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Legislativo

Movilidad jubilatoria: La Cámara de Diputados debatió la nueva fórmula

La iniciativa prevé un ajuste en los haberes a través de una fórmula que combina en un 50% la recaudación de la Anses y en otro 50% la variación salarial.

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La iniciativa prevé un ajuste en los haberes a través de una fórmula que combina en un 50% la recaudación de la Anses y en otro 50% la variación salarial.

La Cámara de Diputados debatía esta tarde el proyecto de movilidad jubilatoria que el oficialismo aspira a convertir en ley para formalizar la aplicación de un ajuste trimestral de los haberes previsionales con una fórmula que combina un 50% de la recaudación de la Anses y otro 50% de la variación salarial.

La sesión comenzó poco después de las 11.40, luego de que el oficialismo pidiera postergar media hora el inicio para reunir quórum de 129 diputados, que finalmente logró con el respaldo de los legisladores del Frente de Todos y de algunos bloques provinciales.

Poco antes de las 11.30, cuando se cumplía la media hora de tolerancia para el inicio de la sesión, la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau pidió 30 minutos más de tiempo para permitir la llegada de los legisladores que se encontraban en las inmediaciones del Congreso y no podían ingresar por los cortes de tránsito en la zona.

Es que los accesos al Parlamento se encuentran cortados por el operativo dispuesto por las marchas que se realizan frente al palacio legislativo ante el debate en el Senado del proyecto de legalización del aborto, que comenzará a las 16.

La sesión

La Cámara Baja rechazó un pedido del diputado de la Coalición Cívica de Catamarca, Rubén Manzi, quien planteó un apartamiento del reglamento para votar los proyectos que solicitan la presencia en el recinto del ministro de Salud, Ginés González García, para que brinde información sobre la adquisición de las vacunas contra el coronavirus,

La sesión se inició finalmente con 129 diputados, 69 presenciales y 60 de manera remota. En ese marco, antes de iniciar el debate, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, informó sobre la presencia en el Palacio Legislativo de la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y de los gerentes regionales de ese organismo, que presentaron PCR negativo para cumplir con el protocolo correspondiente para asistir a la sesión.

En primer término, la Cámara baja convirtió en ley por 227 votos y 1 abstención el permiso para que el presidente Alberto Fernández pueda ausentarse del país durante 2021 y un acuerdo con el Gobierno de Qatar suscripto en Washington, Estados Unidos, en 2018 para evitar la sobreimposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos a la renta y al patrimonio.

El debate

Al defender el proyecto del Poder Ejecutivo, que cuenta con sanción del Senado, el diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social, afirmó que «el objetivo del Gobierno es que el país crezca y que los beneficios de ese crecimiento llegue a los trabajadores y a los jubilados»

A su turno, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, ponderó el índice impulsado por el oficialismo, al sostener que «las paritarias se van a cerrar por arriba de la inflación porque la economía va a crecer». «Dennos tiempo», para que las políticas del gobierno nacional den resultados «pese a las dificultades», pidió.

Por el dictamen de minoría, desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace, cuestionó la decisión del presidente Alberto Fernández, de suspender la movilidad aplicada durante el gobierno de Cambiemos y sostuvo que «el concepto de este proyecto es el ajuste: eso es lo que han venido a hacer».

También, la diputada nacional Paula Oliveto Lago, de la Coalición Cívica, se preguntó: «Con qué cara estamos defendiendo esto» y disparó: «en mi barrio esto se llama ajuste», a la vez que afirmó que «a los jubilados hace años que los viene jorobando la clase política». «Deberíamos estar tristes, no festejando, porque estamos incumpliendo lo que les prometimos a nuestros abuelos», completó.

Asimismo, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, autor de otro de los dictámenes de minoría, consideró: «Estamos asistiendo a un ajuste: acá no hay grieta». «Todos los gobiernos les meten la mano a los adultos mayores como lo hemos visto durante décadas», dijo.

El plenario se realizaba esta tarde bajo la modalidad presencial con las excepciones de conexión remota para aquellos diputados que integran grupos de riesgo para el coronavirus, ya sea por cuestiones de edad o de salud.

La sesión se extenderá por unas 15 horas y se estima que el dictamen de mayoría se votará cerca de las 2 o 3 de la mañana del miércoles, según el acuerdo alcanzado anoche la reunión de Labor Parlamentaria.

