Agrupaciones que representan a personas con discapacidad marcharon este martes hacia el Congreso Nacional para exigir la declaración de una ley de emergencia en el sector. La convocatoria logró visibilizar el reclamo en paralelo al plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto, donde diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Izquierda firmaron un dictamen de mayoría para avanzar en la iniciativa.

El proyecto y sus principales ejes

El proyecto de ley 7861 propone declarar la Emergencia Nacional en materia de Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 en todo el país. Según detallaron las organizaciones convocantes, la «iniciativa surge como respuesta a la grave crisis estructural que atraviesan las personas con discapacidad y quienes garantizan su atención, una situación que se ha visto profundizada por el ajuste implementado por el actual Gobierno».

Entre los puntos centrales del proyecto se destacan:

• Fortalecimiento de los prestadores de servicios para personas con discapacidad.
• Regularización de deudas tributarias y de seguridad social.
• Financiamiento para actualización arancelaria y compensaciones.
• Creación de mecanismos de diálogo permanente con organizaciones y prestadores.
• Asegurar el cumplimiento de la Ley 26.816 y otros beneficios vigentes.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtieron que «la situación arancelaria que atraviesan los prestadores es insostenible: no se registran actualizaciones desde diciembre de 2024 y el atraso acumulado supera el 60%. Este contexto compromete seriamente la continuidad de los servicios y, sobre todo, afecta directamente a las personas con discapacidad».

Disputas políticas y dictámenes de minoría

Aunque existió un acuerdo mayoritario, también se presentaron tres dictámenes de minoría por parte del PRO+MID, Democracia Para Siempre y la UCR. Desde el bloque Democracia Para Siempre informaron su apoyo general al proyecto, pero reclamaron «modificaciones como limitar el plazo de la emergencia a un año, establecer una compensación para los valores de las prestaciones correspondientes a 2024, y aplicar una actualización por IPC a partir de 2025, mientras dure la emergencia».

En el plenario no estuvo presente el diputado José Luis Espert, quien debía dictaminar desde la comisión de Presupuesto. Su ausencia fue criticada por Nicolás del Caño, quien sostuvo en redes sociales: «No se animó a dar la cara para defender la motosierra contra quienes tienen una discapacidad. A pesar de LLA y sus aliados, logramos dictamen del plenario de comisiones para avanzar con la Ley de Emergencia».

La movilización frente al Congreso

Más de 200 personas se concentraron en el anexo del Congreso. La jornada culminó con un claro mensaje: “¡Emergencia en Discapacidad YA! ¡Que sea ley!”. Las organizaciones sociales, civiles y políticas exigieron a los legisladores la pronta aprobación del proyecto para evitar más exclusión y vulneración de derechos.

El proyecto responde no solo a la crisis coyuntural, sino que también busca avanzar en el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Estado argentino en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee jerarquía constitucional desde la sanción de la Ley 27.044.

Además, desde los bloques opositores impulsaron un proyecto complementario para actualizar y armonizar el régimen legal sobre pensiones no contributivas conforme a la Convención.

El 8 de abril pasado, la Cámara de Diputados votó el emplazamiento para avanzar con el dictamen. La moción recibió 126 votos positivos de Unión por la Patria, Coalición Cívica, Democracia Para Siempre, Encuentro Federal, la diputada libertaria Lourdes Arrieta y el Frente de Izquierda.