Un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Cámara de Diputados, a cargo de Carlos Heller y Alicia Aparicio, respectivamente, avanzó esta tarde en el debate de los proyectos relacionados a los deudores de créditos hipotecarios UVA sin que se lograra el suficiente consenso para emitir dictamen.

En el plenario de comisiones se pusieron en debate los 11 proyectos presentados para resolver la situación de los tomadores de créditos UVA y se acordó seguir analizando en las próximas semanas con asesores las iniciativas presentadas tanto por parte de legisladores del oficialismo como de la oposición.

El tema se había comenzado a debatir en Diputados en mayo del año pasado, en la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, pero no logró recibir dictamen.

En el marco del debate, el diputado radical Julio Cobos, autor de una de las iniciativas, afirmó que el proyecto «contempla un principio de solución para los que hoy tienen crédito pero también para el futuro. Tenemos alternativas de solución, lo que no tenemos es tiempo», a la vez que pidió trabajar «para que la semana próxima podamos sacar dictamen».

Cobos había solicitado una sesión especial para esta tarde ante la falta de tratamiento de esta situación pero decidió levantar ese pedido ante la decisión del oficialismo de poner en discusión los proyectos que apuntan a dar una solución a los deudores de este tipo de créditos.

En el marco de la reunión, el diputado de Evolución Radical, Martín Tetaz, se diferenció de Cobos, al señalar que «no tenemos que buscarle una solución a un problema que existe. El mecanismo UVA es un mecanismo que funciona muy bien pero sí creemos que lo tenemos que mejorar. La consigna es más UVAs pero mejor diseñadas» y sostuvo que propondrá una serie de medidas «no para eliminarlo sino para mejorar para que no termine como la ley de alquileres».

Desde el Frente de Izquierda. Romina Del Plá, defendió la iniciativa presentado por ese espacio y precisó que la iniciativa de ese espacio plantea «una solución integral para la conversión del crédito UVA en créditos tradicionales» y establece que «la cuota no pude elevarse mas del 25 por ciento del ingreso familiar».

En tanto, desde el interbloque Federal, el diputado de Identidad Bonaerense, Alejandro «Topo» Rodríguez, manifestó su respaldo a la propuesta de Cobos, al afirmar: «Seamos ejecutivos en el trabajo legislativo. Unifiquemos criterios que permitan una salida justa razonable y sustentable en el menor tiempo posible».

Por su parte, el diputado del FDT, Sergio Palazzo, valoró «el nivel de debate y discusión política que ha tenido este tema para resolver un problema que hay que atender» y recordó que «el origen de estos créditos fue conflictivo», a la vez que destacó la importancia de «lograr un proyecto único aunque con disidencias para que rápidamente dé respuestas».

El año pasado y al exponer en la Cámara baja sobre este tema, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, dijo que cualquier solución al problema de los tomadores de los créditos hipotecarios UVA «debe ser cuidadosa para no afectar el patrimonio de las entidades públicas».

Pesce destacó que, de los 105.000 préstamos hipotecarios UVA, unos 97.000 corresponden a viviendas familiares únicas y en su mayoría fueron otorgados por la banca pública.

«Deberíamos encontrar un mecanismo permanente para salvar estas situaciones excepcionales y críticas cuando el salario real cae abruptamente y los procesos de paritarias no pueden compensar con la velocidad que necesitan las familias para pagar una cuota de un crédito que se ajusta con la inflación», sostuvo el funcionario.

Con marcados intervalos, la comisión tuvo el tema en análisis hasta noviembre pasado cuando se realizó la última reunión.

El sistema de créditos UVA fue implementado durante la administración de Mauricio Macri y las personas que los tomaron ahora enfrentan serias dificultades para poder abonar las cuotas.

La intención es regular los sistemas de ajustes de los créditos destinados a adquisición, construcción, refacción u ampliación de la vivienda de carácter única, familiar y de ocupación permanente, que contengan cláusulas de ajuste por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) en base al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).