (8,5 billones). Las fintech, en cambio, representan el 11,7% del crédito (9,7 billones) y el 16,3% del volumen irregular (2,2 billones). Completan el cuadro otros proveedores no bancarios, con el 7,1% del crédito y el 20,4% de la deuda irregular.
La Cámara subrayó que el sector fintech «concentra menos de 1 de cada 6 pesos en mora en el crédito a familias», una frase técnicamente correcta pero que omite que la tasa de irregularidad en billeteras virtuales llegó al 29,6% en mayo de 2026, superando el récord de la pandemia, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicados en julio pasado. El propio crecimiento del sector, que pasó de menos de medio millón de clientes antes de la pandemia a más de 10 millones en la actualidad, amplió el universo de deudores en una franja de la población que frecuentemente no accede al crédito bancario y carga con mayor vulnerabilidad económica.
El contexto que el comunicado no menciona
La Cámara Argentina Fintech describió al crédito como «una herramienta indispensable para el desarrollo» y señaló que en Argentina «el crédito al sector privado representa apenas el 13% del PBI, un nivel similar al promedio de las últimas dos décadas y muy inferior al 53% registrado en América Latina y el Caribe». Sin embargo, el comunicado evitó cualquier referencia a las causas estructurales de la crisis de pago: la caída del poder adquisitivo del salario real acumulada desde diciembre de 2023, los tarifazos que trasladaron más del 525% de aumento en servicios públicos según el IIEP (UBA-CONICET), los despidos masivos en el sector público y la retracción del consumo, todos fenómenos directamente ligados al programa de ajuste del gobierno libertario que el sector fintech no cuestionó.
Las fintech llegaron a segmentos históricamente excluidos del sistema bancario: los 10 millones de clientes actuales incluyen 3,8 millones que no tienen acceso al crédito bancario. Eso tiene valor desde el punto de vista de la inclusión financiera formal, pero también implica que el sector captó a poblaciones de mayor vulnerabilidad en un momento de contracción económica sostenida. La morosidad récord no es un problema de información crediticia, es el síntoma de una economía que exprimió a sus sectores más frágiles hasta el límite.
¿Más datos o más regulación?
El planteo de la Cámara se sostiene sobre una premisa discutible: que mejor información crediticia reduciría la mora. Pero los datos disponibles sugieren otra lectura. La irregularidad trepó de manera sostenida durante 19 meses consecutivos, según el CEPA, en paralelo con el avance de las herramientas de análisis crediticio que el propio sector fintech describe como su ventaja competitiva. El problema no es solo que los prestadores no saben a quiénes prestan: el problema es que millones de personas que recurrieron al crédito para sostener su consumo ya no pueden pagarlo porque sus ingresos reales se derrumbaron.
En ese escenario, la demanda de más datos al BCRA y menos impuestos al sector es una respuesta del mercado financiero que apunta a proteger su rentabilidad antes que a resolver la crisis de las familias endeudadas. La deuda irregular de 13,5 billones de pesos no es una estadística abstracta: son personas que dejaron de pagar porque el ajuste que el sector no cuestionó les quitó los medios para hacerlo.
Puntos clave
- Casi 3 de cada 10 personas con crédito en Argentina registran atrasos de más de 90 días, según datos de Analytica.
- El crédito total a las familias asciende a 82,8 billones de pesos; 13,5 billones, el 16,3%, están en situación irregular.
- Las fintech pasaron de menos de medio millón de clientes antes de la pandemia a más de 10 millones, de los cuales 3,8 millones no acceden al crédito bancario.
- La Cámara Argentina Fintech reclamó al BCRA reducir el rezago de la Central de Deudores de 60 días y ampliar el acceso a información crediticia personal.
- La morosidad en billeteras virtuales llegó al 29,6% en mayo de 2026, superando el récord de la pandemia, según el CEPA.
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