Gremiales
Gremio aeronáutico denuncia venta ilegal de Intercargo sin tasación
El gremio APA pidió a la Justicia suspender la privatización de Intercargo por ser ilegal, sin tasación ni control, y vulnerar derechos laborales.
Lo que tenés que saber
- APA presentó un amparo para frenar la venta de Intercargo S.A.U.
- Denuncian que la empresa es rentable y no necesita subsidios estatales
- El decreto 198/2025 autoriza su venta sin tasación ni control legislativo
- La consultora que valuará la empresa fue contratada sin licitación
- El sindicato apunta a un intento de flexibilizar derechos laborales
APA judicializa la venta de Intercargo y denuncia privatización sin control
La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal para frenar la privatización de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada de servicios de rampa en aeropuertos de todo el país. El gremio exige una medida cautelar para suspender de forma inmediata el proceso de venta.
El objetivo del recurso judicial es impedir que se avance con la entrega de una firma que el sindicato califica como “rentable, estratégica y autosuficiente”, y cuya venta fue habilitada por el Decreto 198/2025, sin tasación oficial ni participación del Congreso.
“Están intentando privatizar una empresa rentable sin saber cuánto vale”
El secretario general de APA, Edgardo Llano, advirtió:
“Están intentando privatizar una empresa rentable sin saber cuánto vale, basados en argumentos falsos, y con el único objetivo de desmantelar el Estado y facilitar despidos”.
APA sostiene que el decreto oficial tergiversa la situación financiera de Intercargo al presentarla como deficitaria. Sin embargo, el Informe de Ejecución Presupuestaria de Empresas Públicas de la Oficina Nacional del Presupuesto indica que en 2024 la empresa tuvo un superávit de más de $18.000 millones, sin asistencia estatal.
En lo que va de 2025, el resultado operativo positivo ya superó los $5.700 millones solo en el primer trimestre, según APA.
No hay tasación oficial y una consultora privada definirá el precio
Uno de los puntos centrales del amparo es la violación de la Ley 23.696, que exige una tasación previa realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Este organismo reconoció que no puede valorar activos intangibles, como el know-how o las licencias de operación, lo que derivó en la contratación directa de una consultora privada para determinar el precio de venta.
Desde APA denuncian: “En otras palabras, el valor de venta lo define un privado, sin control del Congreso, sin transparencia y sin que funcione la Comisión Bicameral de Seguimiento”.
El gremio denuncia intento de eliminar derechos laborales
APA advierte que el objetivo del Gobierno es avanzar sobre derechos laborales y no lograr eficiencia operativa. El propio informe oficial, según señala el gremio, califica como “traba” la antigüedad del personal, lo que impediría la aplicación de flexibilizaciones acordes con las necesidades operativas.
Desde el sindicato expresaron: “No buscan eficiencia. Buscan destruir derechos laborales”.
Piden frenar de inmediato el proceso de venta
APA solicitó una medida cautelar de no innovar, que suspenda cualquier acto administrativo vinculado a la privatización hasta que la Justicia defina la legalidad del procedimiento. Reiteran que defenderán la existencia de trabajo calificado, con derechos, y alertan que la venta de Intercargo forma parte de una política que busca beneficiar a sectores privados cercanos al poder.
Gremiales
Paro de subtes: el gremio rechazó la intimación de la Ciudad a garantizar el 50% del servicio
La medida comenzó el jueves a las 21 en todas las líneas y el Premetro y terminó con el cierre del servicio. Los metrodelegados la ratificaron como total por la muerte de un exoperario expuesto al asbesto.
El paro de subtes y Premetro comenzó el jueves 12 de noviembre a las 21 y se extendió hasta el cierre del servicio, pese a la intimación del Gobierno porteño a garantizar la mitad de las prestaciones. Los metrodelegados ratificaron que la medida era total en las seis líneas, A, B, C, D, E y H, y en el Premetro.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro (AGTSyP) convocó al paro por la muerte de un exoperario del taller Rancagua de la Línea B que, según el sindicato, estuvo expuesto al asbesto durante tres décadas. Emova, la concesionaria, informó que el trabajador, Oscar Pauer, se jubiló en agosto de 2024. El gremio la cuenta como la séptima muerte de un trabajador vinculada con el asbesto en la red y reclama que la vigilancia médica se extienda a los jubilados.
La intimación de la Ciudad
La Secretaría de Trabajo y Empleo porteña dictó la Resolución 1353/2026, en el marco del artículo 3 del Decreto 230/26, para intimar a los trabajadores, a los gremios, a Emova y a Subterráneos de Buenos Aires a garantizar “una cobertura mínima del 50 por ciento”. También convocó a una instancia urgente para procurar el cumplimiento de los servicios mínimos y “encauzar institucionalmente el conflicto”.
“Es un derecho constitucional, esa intimación está fuera de toda lógica”, respondió Claudio Della Carbonara, dirigente de AGTSyP. Emova informó que adoptaría las medidas operativas y técnicas para cumplir lo dispuesto y notificó a los trabajadores que debían prestar servicio para asegurar la continuidad.
El decreto que fija el piso del 50%
El Decreto 230/26 lo firmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, el 22 de junio de 2026. Establece que, ante huelgas o reclamos colectivos, el Subte y el Premetro deben mantener una cobertura mínima del 50% en cada línea. Es el mismo marco que la Ciudad invocó el 20 de octubre, cuando los metrodelegados paralizaron toda la red por la detención de dos representantes gremiales durante una protesta, un arresto que el sindicato calificó de arbitrario y que Macri respaldó públicamente.
Cómo terminó
El paro concluyó con el cierre del servicio del jueves. Según se informó, el servicio se reanudaría el viernes 13 en el horario habitual, salvo que se anunciaran nuevas medidas de fuerza. Hasta el último reporte disponible no se informaron sanciones ni nuevas medidas.
La Ciudad impuso por decreto un piso de servicio durante las huelgas y el gremio sostiene que ese piso vulnera un derecho constitucional. Emova y el Gobierno porteño sostienen, por su parte, que hay un plan de desasbestizado en marcha y que las más de 5.000 mediciones de calidad del aire arrojaron resultados adecuados.
Lo que tenés que saber:
- El paro de subtes y Premetro comenzó el jueves 12 a las 21 y terminó con el cierre del servicio.
- La AGTSyP lo convocó por la muerte de un exoperario expuesto al asbesto, la séptima que el gremio vincula con ese material.
- La Ciudad intimó a garantizar el 50% del servicio con la Resolución 1353/2026, en el marco del Decreto 230/26.
- Los metrodelegados rechazaron la intimación y ratificaron que el paro era total.
- Emova notificó a los trabajadores que debían prestar servicio y sostiene que las mediciones de aire son adecuadas.
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