La muerte de Ángel Nicolás López, el niño de cuatro años que falleció en Comodoro Rivadavia, volvió a poner en el centro una pregunta incómoda: ¿Qué está fallando cuando quienes deberían proteger a las infancias no lo hacen?

La autopsia reveló que el niño presentaba al menos 22 golpes compatibles con agresiones físicas en la cabeza, correspondientes a episodios de violencia que habrían ocurrido en los días previos, según confirmó la Fiscalía.

Por el hecho, la madre del niño, Mariela Altamirano, y su pareja, Michael González, permanecen detenidos e investigados por presunto homicidio agravado. A esto se suma un dato que complejiza aún más el cuadro: el padre del niño, Luis Armando López, había sido denunciado en 2025 por su pareja, Lorena Andrade, por presuntos episodios de violencia.

En diálogo con Radio Buenos Aires, Paula Wachter, directora de la Fundación Red por la Infancia, advirtió: “El 80% de la violencia sucede en donde los niños deberían estar más protegidos, en el hogar”. Y remarcó: “El mismo año que Lucio Dupuy perdió la vida, otros 56 chicos también murieron. Desde entonces hasta hoy, al menos 80 niños murieron en la misma circunstancia que Lucio y que Ángel; lo que pasa es que sus casos no trascendieron”. Y agregó: “Esto sucede en todo el país y tiene una escala aún más grave: desde que estalló el caso de Ángel, nuestra fundación recibió al menos 36 pedidos de ayuda”.

En ese marco, la pregunta deja de ser únicamente qué pasó con Ángel para volverse más amplia: qué señales no se vieron, qué intervenciones fallaron y qué responsabilidades quedan pendientes cuando se habla de infancias vulneradas.

Para profundizar en estas dimensiones, El Argentino dialogó con la Lic. Analía Gómez Malacalza, psicóloga y perito forense, magíster en Psicología Infantojuvenil (MN 34222).

-¿Qué implica que una infancia esté atravesada por situaciones de violencia?

-La infancia, a veces, se piensa como un asunto privado, pero en realidad es una responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado. Esto es fundamental para entender cómo se configura la afectación en la infancia.

El niño o la niña va a ir respondiendo en su vida psíquica de acuerdo al cuidado que reciba de estas tres instancias. No podemos pensarlo solo de manera individual ni únicamente desde la familia de origen, porque el cuidado de la infancia es una responsabilidad colectiva.

-En la sociedad sigue instalada la idea de “no te metas”. ¿Cómo impacta eso en la protección de las infancias?

-Estamos instalados como sociedad en la cultura del “no te metas”. Eso genera un prejuicio social que lleva a pensar que lo mejor es no intervenir.

Por eso es clave trabajar en educación y prevención, para revertir esa lógica y que las nuevas generaciones entiendan que el cuidado implica intervención activa, no indiferencia.

Históricamente, el niño fue pensado como propiedad privada. Con el tiempo, ese paradigma fue cambiando y hoy se lo reconoce como sujeto de derecho, con avances como la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Sin embargo, aunque esto está claro en el plano técnico y profesional, todavía no logra instalarse plenamente en la sociedad. Frente a esto, es necesario generar acciones concretas de prevención. Los distintos gobiernos deberían convocar a especialistas de la temática para diseñar políticas efectivas que permitan intervenir antes de que estos hechos ocurran.

-¿En qué fallamos los adultos cuando estas situaciones se repiten?

-Hay muchos actores sociales involucrados. Por un lado están los pares, la comunidad: vecinos, amigos, personas del entorno. Ante cualquier sospecha de que un niño pueda ser víctima de abuso o violencia, es fundamental conocer los protocolos y saber hacia dónde dirigirse para realizar una intervención.

Por eso es clave contar con herramientas claras, canales de denuncia accesibles -incluso anónimos-e incentivar la intervención social.

Por otro lado, están las escuelas. Deben existir protocolos de actuación ante un niño que llega golpeado a la institución: qué hace el equipo directivo, a quién se recurre y cómo se interviene.

El problema es que no en todas las provincias estos protocolos están actualizados o correctamente implementados. En muchos casos son precarios o antiguos, por lo que es necesario reforzar la prevención en las comunidades educativas.

La escuela interviene, pero muchas veces carece de herramientas al momento de activar los protocolos. Luego interviene el Estado, a través de una justicia que debería contar con equipos técnicos capacitados. Hoy nos encontramos con equipos que, en algunos casos, limitan o condicionan la escucha de lo que realmente ocurre.

A esto se suma una realidad estructural: el recorte presupuestario. Eso genera, por ejemplo, que un profesional deba realizar una cantidad excesiva de pericias mensuales, lo que impide trabajar con la profundidad necesaria.

-¿Qué piensa de la acusación hacia la psicóloga del caso Ángel?

-Cuando se apunta directamente contra la psicóloga, hay que considerar todas las aristas. Ese profesional muchas veces trabaja bajo presión, con salarios bajos y exigencias que no se condicen con la responsabilidad de su rol como perito judicial. Además, los tiempos de evaluación suelen ser muy acotados. A veces sería necesario realizar más entrevistas, aplicar técnicas adecuadas y contar con mayor tiempo para analizar cada caso. Esto no beneficia ni al profesional ni al niño. Y no es un problema aislado: se repite en distintas provincias del país. Hay pocos profesionales para demasiados casos. 

No se trata de justificar responsabilidades individuales, sino de abrir el debate. Si no, todo se reduce a buscar culpables, y eso no es constructivo.

