★ El Gobierno nacional decidió incorporar al temario de sesiones extraordinarias la baja de la edad de imputabilidad, retomando un debate que el año pasado quedó inconcluso por falta de consenso legislativo. Según pudo confirmar este medio, el borrador que circula entre los bloques propone nuevamente reducir la edad punible a 13 años, aunque los primeros acercamientos con aliados extrapartidarios ya anticipan resistencias.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, activó este martes los primeros testeos formales con bloques dialoguistas. Sin embargo, el antecedente de 2025 funciona como advertencia: en aquella oportunidad, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Encuentro Federal acompañaron el proyecto oficialista, pero el ala dialoguista se negó a convalidar la edad de 13 años y forzó al Gobierno a conformarse con los 14. Según fuentes parlamentarias consultadas, el escenario amenaza con repetirse.

La decisión de reactivar el proyecto punitivista llega en un contexto político particular: el oficialismo busca ocupar la agenda pública mientras las negociaciones por la reforma laboral permanecen empantanadas. Tras la reunión de la mesa política del último lunes, según trascendió desde fuentes cercanas a la Casa Rosada, se concluyó que el segundo llamado a extraordinarias era el momento indicado para volver a instalar el debate.

Un proyecto sin financiamiento específico

Una de las contradicciones más notorias del proyecto tiene que ver con su estructura presupuestaria. El dictamen que se trabajó en 2024 y 2025 no contiene fuentes específicas de financiamiento, un punto que el propio oficialismo le reclamó de manera sistemática a la oposición en otros debates legislativos.

El texto establece que será el jefe de Gabinete de Ministros el encargado de «disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones». El punto ya generó cuestionamientos en diputados de la oposición. «No hubo ningún debate sobre la financiación de la ley. ¿No es que no hay plata?», planteó un diputado de Fuerza Patria consultado por este medio, que pidió reserva de identidad. Y agregó: «No les interesan más que los títulos y nosotros corremos atrás».

Durante su recorrida por Mar del Plata, el presidente Javier Milei arengó el nuevo Régimen Penal Juvenil al grito de «delito de adulto, pena de adulto». Sin embargo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aclaró públicamente que las instalaciones «no serán cárceles comunes» ni «de régimen de mayores», sino que estarán separadas de adultos y mujeres.

La contradicción de los datos de seguridad

La decisión de reinstalar el discurso punitivista resulta llamativa incluso desde la propia lógica oficial. Llega apenas días después de que el Gobierno celebrara la tasa de homicidios más baja de los últimos años, una tendencia descendente que se sostiene desde 2015 según datos oficiales, y que ubica a Argentina como el país menos violento de América Latina y el Caribe en términos de homicidios.

En ese contexto, la pregunta que circula en sectores de la oposición es por qué impulsar una medida punitivista cuando los propios indicadores oficiales muestran una tendencia a la baja en los índices de violencia.

Las voces críticas al proyecto

La exlegisladora y columnista Ofelia Fernández cuestionó duramente la iniciativa oficialista durante su columna «Las sospechas de Ofelia», transmitida en el canal de YouTube «Gelatina». Fernández calificó la propuesta como «demagogia punitiva» y afirmó que «la política ha dejado de pretender resolver problemas para enfocarse en construir estridencias electorales».

Pedro Rosemblat, quien la acompañó en el programa, coincidió en que esta propuesta «refleja una desconexión entre la dirigencia política y las problemáticas reales de los adolescentes». «Es más fácil endurecer penas que invertir en educación o en programas de contención social», señaló el conductor.

Fernández también denunció que «la demagogia por derecha desinfantiliza a los jóvenes delincuentes, construyendo una imagen de ‘monstruo’ que impide comprender la complejidad del problema». Según su análisis, esta visión no solo estigmatiza a los adolescentes, sino que también dificulta la búsqueda de soluciones efectivas.

Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 56% de los niños y adolescentes en Argentina vive en situación de pobreza, dato que para sectores críticos del proyecto resulta clave para entender las causas estructurales del problema.

La alternativa del massismo

Si bien el peronismo fue uno de los bloques que se opuso al debate previo y no acompañó el dictamen de mayoría del oficialismo, al interior de esa fuerza conviven miradas distintas. Dentro de Unión por la Patria, el massismo trabaja en una propuesta propia.

El diputado Ramiro Gutiérrez explicó a la prensa que se trata de un «proyecto histórico que caracteriza mi impronta y la de Massa». La iniciativa también reduce la edad a 14 años e incorpora «todos los derechos, principios y garantías que protegen a los niños, niñas y adolescentes». «Es una posición histórica», sintetizó el diputado.

El debate que viene

El Congreso retomará la actividad formal el próximo lunes. Menem terminará de definir el cronograma del debate, cuya coordinación estará a cargo de Laura Rodríguez Machado. La diputada libertaria ya cumplió ese rol el año pasado, cuando todavía formaba parte del PRO y fue clave en la negociación del dictamen, aunque aquel acuerdo nunca se tradujo en una sesión.

La discusión vuelve a exponer una debilidad estructural del oficialismo en el Congreso: la necesidad de construir consensos con bloques dialoguistas para aprobar iniciativas que requieren amplia mayoría, algo que hasta el momento no ha logrado consolidar en este tema específico.

Puntos clave:

• El Gobierno volvió a impulsar la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, pero los primeros sondeos con aliados no arrojaron consenso y el proyecto podría quedar en 14 años.

• El proyecto carece de financiamiento específico, contradiciendo los propios reclamos del oficialismo a la oposición en otros debates legislativos.

• La iniciativa llega días después de que el Gobierno celebrara la tasa de homicidios más baja de los últimos años en Argentina, según datos oficiales.

• La exlegisladora Ofelia Fernández criticó la propuesta como «demagogia punitiva» y cuestionó que se desinfantilice a los adolescentes en conflicto con la ley.

• El massismo trabaja en una propuesta propia que baja la edad a 14 años e incorpora garantías específicas para niños, niñas y adolescentes.