DDHH
Fake news desmontada: Milei intentó operar a las Madres y fracasó
Lo hizo a través de su peón en Justicia, mariano Cúneo Libarona. El humo apenas duró un par de horas y se cayó a pedazos.
Lo que tenés que saber
- El Gobierno denunció a Madres de Plaza de Mayo por un supuesto boliche clandestino en un inmueble vinculado a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.
- La denuncia se basa en el hallazgo de irregularidades y actividades ilegales en un edificio, según el Gobierno, cedido por el Estado a la universidad.
- Madres de Plaza de Mayo desmintió los hechos, aclarando que el lugar no está bajo su uso desde 2018 y que las acusaciones son falsas.
- La universidad explicó que el inmueble sigue siendo parte del Ministerio de Justicia y no se utiliza para fines académicos desde 2019.
- La Rectora de la UNMa y su Consejo Superior denunciaron ataques constantes a la institución y pidieron el cumplimiento de los fallos judiciales sobre la asignación de recursos.
Sr. Ministro @m_cuneolibarona miente miente, que algo queda…
— Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) November 21, 2024
El edificio al cual hace referencia el ministro Libarona no pertenece a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.
Este inmueble es propiedad del Estado Nacional, el cual a través de la AABE cedió el uso de sus… pic.twitter.com/eykyigkODE
El Gobierno denunció a Madres de Plaza de Mayo por un supuesto boliche clandestino
El Gobierno presentó una denuncia contra Madres de Plaza de Mayo tras un supuesto hallazgo de un boliche clandestino en un inmueble vinculado a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Según el Ministerio de Justicia, el espacio estaba siendo utilizado para actividades ilegales, pero los hechos fueron rápidamente desmentidos por las autoridades de la universidad.

La versión de Madres de Plaza de Mayo
Desde la organización, se aclaró que el inmueble mencionado no forma parte de la Universidad desde el año 2018. Según un comunicado oficial, el inmueble en cuestión no ha sido utilizado por la institución educativa desde 2019, ya que nunca fue traspasado a la universidad. El traspaso fue formalizado en noviembre de 2023, pero el lugar siempre permaneció bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
Manuel Adorni hizo solamente 5 conferencias en lo que va del mes. Hoy, anunció que se había encontrado un boliche en una de las Universidades de Madres de Plaza de Mayo, en un edificio que NO LES PERTENECE por lo que se comprobó que es FALSO.
— Mati Aromi (@MatiAromi) November 21, 2024
El vocero cobra millones del estado. pic.twitter.com/CGvbcFTTck
Ataques a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo
El rectorado de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, encabezado por su Rectora y el Consejo Superior, denunció los constantes ataques hacia la institución. Señalaron que, mientras los trabajadores siguen sin cobrar sus salarios, el Poder Ejecutivo continúa con su hostigamiento. La universidad también destacó que, en la semana en curso, la Justicia resolvió que los recursos presupuestarios correspondientes deben ser transferidos de inmediato.

La lucha sigue
Desde Madres de Plaza de Mayo, se reafirmó el compromiso con la memoria y la resistencia: «En la Casa de las Madres van a encontrar alumnos, docentes, aulas, memoria y resistencia. La lucha es todos los días, ¡Ni un paso atrás!».
Buenos Aires
A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta
El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.
Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».
El testigo que incomodaba al poder
La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.
Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.
La desaparición en democracia
El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.
Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.
Veinte años, cero respuestas
La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.
Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.
Lo que tenés que saber
- El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
- Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
- Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
- La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
- A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
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