Legislativo
El Gobierno insiste con bajar la edad de imputabilidad a 13 años pese a la falta de consenso
El oficialismo volvió a impulsar el proyecto para reducir la edad punible, pero los primeros sondeos con aliados no arrojaron acuerdos. La propuesta carece de financiamiento específico y llega en medio de contradicciones: Argentina tiene la tasa de homicidios más baja de los últimos años.
★ El Gobierno nacional decidió incorporar al temario de sesiones extraordinarias la baja de la edad de imputabilidad, retomando un debate que el año pasado quedó inconcluso por falta de consenso legislativo. Según pudo confirmar este medio, el borrador que circula entre los bloques propone nuevamente reducir la edad punible a 13 años, aunque los primeros acercamientos con aliados extrapartidarios ya anticipan resistencias.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, activó este martes los primeros testeos formales con bloques dialoguistas. Sin embargo, el antecedente de 2025 funciona como advertencia: en aquella oportunidad, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Encuentro Federal acompañaron el proyecto oficialista, pero el ala dialoguista se negó a convalidar la edad de 13 años y forzó al Gobierno a conformarse con los 14. Según fuentes parlamentarias consultadas, el escenario amenaza con repetirse.
La decisión de reactivar el proyecto punitivista llega en un contexto político particular: el oficialismo busca ocupar la agenda pública mientras las negociaciones por la reforma laboral permanecen empantanadas. Tras la reunión de la mesa política del último lunes, según trascendió desde fuentes cercanas a la Casa Rosada, se concluyó que el segundo llamado a extraordinarias era el momento indicado para volver a instalar el debate.
Un proyecto sin financiamiento específico
Una de las contradicciones más notorias del proyecto tiene que ver con su estructura presupuestaria. El dictamen que se trabajó en 2024 y 2025 no contiene fuentes específicas de financiamiento, un punto que el propio oficialismo le reclamó de manera sistemática a la oposición en otros debates legislativos.
El texto establece que será el jefe de Gabinete de Ministros el encargado de «disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones». El punto ya generó cuestionamientos en diputados de la oposición. «No hubo ningún debate sobre la financiación de la ley. ¿No es que no hay plata?», planteó un diputado de Fuerza Patria consultado por este medio, que pidió reserva de identidad. Y agregó: «No les interesan más que los títulos y nosotros corremos atrás».
Durante su recorrida por Mar del Plata, el presidente Javier Milei arengó el nuevo Régimen Penal Juvenil al grito de «delito de adulto, pena de adulto». Sin embargo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aclaró públicamente que las instalaciones «no serán cárceles comunes» ni «de régimen de mayores», sino que estarán separadas de adultos y mujeres.
La contradicción de los datos de seguridad
La decisión de reinstalar el discurso punitivista resulta llamativa incluso desde la propia lógica oficial. Llega apenas días después de que el Gobierno celebrara la tasa de homicidios más baja de los últimos años, una tendencia descendente que se sostiene desde 2015 según datos oficiales, y que ubica a Argentina como el país menos violento de América Latina y el Caribe en términos de homicidios.
En ese contexto, la pregunta que circula en sectores de la oposición es por qué impulsar una medida punitivista cuando los propios indicadores oficiales muestran una tendencia a la baja en los índices de violencia.
Las voces críticas al proyecto
La exlegisladora y columnista Ofelia Fernández cuestionó duramente la iniciativa oficialista durante su columna «Las sospechas de Ofelia», transmitida en el canal de YouTube «Gelatina». Fernández calificó la propuesta como «demagogia punitiva» y afirmó que «la política ha dejado de pretender resolver problemas para enfocarse en construir estridencias electorales».
Pedro Rosemblat, quien la acompañó en el programa, coincidió en que esta propuesta «refleja una desconexión entre la dirigencia política y las problemáticas reales de los adolescentes». «Es más fácil endurecer penas que invertir en educación o en programas de contención social», señaló el conductor.
Fernández también denunció que «la demagogia por derecha desinfantiliza a los jóvenes delincuentes, construyendo una imagen de ‘monstruo’ que impide comprender la complejidad del problema». Según su análisis, esta visión no solo estigmatiza a los adolescentes, sino que también dificulta la búsqueda de soluciones efectivas.
Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 56% de los niños y adolescentes en Argentina vive en situación de pobreza, dato que para sectores críticos del proyecto resulta clave para entender las causas estructurales del problema.
La alternativa del massismo
Si bien el peronismo fue uno de los bloques que se opuso al debate previo y no acompañó el dictamen de mayoría del oficialismo, al interior de esa fuerza conviven miradas distintas. Dentro de Unión por la Patria, el massismo trabaja en una propuesta propia.