La nueva fórmula

La nueva movilidad para el sector pasivo, por la cual las jubilaciones se ajustarán con una fórmula que combina en un 50% la recaudación de la Anses y en otro 50% la variación salarial, ya cuenta con media sanción del Senado.

Antes de llegar al recinto el proyecto obtuvo las firmas de los diputados del Frente de Todos y contó con el apoyo de los diputados del bloque Córdoba Federal, los misioneros y el titular del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, con lo cual se estima garantizada la aprobación en la sesión de este miércoles.

En tanto, Juntos por el Cambio, Consenso Federal y el Frente de Izquierda objetaron que la nueva fórmula no incluye a la inflación como variable de ajuste de las jubilaciones.

El nuevo índice está basado en la fórmula aplicada desde 2009 por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que luego Mauricio Macri dejó sin efecto, estableciendo su propio esquema jubilatorio que, según los analistas, perjudicó los haberes del sector pasivo.

De esta forma, y de aprobarse la iniciativa, se volverá a aplicar la fórmula con la que los jubilados, según el oficialismo, ganaron un 26% por encima de la inflación.

En su paso por el Senado, y por sugerencia del Frente de Todos, se le introdujeron cambios sustanciales para que, entre otros aspectos, los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año.

El proyecto original establecía que los cambios en la fórmula de movilidad se iban a producir cada seis meses. En ese sentido, esa modificación fue adoptada para «empalmar» los meses de «enero, febrero y marzo», que estaban «afuera» de la actualización, porque la fórmula del anterior Gobierno de Macri se aprobó en diciembre de 2017, pero empezó a regir en marzo de 2018.

Legislativo

Duro debate en el Senado por ley de tierras para extranjeros y desalojo de barrios populares

El Senado de la Nación volvió a debatir este miércoles el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, en una jornada que expuso las profundas contradicciones de una iniciativa que, bajo el rótulo de proteger la propiedad, habilita la venta de tierras argentinas a capitales extranjeros, acelera desalojos y amenaza con dejar a más de un millón de familias de barrios populares sin garantías habitacionales.

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Tierra a la venta: LLA busca habilitar a extranjeros a comprar suelo argentino sin límites

★ El plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, fue escenario de un fuerte cruce entre la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Mientras el oficialismo apura los tiempos y busca emitir dictamen la semana próxima, la oposición y las organizaciones sociales advirtieron que el proyecto es un retroceso histórico en materia de soberanía territorial, derecho a la vivienda y protección ambiental.

Un proyecto con cinco bombas de tiempo

Presentado formalmente en el Congreso el 27 de marzo de 2026 bajo el expediente PE-13/2026, el proyecto fue defendido en una primera ronda de debates por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien lo enmarcó en los dos pilares que define el gobierno de Javier Milei: equilibrio fiscal y libertad económica.

Sin embargo, los cinco ejes centrales de la iniciativa despertaron alarmas incluso entre algunos aliados del Gobierno. El primero establece un mecanismo «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, con desalojos exprés que, según sus críticos, reducen garantías procesales a los ocupantes. El segundo, y quizás el más polémico, elimina los límites vigentes desde 2011 para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales en Argentina, una restricción sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner precisamente para preservar la soberanía territorial.

El Argentino Diario-Benetton-Milei -Lewis.

https://elargentinodiario.com.ar/zona-fija/11/12/2025/milei-impulsa-la-entrega-de-tierras-a-extranjeros-sin-limites-los-riesgos-de-derogar-la-ley-de-soberania-territorial/

El tercer eje apunta a la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, derogando artículos impulsados en 2020 por el diputado Máximo Kirchner que impedían vender bosques nativos, humedales y áreas protegidas durante 60 años tras un incendio, y cambiaban el uso de suelos agrícolas incendiados por 30 años. El cuarto modifica la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana (conocida como ley de barrios populares), sancionada en forma unánime en 2018, que garantiza suspensión de desalojos y regularización dominial para los sectores más vulnerables. El quinto punto reforma el sistema registral inmobiliario.