-Está la Ley Lucio, pero algo falló. ¿Qué mecanismos de protección no se implementaron o fallaron en el caso Ángel?

-Es necesaria una capacitación obligatoria y una actualización permanente sobre las formas actuales de violencia en todas las áreas del Poder Judicial.

También debería existir un organismo o comisión que supervise cómo se trabaja en estos casos, porque hoy el sistema funciona de manera fragmentada: cada área actúa por separado, sin articulación.

El problema es que quien recibe la denuncia es quien debe resolver sobre la vida de un niño. Si bien existen mecanismos de detección temprana, faltan acciones efectivas de prevención.

En el caso Ángel, esas acciones no alcanzaron para evitar el desenlace. Por eso es necesario crear una comisión de seguimiento de casos para evitar que los expedientes queden aislados o fragmentados. Esto ocurre con frecuencia.

En Argentina existe la percepción de que la justicia es lenta, pero en estos casos, además de lenta, puede ser negligente. Cuando las víctimas son menores, el tiempo es crítico: en la vida de un niño, el tiempo corre en otra escala. Por eso, la intervención debe ser urgente. Se necesitan equipos mejor formados y recursos que hoy no alcanzan.

Finalmente, es fundamental una justicia objetiva, sin sesgos ideológicos, ya que la protección de las infancias es una responsabilidad colectiva.

-Cuando hay denuncias cruzadas y no se escucha al niño, ¿qué ocurre en el sistema?

-Yo veo todo el tiempo un vicio judicial. Muchas veces los jueces, secretarios o actores del sistema ubican el conflicto exclusivamente en los adultos y lo encuadran como un “conflicto parental de denuncias cruzadas”. En ese proceso, se pierde al niño.

Esto expresa un enfoque adultocéntrico que desvía el eje del caso y deja al niño en situación de vulnerabilidad. Se termina dando más respuesta a los expedientes de los adultos que al cuidado del niño.

-¿Por qué muchas veces se prioriza el vínculo con los progenitores y los procesos de revinculación por sobre la escucha del niño?

-Hoy todavía existe una cierta omnipotencia en los ejecutores judiciales que, en algunos casos, toman decisiones desde su ideología o juicio personal, de manera equivocada y fuera de criterios éticos.

Se habla del interés superior del niño, pero en la práctica muchas veces esto no se cumple. Hay niños que han hablado y no se ha tomado en cuenta lo que dijeron, y las decisiones se resuelven desde el mundo adulto. Esto es moneda corriente.

Uno de los argumentos frecuentes es evitar “el mal mayor” de perder el vínculo o no obstruir procesos de revinculación. Sin embargo, hay límites claros: existen situaciones donde hay estructuras de personalidad psicopáticas, consumos problemáticos o incapacidades para el cuidado de un menor, y en esos casos no puede haber dudas.

Se observan fallos tibios incluso ante evidencias. En muchos casos, los niños no son escuchados porque se sostiene que el rol del decisor es inapelable: “yo tengo la razón”.

Por eso, es necesario trabajar profundamente. Los jueces en la Argentina deberían pensar las infancias. Un error puede llevar a una muerte, por lo que estos roles requieren ética, conciencia y capacitación permanente.

-¿Cómo se relaciona la violencia de género con la violencia infantil en los hogares?

-En el pasado se hablaba de violencia familiar. Luego se avanzó en la diferenciación de tipos de violencias, entre ellas la violencia de género, que es una de las más relevantes. Puede coexistir o no con situaciones de violencia hacia niños. En términos estadísticos, muchas veces aparecen vinculadas, pero no siempre se puede establecer una relación directa.

Es necesario un análisis complejo de cada grupo familiar, ya que las violencias son múltiples y no se explican de manera única.

Cuando se trabaja con víctimas infantiles o juveniles, el abordaje debe centrarse específicamente en la infancia y con perspectiva de derechos. Si bien existe la Ley Lucio, el caso Ángel obliga a reflexionar sobre qué medidas deben modificarse y qué acciones concretas deben implementarse. Sin embargo, no se observan hoy planes concretos de prevención impulsados desde los espacios legislativos, más allá de los discursos.

-¿A quiénes les importan realmente las infancias?

-Es una pregunta angustiante. Da la sensación de que las infancias aparecen muchas veces en contextos electorales o en discusiones legislativas puntuales, donde pueden ser utilizadas dentro de determinados proyectos políticos.

No veo, en general, una inversión real en prevención: ni en presupuesto, ni en tiempo, ni en planificación sostenida.

Síndrome del niño maltratado: señales tempranas

La Lic. Analía Gómez Malacalza nos comenta qué señales pueden dar cuenta de situaciones de maltrato en las infancias y adolescencias:

En general, suelen presentarse dos patrones de comportamiento: por un lado, tendencia al retraimiento o aislamiento, con posibles conductas de autolesión; por otro, cuadros de alta irritabilidad, con cambios bruscos en el comportamiento y ausencia de sonrisa espontánea.

Otro indicador importante es la alimentación. En muchos casos, la angustia se expresa a través de la pérdida de apetito y dietas deficientes. En otros, puede darse el fenómeno contrario: una ansiedad marcada que deriva en un aumento significativo de peso.En todos los casos, se trata de señales asociadas a distintos niveles de desequilibrio emocional y conductual que requieren atención.

Línea 102
Si necesitas ayuda o conoces a alguien que esté expuesto a violencia, llamá al 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos. Si vivís una emergencia llama al 911.