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Legislativo

Movilidad jubilatoria: La Cámara de Diputados debatió la nueva fórmula

La iniciativa prevé un ajuste en los haberes a través de una fórmula que combina en un 50% la recaudación de la Anses y en otro 50% la variación salarial.

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La iniciativa prevé un ajuste en los haberes a través de una fórmula que combina en un 50% la recaudación de la Anses y en otro 50% la variación salarial.

La Cámara de Diputados debatía esta tarde el proyecto de movilidad jubilatoria que el oficialismo aspira a convertir en ley para formalizar la aplicación de un ajuste trimestral de los haberes previsionales con una fórmula que combina un 50% de la recaudación de la Anses y otro 50% de la variación salarial.

La sesión comenzó poco después de las 11.40, luego de que el oficialismo pidiera postergar media hora el inicio para reunir quórum de 129 diputados, que finalmente logró con el respaldo de los legisladores del Frente de Todos y de algunos bloques provinciales.

Poco antes de las 11.30, cuando se cumplía la media hora de tolerancia para el inicio de la sesión, la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau pidió 30 minutos más de tiempo para permitir la llegada de los legisladores que se encontraban en las inmediaciones del Congreso y no podían ingresar por los cortes de tránsito en la zona.

Es que los accesos al Parlamento se encuentran cortados por el operativo dispuesto por las marchas que se realizan frente al palacio legislativo ante el debate en el Senado del proyecto de legalización del aborto, que comenzará a las 16.

La sesión

La Cámara Baja rechazó un pedido del diputado de la Coalición Cívica de Catamarca, Rubén Manzi, quien planteó un apartamiento del reglamento para votar los proyectos que solicitan la presencia en el recinto del ministro de Salud, Ginés González García, para que brinde información sobre la adquisición de las vacunas contra el coronavirus,

La sesión se inició finalmente con 129 diputados, 69 presenciales y 60 de manera remota. En ese marco, antes de iniciar el debate, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, informó sobre la presencia en el Palacio Legislativo de la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y de los gerentes regionales de ese organismo, que presentaron PCR negativo para cumplir con el protocolo correspondiente para asistir a la sesión.

En primer término, la Cámara baja convirtió en ley por 227 votos y 1 abstención el permiso para que el presidente Alberto Fernández pueda ausentarse del país durante 2021 y un acuerdo con el Gobierno de Qatar suscripto en Washington, Estados Unidos, en 2018 para evitar la sobreimposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos a la renta y al patrimonio.

El debate

Al defender el proyecto del Poder Ejecutivo, que cuenta con sanción del Senado, el diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social, afirmó que «el objetivo del Gobierno es que el país crezca y que los beneficios de ese crecimiento llegue a los trabajadores y a los jubilados»

A su turno, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, ponderó el índice impulsado por el oficialismo, al sostener que «las paritarias se van a cerrar por arriba de la inflación porque la economía va a crecer». «Dennos tiempo», para que las políticas del gobierno nacional den resultados «pese a las dificultades», pidió.

Por el dictamen de minoría, desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace, cuestionó la decisión del presidente Alberto Fernández, de suspender la movilidad aplicada durante el gobierno de Cambiemos y sostuvo que «el concepto de este proyecto es el ajuste: eso es lo que han venido a hacer».

También, la diputada nacional Paula Oliveto Lago, de la Coalición Cívica, se preguntó: «Con qué cara estamos defendiendo esto» y disparó: «en mi barrio esto se llama ajuste», a la vez que afirmó que «a los jubilados hace años que los viene jorobando la clase política». «Deberíamos estar tristes, no festejando, porque estamos incumpliendo lo que les prometimos a nuestros abuelos», completó.

Asimismo, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, autor de otro de los dictámenes de minoría, consideró: «Estamos asistiendo a un ajuste: acá no hay grieta». «Todos los gobiernos les meten la mano a los adultos mayores como lo hemos visto durante décadas», dijo.

El plenario se realizaba esta tarde bajo la modalidad presencial con las excepciones de conexión remota para aquellos diputados que integran grupos de riesgo para el coronavirus, ya sea por cuestiones de edad o de salud.

La sesión se extenderá por unas 15 horas y se estima que el dictamen de mayoría se votará cerca de las 2 o 3 de la mañana del miércoles, según el acuerdo alcanzado anoche la reunión de Labor Parlamentaria.

La nueva fórmula

La nueva movilidad para el sector pasivo, por la cual las jubilaciones se ajustarán con una fórmula que combina en un 50% la recaudación de la Anses y en otro 50% la variación salarial, ya cuenta con media sanción del Senado.

Antes de llegar al recinto el proyecto obtuvo las firmas de los diputados del Frente de Todos y contó con el apoyo de los diputados del bloque Córdoba Federal, los misioneros y el titular del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, con lo cual se estima garantizada la aprobación en la sesión de este miércoles.

En tanto, Juntos por el Cambio, Consenso Federal y el Frente de Izquierda objetaron que la nueva fórmula no incluye a la inflación como variable de ajuste de las jubilaciones.

El nuevo índice está basado en la fórmula aplicada desde 2009 por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que luego Mauricio Macri dejó sin efecto, estableciendo su propio esquema jubilatorio que, según los analistas, perjudicó los haberes del sector pasivo.

De esta forma, y de aprobarse la iniciativa, se volverá a aplicar la fórmula con la que los jubilados, según el oficialismo, ganaron un 26% por encima de la inflación.

En su paso por el Senado, y por sugerencia del Frente de Todos, se le introdujeron cambios sustanciales para que, entre otros aspectos, los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año.

El proyecto original establecía que los cambios en la fórmula de movilidad se iban a producir cada seis meses. En ese sentido, esa modificación fue adoptada para «empalmar» los meses de «enero, febrero y marzo», que estaban «afuera» de la actualización, porque la fórmula del anterior Gobierno de Macri se aprobó en diciembre de 2017, pero empezó a regir en marzo de 2018.

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Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste

El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.

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El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición.

Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.

El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

Qué garantiza el proyecto oficialista

El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.

En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.

La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa

El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.

«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.

Una derrota política disfrazada de iniciativa

La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.

Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.

Lo que tenés que saber

  • El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
  • El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
  • La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
  • Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
  • El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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