Un millón de familias en riesgo

Las organizaciones TECHO, Cáritas, UTEP, CELS, La Garganta Poderosa y Hábitat para la Humanidad Argentina advirtieron en conjunto que el proyecto «representa un retroceso profundo sobre la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana y pone en riesgo el acceso progresivo a la propiedad, la vivienda y los servicios básicos de más de un millón de familias que viven en barrios populares en todo el país». Desde TECHO precisaron que la iniciativa, tal como fue redactada, «podría dejar a 2 millones de niños en situación de calle».

En la audiencia de este miércoles, el referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi, puso números concretos al drama habitacional que el proyecto ignora: «El 92% de las familias que vivimos en barrios populares no tenemos acceso formal al agua, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 98% no tiene conexión al gas». Celsi fue contundente: «No apoyamos esta iniciativa».

El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, fue más allá y denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina». Señaló además que desde la derogación de la ley de alquileres los precios acumularon un aumento superior al 400% en dos años, y que los datos del INDEC confirman que los alquileres siguen subiendo por encima de la inflación cada mes.

El constitucionalista Daniel Sabsay también cuestionó la iniciativa y señaló que «genera fuertes dudas en cuanto a la protección del medioambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa al problema habitacional en el actual contexto económico».

Soberanía, fuego y el cruce Vilar-Bullrich

El momento más tenso de la jornada llegó con el enfrentamiento entre la ministra bonaerense de Ambiente, Daniela Vilar, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Vilar señaló que se «necesita tener presa» a Cristina Fernández de Kirchner para aprobar leyes que van en contra de la soberanía del país, en referencia a la presión judicial sobre la ex presidenta que coincide con el avance de reformas regresivas en el Congreso.

https://elargentinodiario.com.ar/politica/13/01/2026/mapa-del-conicet-y-la-uba-revela-que-13-millones-de-hectareas-argentinas-estan-en-manos-extranjeras/

Bullrich respondió acusando a Vilar de utilizar la reunión de comisiones para hacer «un panfleto político» y afirmó que la ex presidenta «llegó hasta la Corte Suprema de Justicia» sin acatar su fallo. «Estamos en veredas enfrente», remató Bullrich, y aseguró que el oficialismo «defiende a los ciudadanos comunes», al mismo tiempo que atacó la gestión bonaerense señalando que la provincia de Buenos Aires tiene «más usurpaciones que en el resto del país».

Vilar, por su parte, había explicado antes del cruce que la Ley de Manejo del Fuego «no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios» y que «intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso del suelo». El combatiente de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro, Paulino Inalaf, planteó una pregunta que el oficialismo no respondió: si se aprueba el proyecto y se producen incendios para habilitar negocios inmobiliarios, «¿qué políticas tienen para asegurar la seguridad y la soberanía argentina?».

El peronismo señala prioridades distintas

El ex diputado peronista Santiago Igon resumió la posición opositora con claridad: «Esta ley no la estamos necesitando. Lo que sí necesitamos es que llegue el tercio que le corresponde a la provincia por impuestos al combustible para arreglar las rutas. Necesitamos una política a favor de que las economías regionales puedan resurgir».

El único expositor que respaldó el proyecto fue el abogado especializado en derecho administrativo Mariano Marcucci, quien consideró que la ley «avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado y va a favor de las garantías de los particulares».

Según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA, el oficialismo aspira a emitir dictamen la semana próxima, aunque la decisión dependerá de si consigue el apoyo de los bloques dialoguistas. La meta del Gobierno es llevar el proyecto al recinto en la última semana de abril o la primera de mayo.

Puntos clave

  • El Senado debatió por segunda vez el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Milei, con exposición de más de veinte especialistas y referentes sociales.
  • El proyecto elimina los límites para la compra de tierras por extranjeros vigentes desde 2011, modifica la ley de barrios populares y deroga protecciones ambientales post-incendio.
  • Organizaciones como TECHO, Cáritas, UTEP y el CELS advierten que el texto podría dejar a más de un millón de familias sin garantías habitacionales y a 2 millones de niños en situación de calle.
  • El titular de Inquilinos Agrupados denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina», en un contexto de alquileres que aumentaron más del 400% en dos años.
  • El oficialismo busca emitir dictamen la semana próxima y llevar el proyecto al recinto antes de fin de abril, condicionado al apoyo de los bloques aliados.

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