El diputado Ramiro Gutiérrez explicó a la prensa que se trata de un «proyecto histórico que caracteriza mi impronta y la de Massa». La iniciativa también reduce la edad a 14 años e incorpora «todos los derechos, principios y garantías que protegen a los niños, niñas y adolescentes». «Es una posición histórica», sintetizó el diputado.
El debate que viene
El Congreso retomará la actividad formal el próximo lunes. Menem terminará de definir el cronograma del debate, cuya coordinación estará a cargo de Laura Rodríguez Machado. La diputada libertaria ya cumplió ese rol el año pasado, cuando todavía formaba parte del PRO y fue clave en la negociación del dictamen, aunque aquel acuerdo nunca se tradujo en una sesión.
La discusión vuelve a exponer una debilidad estructural del oficialismo en el Congreso: la necesidad de construir consensos con bloques dialoguistas para aprobar iniciativas que requieren amplia mayoría, algo que hasta el momento no ha logrado consolidar en este tema específico.
Puntos clave:
• El Gobierno volvió a impulsar la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, pero los primeros sondeos con aliados no arrojaron consenso y el proyecto podría quedar en 14 años.
• El proyecto carece de financiamiento específico, contradiciendo los propios reclamos del oficialismo a la oposición en otros debates legislativos.
• La iniciativa llega días después de que el Gobierno celebrara la tasa de homicidios más baja de los últimos años en Argentina, según datos oficiales.
• La exlegisladora Ofelia Fernández criticó la propuesta como «demagogia punitiva» y cuestionó que se desinfantilice a los adolescentes en conflicto con la ley.
• El massismo trabaja en una propuesta propia que baja la edad a 14 años e incorpora garantías específicas para niños, niñas y adolescentes.
Desregulación
Sturzenegger irá al Senado a explicar porqué Milei quiere entregar tierras a extranjeros
El ministro de Desregulación expondrá este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que elimina los topes a la compra de tierras por extranjeros, incorpora un mecanismo de desalojo «sumarísimo» y desmantela los artículos centrales de la Ley de Manejo del Fuego. El combo consolida una política territorial que ya tiene antecedentes: más de 13 millones de hectáreas argentinas están hoy en manos extranjeras, según un relevamiento del CONICET y la UBA.
Sturzenegger en el Senado: tierras sin límites, desalojos exprés y el fin de la protección contra incendios especulativos
★ El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles a las 16 ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado para exponer el proyecto de ley denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, informaron fuentes del oficialismo. El plenario estará presidido por los senadores de La Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Marquez.
La iniciativa fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y todos los ministros del gabinete, y concentra cuatro ejes: el refuerzo de garantías constitucionales en el régimen expropiatorio, la reforma del sistema de desalojo, la eliminación de los límites para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales, y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
No es un proyecto aislado. Es el paso legislativo de una política que el Gobierno de Milei viene ejecutando desde el primer día, y que este medio viene documentando en detalle desde diciembre de 2025.
El mecanismo «sumarísimo»: más velocidad, menos garantías
Sobre el régimen expropiatorio, el proyecto establece un procedimiento «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, en el que la acreditación del título de propiedad es el único requisito para obtener la devolución del bien. El texto oficial asegura que se preservan «las garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas», aunque el objetivo declarado es acortar drásticamente los tiempos que actualmente permiten a los ocupantes de un inmueble defender su situación ante la justicia.
Los críticos de la iniciativa advierten que la celeridad del mecanismo puede convertirse en una herramienta de presión contra inquilinos, comunidades indígenas con posesión histórica de tierras o familias que residen en inmuebles cuya titulación está en disputa judicial.
Tierras: el mapa que el CONICET dibujó antes de que Milei avance
El eje más sensible del proyecto es la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa busca derogar los topes establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fijó que ninguna provincia puede superar el 15% de tierras bajo propiedad extranjera y que ninguna persona física o jurídica extranjera puede tener más del 30% de una misma zona.
El argumento oficial, reproducido en el texto firmado por Milei y todos sus ministros, sostiene que esos límites «implicaron una limitación irrazonable» que «condicionó y desincentivó la inversión internacional» en el sector agropecuario. El Gobierno propone reemplazarlos por controles focalizados exclusivamente en adquisiciones de Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos.
Los datos, sin embargo, cuentan otra historia. Un mapa interactivo elaborado por el Observatorio de Tierras de la UBA y el CONICET, construido a partir de pedidos de acceso a la información pública al Registro Nacional de Tierras Rurales, reveló en enero de 2026 que 13 millones de hectáreas —el equivalente a la superficie de Inglaterra, cerca del 5% del territorio nacional— ya están en manos de firmas o estados extranjeros.
Según ese relevamiento, 36 departamentos ya exceden el límite del 15% fijado por la ley que Milei quiere eliminar. Cuatro casos superan el 50% de extranjerización: Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, y Molinos y San Carlos en Salta. Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hectáreas, seguido de Italia y España; entre esos tres países concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada.
