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Diputado del PRO comparó los crímenes de lesa humanidad con la inflación

Assef no sólo negó el genocidio, sino que calificó a sus autores de «gente enferma en serio» e insistió en la inexistencia de riesgo de fuga.

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El diputado nacional del Frente PRO y presidente de la comisión de Defensa, Alberto Asseff, presentó hoy un proyecto de resolución por el cual propone que el Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de Justicia de la Nación «extreme las medidas -dentro de sus facultades constitucionales- para asegurar la igualdad de derechos para todas las personas encartadas, sea con prisión preventiva o con condena, aplicándoseles las normas vigentes y constitucionales», en referencia a los imputados y condenados por delitos de lesa humanidad.

La iniciativa, de carácter declamativo por tratarse de un proyecto de resolución, lleva también las firmas de los diputados Pablo Torello (PRO) y Carlos Zapata (Ahora Patria), ambos del interbloque Juntos por el Cambio.

«En el escenario actual podemos ver que el Poder Ejecutivo detenta poder y busca seguir haciéndolo, y para ello necesita la simpatía de los sufragistas, aquienes no les alcanza ya la aplicación de planes y subsidios monetarios. Para peor los amenaza cotidianamente una inflación que literalmente corroe los ingresos», señaló el diputado Asseff en los fundamentos de la iniciativa.»

El enemigo revivido del gobierno de turno -los acusados de delitos de lesa humanidad- debe ser castigado, para lograr así la simpatía del sufragista, quien está demasiado ocupado intentando sobrevivir, subsistir», añadió en el texto el diputado del PRO.

Consultado por una radio bahiense sobre el posible riesgo de fuga de los autores de esos delitos, el diputado del PRO hizo hincapié en que «es imposible la reincidencia por razones de la edad» y manifestó que “no podemos conjeturar sobre la autoría intelectual de un genocidio en 2022”.

“En el año 2022 hay otros genocidios: el genocidio…vamos a decir por extensión el genocidio de la inflación, el genocidio de la pobreza, el genocidio de la droga y de las adicciones que crecen; ahí sí podemos hablar de genocidio. No hay genocidio. Acá no hay una banda política que haya tomado las armas y esté así generando terror”, continuó.

Y apuntó: «Estamos hablando de gente enferma en serio, porque yo tengo el informe que el Servicio Penitenciario Nacional me mandó a mi despacho hace 6 o 7 años cuando pedí en ese momento ese informe, el 95% de los presos por delitos de lesa humanidad tiene patologías graves”.

“No hay ningún riesgo de fuga”, remarcó; aunque reconoció que “siempre hay una excepción a la regla”, cuando se le mencionó la reciente captura del genocida prófugo Roberto Carlos Brunello.

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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