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El Gobierno enviará un proyecto de ley para desdolarizar los servicios públicos

«La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse y pagar servicios ha llegado a su fin», sostuvo Alberto Fernández durante la Apertura de la Asamblea Legislativa.

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«La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse y pagar servicios ha llegado a su fin», sostuvo Alberto Fernández durante la Apertura de la Asamblea Legislativa.

El presidente, Alberto Fernández, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para «desdolarizar» las tarifas de los servicios públicos y «adecuarlas a una economía que tiene sus ingresos en pesos».

«La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse y pagar servicios ha llegado a su fin», afirmó el Presidente al hablar ante la Asamblea Legislativa y dar inicio al período de sesiones ordinarias del Parlamento.

«Enviaré al Congreso un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos para desdolarizar definitivamente», dijo Fernández para agregar «que los costos fijos -los servicios públicos- que representan en las familias repercutan cada vez menos en el bolsillo familiar», siempre bajo la premisa de «preservar la sustentabilidad macroeconómica, prevista en el Presupuesto 2021».

Recordó la vigencia del «congelamiento de tarifa» dispuesto al inicio de su gestión y señaló que «es momento de regularizar el sistema tarifario» con la consigna de que las tarifas «deben corresponderse con las necesidades y las capacidades de pago de nuestra gente».

Las tarifas, propuso el Presidente, serán «diferenciales» y anticipó que la «conformación del nuevo cuadro tarifario va a marcar meses».

El jefe de Estado señaló que entre los años 2016 y 2019 «los aumentos de tarifas fueron un martirio para los argentinos» y que en esos años «las empresas obtuvieron cuantiosas ganancias».

«Si siguiéramos con el sistema de revisión vigente el gas debería haber aumentado 80% en octubre y 130% en abril, y la electricidad otro 168% en abril», indicó.

Previamente en el mismo discurso de apertura de las sesiones ordinarias, Fernández destacó que el desarrollo de políticas para el sector energético es «clave para el desarrollo del país» con miras a «recuperar el autoabastecimiento» y a «convertirnos en un exportador de energía».

«Tenemos los recursos»; consideró Fernández tras mencionar el caso de Vaca Muerta, «la segunda reserva de gas del mundo», y remarcó que la empresa YPF «lidera el desarrollo de la producción hidrocarburífera» en el país.

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Sólo 3 de cada 10 cumplen con los 30 años de aportes necesarios para jubilarse

Sin la moratoria, entre 7 y 8 personas no hubieran podido jubilarse por el Régimen General, lo que marca lo que podría pasar de aquí en adelante si el Senado convierte el proyecto en ley.

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Durante el primer trimestre del año, 115.757 personas se retiraron o recibieron pensiones a través de la ANSeS. De este número, 88.212 (o el 76,2%) recurrieron a las moratorias, mientras que sólo 27.545 (23,8%) lograron reunir al menos los 30 años de contribuciones necesarios, de acuerdo con los datos de la Seguridad Social.

La mayoría de los trabajadores que no cumplen con los 30 años de contribuciones requeridos es porque trabajaron en la economía informal, con empleadores que no los registraron. Sin la moratoria, entre 7 y 8 personas no habrían podido retirarse bajo el Régimen General, lo que indica lo que podría suceder en el futuro si el Senado convierte el proyecto en ley.

De las 481.444 nuevas jubilaciones del año pasado, aproximadamente el 86% (416.482 personas) recurrieron a la moratoria, en su mayoría mujeres (259.225). Además, la mayoría de las mujeres se retiraron entre los 60 y 62 años de edad (209.318). La alta proporción de mujeres se debe, por ejemplo, a que más del 70% (1,2 millones) del personal de Casas Particulares no está registrado y en actividades sociales hay más trabajadores informales que registrados.

Además, de los que se jubilaron por moratoria en 2023, la mayoría tuvo menos de 14 años de contribuciones efectivas después de 1994, en su mayoría como monotributistas o empleados en el sector privado.

En cuanto a cómo será la moratoria para los jubilados de Milei, a partir de ahora, las mujeres tendrán que esperar hasta los 65 años para jubilarse si no cumplen con los años de contribuciones efectivas. Se jubilarían a través de la Pensión al Adulto Mayor (PUAM) o de la Prestación de Retiro Proporcional (la nueva prestación que votó Diputados), en la que el haber dependerá de los años efectivamente aportados.

En el caso de la Prestación de Retiro Proporcional (PRP), se establece un régimen permanente para hombres y mujeres, delegando en el Poder Ejecutivo la definición de los parámetros y las condiciones del nuevo beneficio, según lo votado en Diputados. Debido a los años aportados por los que se jubilaron por moratoria (menos de 14 años), se deduce que para la gran mayoría el haber inicial sería muy bajo.

Por lo tanto, se supone que la PRP tendría como mínimo el valor de la PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo contributivo. El valor de la PUAM en mayo será de $152.113 más los $70.000 del bono que, en lugar de integrarse al haber corriente, se mantendría congelado (como ocurrió en abril) hasta que se diluya definitivamente con el tiempo.

Además, la PUAM no otorga derecho a la pensión por viudez y se otorga si se demuestra que se está en situación de vulnerabilidad social. Por otro lado, los jubilados por el Régimen General pueden trabajar de forma registrada y cobrar la jubilación, mientras que con la PUAM no se puede trabajar en relación de dependencia formal ni por cuenta propia registrada, excepto los adheridos al monotributo social, categoría que quedaría derogada según lo aprobado por Diputados.

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