«No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa», advirtió el historiador Matías Oberlin, becario del CONICET e integrante del Observatorio, en declaraciones a medios nacionales en enero pasado.
Los puntos rojos del mapa coinciden con zonas de alto valor estratégico: acuíferos, minerales críticos, litio, corredores logísticos sobre el río Paraná y áreas de frontera. El caso Joe Lewis en el Lago Escondido, Río Negro, con sus 11.000 hectáreas en zona de seguridad fronteriza, un aeropuerto privado sin radares y el bloqueo sistemático del acceso público a un lago de dominio constitucional, fue documentado por este medio como el paradigma de lo que ocurre cuando no hay controles efectivos.
El investigador del CONICET Facundo Martín sintetizó el argumento central contra la reforma: «La decisión tiene que ver más con una cuestión discursiva, de publicidad, de hacer gestos hacia las corporaciones internacionales. La ley no estaba obstaculizando las inversiones.»
Manejo del Fuego: el negocio que se habilita cuando los bosques arden
El proyecto también elimina los artículos centrales de la Ley 27.604, modificación a la Ley de Manejo del Fuego impulsada en 2020 por el diputado Máximo Kirchner. Esa norma prohibía, en caso de incendio, vender o modificar el uso de humedales, bosques nativos y áreas protegidas por 60 años, y el de zonas agrícolas incendiadas por 30 años.
El argumento oficial, reproducido por el jefe de Gabinete Adorni en conferencia de prensa, sostiene que esas restricciones «son irrazonables y afectan el ejercicio del derecho de propiedad» y que «se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida.»
El planteo enfrenta datos concretos. Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios en Argentina son producto de la actividad humana. La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, fue contundente cuando el Gobierno anunció la medida en diciembre de 2025: la única actividad que se «desincentiva» con la ley vigente «es la de prender fuego» como mecanismo para «expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario.»
«Muchas veces, estas quemas son causadas de forma intencional por emprendimientos inmobiliarios para después hacerse de estas tierras a precios muy por debajo del valor de mercado», explicó Vilar en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas al momento del anuncio oficial.
Este medio alertó en diciembre pasado sobre el combo peligroso que representa la combinación de ambas reformas: sin restricciones post-incendio y sin límites a la compra por extranjeros, el circuito es casi perfecto. Se incendia, se compra barato, se cambia el uso del suelo, y el comprador puede ser cualquier corporación multinacional sin ningún tope legal.
El dato presupuestario completa el cuadro. Según la Oficina de Presupuesto Nacional, durante el primer trimestre de 2024 el Gobierno no ejecutó un solo peso de los fondos asignados al combate de incendios. El presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego tuvo una caída del 67% en términos reales respecto a los años anteriores.
El historial de Sturzenegger: desregulación como ideología
La presentación de este miércoles no es la primera incursión legislativa de Sturzenegger en el Congreso. La semana pasada, el ministro reingresó el proyecto denominado «Hojarasca», que propone derogar decenas de normas bajo el argumento de que son obsoletas o burocráticas, pero que mezcla leyes genuinamente anacrónicas con normativas de alto contenido político, como la que limita la extranjerización de medios de comunicación (Ley 25.750) o la que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos (Ley 26.688). El proyecto había perdido estado parlamentario en 2024 sin llegar siquiera a tener dictamen de comisión.
El patrón se repite: presentaciones sucesivas de iniciativas que erosionan el rol regulador del Estado, el control sobre recursos estratégicos y las protecciones ambientales, enmarcadas siempre en el lenguaje de la libertad y la modernización.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado inician formalmente este miércoles el debate. El peronismo ya anticipó su rechazo. El PRO acompaña. Y el mapa del CONICET, con sus 13 millones de hectáreas ya en manos extranjeras y sus 36 departamentos en rojo, sigue disponible públicamente para quien quiera mirar los datos antes de votar.
Puntos clave
- El ministro Sturzenegger expondrá este miércoles en el Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye desalojos exprés, eliminación de límites a la compra de tierras por extranjeros y reforma de la Ley de Manejo del Fuego.
- El proyecto elimina los topes de la Ley 26.737 de 2011, que establecía que no más del 15% del territorio nacional puede estar en manos extranjeras, conservando controles solo para compras de Estados soberanos.
- Un relevamiento del CONICET y la UBA publicado en enero de 2026 reveló que 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras y que 36 departamentos exceden el límite legal vigente.
- La eliminación de las restricciones post-incendio de la Ley 27.604 habilita el cambio de uso de humedales y bosques nativos incendiados, una combinación que organizaciones ambientalistas advierten que favorece la especulación inmobiliaria mediante incendios intencionales.
- El Gobierno no ejecutó fondos para el combate de incendios en el primer trimestre de 2024 y recortó el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego un 67% en términos reales.
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